El juez del ‘caso Púnica’ apunta a la financiación ilegal de partidos

La empresa Cofely, filial española de la multinacional francesa GDF Suez, financió la elaboración de encuestas para los partidos políticos que gobernaban en alguno de los ayuntamientos donde la firma logró contratos multimillonarios, supuestamente amañados. Así lo apunta el magistrado Eloy Velasco, instructor del caso Púnica, en una de sus últimas resoluciones judiciales.

El juez firmó la semana pasada un auto para justificar la prórroga —durante un mes más— del secreto de una parte del sumario. En el escrito, Velasco apunta favores políticos a los partidos gobernantes en los ayuntamientos investigados: "En los hechos investigados en relación con el contrato de Cofely, a partir del análisis de las evidencias electrónicas, correos y mensajes, se están descubriendo nuevos regalos y favores a los ayuntamientos que contrataron con la mencionada multinacional que demandan también la reserva para poder contrastar las peticiones de encuestas y otros favores prestados".

El juez Velasco entiende que la investigación de esos nuevos hechos descubiertos en los últimos meses obliga a mantener "una absoluta reserva y confidencialidad de las actuaciones para asegurar la ejecución de las nuevas medidas de investigación". Cofely entró hace varios años a trabajar con numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, tras ganar concursos para la instalación de infraestructuras de eficiencia energética que prometían a los municipios un ahorro económico importante en sus facturas de luz.

La investigación judicial ha descubierto que tanto la elaboración del pliego de condiciones de los concursos como las normas de ejecución del contrato fueron previamente amañadas en algunos de los ayuntamientos implicados para favorecer a Cofely y al constructor David Marjaliza, que ejercía de intermediario.

Una vez adjudicado el concurso, la empresa Cofely se comprometía a contratar a una sociedad para que elaborase una auditoría medioambiental sobre la ejecución del contrato. La empresa contratada, según la investigación, era propiedad del constructor Marjaliza y en realidad no elaboraba ningún estudio, sino que simplemente ingresaba el dinero a cambio de un supuesto servicio que nunca prestaba. Era la fórmula que Cofely utilizaba para pagar una comisión ilegal a Marjaliza a cambio de su intermediación para ganar los concursos. Además de esa supuesta mordida, había otras dirigidas a los cargos municipales que hacían posible la adjudicación de los contratos a Cofely.

Ahora el juez Velasco sostiene que la investigación —basada en el registro de las sedes de las empresas implicadas, en la intervención de archivos electrónicos, en el análisis y cruce de datos, más la información obtenida de las declaraciones de imputados y testigos en la sede judicial y las decenas de denuncias recibidas— han permitido apuntalar las sospechas y abrir nuevas vías para destapar irregularidades.

Entre las corruptelas que el magistrado quiere investigar en secreto se encontraría el pago de encuestas políticas para el partido del gobierno municipal, que adjudicaba contratos a Cofely. De los seis exalcaldes imputados en la causa solo uno es del PSOE (en Parla) y el resto, del PP.

El constructor Marjaliza lleva nueve meses preso junto a su amigo Francisco Granados, exconsejero autonómico y exsecretario general del PP-Madrid. Ambos, según la investigación, serían los cabecillas de una trama corrupta organizada en torno a ayuntamientos madrileños para cobrar comisiones ilegales a cambio de amañar contratos a favor de diversas empresas, entre ellas Cofely.

El magistrado también investiga si las empresas de Alejandro de Pedro (Madiva y Eico) hacían trabajos particulares de reputación en la red para cargos públicos del PP y cobraba por ellos de fondos públicos de los ayuntamientos. Para que no se descubrieran estos pagos ilegales, los Gobiernos municipales contrataban con Madiva y Eico, sin concurso previo, diversos servicios de asesoramiento. En las últimas semanas, la Guardia Civil interrogó a diversos cargos de varios municipios que contrataron a dedo a las empresas de Alejandro de Pedro.

El juez Velasco señala ahora que "han surgido nuevos objetivos con una fuerte ligazón de conexidad que exigen del juzgado nuevas acciones operativas relativas a nuevos ayuntamientos, contrataciones públicas, etcétera", y acuerda prorrogar el secreto de las actuaciones hasta el próximo 27 de julio.