Condenado a cárcel un empresario que trituró 450.000 frigoríficos
La planta Valorfrío emitió 174 millones de kilos de CO2 contra la capa de ozono
El reciclaje ilegal de electrodomésticos es una práctica extendida. Solo el 35% se recicla de manera correcta, según admite el sector. En este preocupante escenario, la justicia acota poco a poco estas prácticas ilegales que sitúan a España a la cola de Europa en el reciclaje de frigoríficos, lavadoras y televisores usados.
La Audiencia de Zaragoza ha condenado al empresario Valero López por triturar 450.000 frigoríficos de manera ilegal y emitir gases contaminantes entre 2007 y 2010. En concreto, 54.537 kilos de gas CFC, (equivalentes a 174 millones de kilos de dióxido de carbono, CO2) que contribuyen al calentamiento global. Se trata del mayor delito medioambiental, en volumen de gases a la atmósfera, penado en la historia judicial de España.
Cuando el consumidor compra un frigorífico, paga al fabricante una tasa que ronda los 18 euros para asegurar su correcto reciclaje. Sin embargo, en este caso las neveras procedentes de todo el país acababan trituradas en una gran planta a las afueras de Zaragoza que hoy día permanece abierta. En este 2015 espera recibir 180.000 unidades, reconoció el empresario al tribunal durante el juicio celebrado en septiembre. Junto al empresario ha sido condenado a un año de prisión el jefe de planta de Valorfrío, Fernando L.
Los frigoríficos llegaban a la planta, que está autorizada por el Gobierno de Aragón, pero en vez de extraerles los gases contaminantes, los operarios accionaban la trituradora sin retirar los gases que deben remitirse en transportes especiales a plantas en Francia y Alemania para su tratamiento, al ser contaminantes. "El funcionamiento de la planta era casi ocasional y los frigoríficos pasaban en su mayor parte por la fragmentación (...) En la planta de Valorfrío no se trataban los frigoríficos, al menos en la totalidad de los que llegaban a la misma", reza la sentencia.
La Audiencia de Madrid abrió la senda con una primera sentencia, ratificada por el Tribunal Supremo, que fijó penas de dos años y medio para los principales acusados. "Estamos en los inicios de una nueva actitud jurídica y ciudadana en este campo de delitos medioambientales", valoran fuentes del caso.
Ahora la Audiencia de Zaragoza sigue este camino abierto, aunque con una llamativa desproporción respecto a las condenas impuestas por el Supremo. Si el alto tribunal condenó a dos años y medio por triturar 2.235 neveras, ahora los jueces imponen dos años de cárcel por 455.000 frigoríficos. Es decir, a pesar de que la cantidad de neveras juzgada ahora supone 200 veces la cifra del Supremo, la Audiencia impone menor condena a los empresarios.
Entre los gases de efecto invernadero, junto al dióxido de carbono (CO2) Valorfrío ha emitido gases CFC (R11 con una vida media de 50 años, R12 de 102 años y R134 de 15 años). "Esto se llevó a cabo por las órdenes de Valero L. (...) ejecutando el plan acordado entre los dos encartados, conociendo ambos la normativa sobre el tratamiento de residuos peligrosos y controlando las operaciones de desvío de los aparatos a la fragmentadora", subraya el fallo. La fiscalía había solicitado siete años de prisión para ambos acusados, pero los jueces lo han disminuido de manera ostensible al no atender su petición de cuatro años de cárcel por estafa. La Audiencia también ha rechazado la multa de seis millones que le pedían como responsabilidad civil, por el dinero que Valero se había ahorrado al actuar de manera ilegal. La razón alegada en enero por el Supremo fue que el perjuicio había sido "colectivo" y "difuso" y desconocía a quién correspondía indemnizar y con qué cuantía.
El empresario condenado mantiene una sorprendente lógica económica que los jueces resaltan en su fallo. López cobraba antaño desde los SIG (fundaciones de las marcas) por cada nevera 14 euros, y ahora recibe por cada tonelada (14 frigoríficos) solamente un euro. "Lo que carece de sentido, salvo que tenga una explicación que se haya ocultado al tribunal", resalta la sentencia, cuyo ponente ha sido el magistrado Rubén Blasco.
La planta permanece abierta y recibirá 180.000 neveras en 2015
Cuando los consumidores compran un electrodoméstico abonan a las grandes marcas un impuesto (entre 5 y 30 euros) para su correcto reciclaje al acabar su vida útil, dinero que las firmas derivan a fundaciones sin ánimo de lucro denominadas Sistemas Integrados de Gestión (SIG). Sin embargo, estas fundaciones solo confirman el destino legal de 35%, según datos de Eurostat. Hace un año el Consejo de Estado cifró en más de 200 millones al año este supuesto fraude masivo y continuado a los ciudadanos, prolongado durante una década.
Ante la condena a la mayor planta de reciclaje del país por delito medioambiental, los SIG deben decidir ahora si frenan o continúan el flujo de neveras hacia Valorfrío. De momento, sus servicios jurídicos estudian el caso. Andrés Martínez, director general de la fundación Ecotic, uno de los principales SIG que envían frigoríficos a la planta aragonesa, matiza: “De momento tenemos que hacer un estudio. No lo veo, no lo sé. Este hombre ha sido sentenciado y años atrás había poco control por parte de la Administración, los rumores dicen que había más plantas como estas. Me parece muy mal”.
Martínez confirma que en el periodo investigado (2007-2011) realizaron auditorías, aunque rechazó aclarar si sus resultados reflejaban que se llevaban a cabo actuaciones ilegales. La ley prohíbe el uso de los gases CFC emitidos en esta planta desde 1995. "Ha habido una sentencia, pero no es definitiva. Este señor [Valero] está inhabilitado, pero no las industrias", matizó el directivo de Ecotic.
Los jueces achacan al Gobierno de Aragón la falta de control sobre las actividades del empresario: “Quedó patente que la Administración carecía de información y control”, reza la sentencia. La directora general de Calidad Medioambiental entonces, Marina Sevilla, reconoció ante el tribunal que su testimonio podía ser parcial dado que era amiga íntima de una de las hijas de Valero. Y su marido, al frente de una consultoría, trabaja para el empresario. El Ejecutivo autónomo concedió el 18 de abril de 2008 la autorización. Sin embargo, durante 2007 Valorfrío ya había tratado 9.160.803 kilos de grandes electrodomésticos. No consta ninguna sanción a la firma por haber reciclado sin licencia durante un año.
Sevilla alega que cuando en 2014 saltó la Operación Fragmentado de la Guardia Civil que situaba a Zaragoza como foco de reciclaje ilegal, convocó "un gabinete de crisis" para analizar las inspecciones realizadas, al menos tres de ellas durante 2010. "Fuimos incapaces de determinar las infracciones, pese a que había sido inspeccionada por nuestros inspectores. No sé por qué", admite la ex alto cargo. Un portavoz del Gobierno de Aragón ha declinado aclarar si las inspecciones se multiplicarán a partir de ahora.
Una vez que la Audiencia de Zaragoza ha fijado el delito medioambiental, el escenario jurídico abierto ahora incluye la posibilidad de que los SIG sean considerados cooperadores necesarios de dicho delito, una decisión en manos de la Fiscalía de Medio Ambiente. Ante esta posibilidad, Martínez apela a la prudencia: “Lo tenemos que hablar. Tenemos que jugar entre lo que el Ministerio y nuestros fabricantes dicen”.
Para atajar el descontrol generalizado, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prepara desde hace casi un año una nueva plataforma informática donde todos los gestores de residuos electrónicos con licencia deberán incluir sus cifras de aparatos. Esta plataforma se plasmó en el Real Decreto aprobado el pasado febrero para dar un vuelco a la situación. "Trabajamos en la plataforma. Haciendo pruebas. El objetivo es tener datos fiables de la recogida, armonizar esta toma de datos", destacan fuentes del Ministerio.
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