ANÁLISIS

Nos alejamos del Estado social

Hace solo diez años, cuando una persona estaba en situación de dependencia se encontraba ante un panorama muy complicado. La Administración atendía, casi exclusivamente, a algunos de los menos favorecidos económicamente, las listas de espera eran enormes y para muchos, eternas. Las personas de las clases medias debían intentar encontrar recursos en un mercado escaso, caro y en demasiadas ocasiones de baja calidad. A menudo, el dinero del que disponían no alcanzaba para el pago de los recursos privados existentes.

La Ley de la Dependencia vino a abrir una importantísima puerta a la esperanza para cientos de miles de personas. Creaba un sistema que reconocía derechos subjetivos, bajo los principios de universalidad (para todos) y de responsabilidad pública (ponía bajo el paraguas del Estado los recursos que voluntariamente pusiera a disposición de la Administración la iniciativa privada)

Estos dos últimos principios pueden estar corriendo un serio riesgo en la actualidad como consecuencia de dos tipos de presión que el sistema sufre hacia su privatización. La primera presión consistiría en proponer la aplicación del criterio neoliberal que considera que los riesgos de la vida de las personas deben ser sufragados por sus propios medios. Así lo expresaba José Barea, director de la oficina presupuestaria del presidente Aznar, en el año 2003: “La protección a la dependencia satisface una necesidad privada; por tanto la financiación debe ser privada”. Una alternativa que no parece muy lejana si se leen las conclusiones de un artículo firmado por el actual director general del Imserso en noviembre de 2012, en la revista Actas de la Dependencia de la Fundación Caser, en el que concluye la necesidad de reflexionar sobre el desarrollo de “instrumentos privados para la cobertura de la dependencia”.

El segundo riesgo es más concreto pero no menos peligroso. Se trata del estrechamiento del catálogo de prestaciones hasta convertir la prestación vinculada al servicio [prestación económica para que el ciudadano sufrague el servicio prestado] en prácticamente la única posibilidad. La prestación del entorno familiar se convierte en irrelevante y en la práctica, durante el último año, los servicios de responsabilidad pública puestos a disposición de los ciudadanos, no han hecho sino disminuir en su número. Esta situación puede convertir a los ciudadanos en prisioneros de una situación poco deseable: deben buscar el recurso que puedan pagar con la suma del dinero que se les ofrezca y sus ingresos (pueden no encontrarlo) y los centros podrán realizar, en la práctica, una selección de los usuarios. Desaparecerían de hecho la universalidad y la responsabilidad pública. Estaríamos ante el clásico cheque-servicio solo que bajo otra denominación y apariencia.

De confirmarse esta deriva, que se sumaría a los recortes ya sufridos, los servicios sociales resultantes se alejarían del concepto de Estado social.

Joaquín Santos Martí es trabajador social y acaba de publicar El cuarto pilar. Un nuevo relato para los servicios sociales.