La juez abrirá juicio por malversación en el caso del espionaje político
La instructora procesa a cinco agentes y a un empleado de la Comunidad de Madrid
La juez Carmen Valcarce ha rechazado archivar la causa abierta contra dos policías nacionales, tres guardias civiles y un empleado de la Comunidad de Madrid por el caso del supuesto espionaje político a adversarios de Esperanza Aguirre pagado con dinero público. La juez resuelve continuar el procedimiento contra los seis imputados por un delito de malversación que será juzgado por un Tribunal del Jurado. Al menos tres guardias civiles, fichados como asesores de Seguridad por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, hoy encarcelado por el caso Púnica, siguieron entre abril y mayo de 2008 en sus actividades privadas y públicas a Alfredo Prada, consejero de Justicia, y a Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid, según las pruebas aportadas por la policía.
El resultado de esos seguimientos quedó reflejado en unos partes mecanografiados donde los supuestos espías apuntaban las personas con las que se veían los espiados. A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares.
La etapa de los seguimientos coincide con la batalla política por el poder dentro del PP tras la primera derrota electoral de Mariano Rajoy, el 14 de marzo de 2004. Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido. La presidenta sacó de su Gobierno a Alfredo Prada unos meses después.
A Prada llegaron a seguirle de madrugada cuando salía de restaurantes en los que había cenado con familiares
El jefe de los tres guardias civiles era el policía Sergio Gamón, entonces casado con la secretaria de Aguirre y fichado por la presidenta como director general de Seguridad Ciudadana.
Cinco años después de abrir la causa, la juez resuelve “continuar el procedimiento por los trámites adecuados y que en el presente [caso] es el Tribunal del Jurado dado el delito de malversación imputado”. En el auto, la juez recuerda que la Audiencia Provincial denegó en dos ocasiones el archivo del procedimiento que ella misma había decretado y ordenó continuar con las diligencias.
“Siempre a título indiciario”, señaló la Audiencia, “se han utilizado varios funcionarios, a los que se estaba pagando su nómina, para destinarlos a fines ajenos a la causa pública. Dichos funcionarios habrían destinado jornadas enteras durante muchos días al mes, al menos durante tres meses, a fines ajenos a la función encomendada estatutariamente. La supuesta dificultad en la fijación del importe de lo defraudado no puede querer decir impunidad (...). Además, el bien jurídico de estos delitos no tiene sólo un contenido económico, sino que incluye la garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la Administración pública y en la legalidad de su actuación”. La juez no ha imputado al jefe político de los supuestos espías, Francisco Granados, citado como testigo hace cuatro meses. “Ni ordené ni amparé los seguimientos”, declaró.
Tanto Prada como Cobo se alinearon con Rajoy cuando Esperanza Aguirre amagó con plantear una disputa por la presidencia del partido
Granados está encarcelado desde hace 25 días por decisión del juez Eloy Velasco, que le imputa graves delitos de corrupción durante su etapa de consejero autonómico. Granados recibió un chivatazo sobre la investigación que la Guardia Civil estaba llevando a cabo en la Operación Púnica por parte del agente José Luis Caro Vinagre, imputado en el caso del espionaje político. Otro de los imputados, el guardia civil José Oreja, explicó que cuando les ordenaron los seguimientos le pareció “una locura, por las personalidades de las que se trataba, autoridades legalmente constituidas o designadas, y porque para conseguir cualquier información relevante habría que obtenerla de forma irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.
Oreja relató a la juez que se dirigió junto a los otros dos guardias civiles al entonces consejero Granados para expresarle su repulsa a realizar los seguimientos. Reiteró las quejas, según su versión, en tres ocasiones, “sin que se tomaran medidas al respecto”. “La actitud de Granados nos demostró lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al director de Seguridad, quien a su vez ejecutaba órdenes directas del vicepresidente”. Los partes de los seguimientos “se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en la calle de Gobelas, 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se entregaban en mano al director o subdirector en sus respectivos despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño [subdirector general de Seguridad Ciudadanal, también imputado]”. La juez no ha imputado ni a Granados ni a González.
“No concuerdan con el perfil”
El auto en el que la juez Carmen Valcarce resuelve continuar con el procedimiento para que un Tribunal del Jurado decida si hubo malversación de caudales públicos en el seguimiento a políticos adversarios de Esperanza Aguirre ha sido recurrido en reforma por Ramón González Bosch, abogado de dos de los imputados, el empleado autonómico José Manuel Pinto, y el guardia civil José Oreja.
González Bosch señala que la juez en su auto admite que “efectivamente existieron los seguimientos, pero sus representados no concuerdan con el perfil para realizarlos”. “Si esto es así”, señala el recurso de reforma, “lo que coincide con nuestras teorías, es evidente que mis representados no pueden seguir siendo imputados por el delito de malversación de fondos públicos por los que venían siendo acusados”.
Los principales perjudicados por el supuesto espionaje político, Alfredo Prada y Manuel Cobo, denunciaron los hechos en un primer momento, pero decidieron retirarse de la causa por orden expresa de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, que quería evitar una guerra interna en el partido, dado que el caso afectaba al corazón del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Cobo llegó a denunciar públicamente que Aguirre había montado "una gestapillo" para espiarle, mientras que Prada consideró los hechos "de una gravedad inmensa. [Lo ocurrido] no sólo vulnera mi derecho a la privacidad, sino que vulnera los derechos de mis hijos". Uno de los seguimientos recogía la salida de Prada de un restaurante junto a miembros de su familia.
Otra persona que aparecía reflejada en los partes de seguimiento, María del Carmen Rodríguez Flores, diputada nacional del PP, decidió retirarse como acusación particular en el caso hace sólo unos meses.
Sólo queda en la causa la acusación representada por el abogado Wilfredo Jurado, que representa los intereses del grupo parlamentario socialista en la Asamblea de Madrid.
