La trama Gürtel movió más de 120 millones de Administraciones del PP

La justicia reclama a la red y a sus beneficiarios 210 millones por responsabilidad

Francisco Correa defraudó 18 millones

El beneficio de unos pocos fue en detrimento de las arcas públicas. Un rastreo por el sumario del caso Gürtel desvela que la red movió más de 120 millones de euros en las instituciones públicas, sin contar con los contratos que el propio PP firmó con el conglomerado de empresas que manejaba el cabecilla de la trama, Francisco Correa. El saqueo de dinero público puede ser mayor, puesto que la investigación aún está en marcha.

La Comunidad de Madrid y la Valenciana fueron los principales escenarios de acción de la trama Gürtel. De los más de 120 millones, cuatro corresponderían a cientos de contratos de la Comunidad de Madrid con la trama; cerca de tres a la adjudicación de una autovía en Castilla y León; 19 a contratos con la Generalitat valenciana; 2,4 a expositores para la feria Fitur a través de AENA; y los otros 93 se refieren a contratos con Ayuntamientos madrileños: cinco con el de Majadahonda, 65 con el de Boadilla del Monte, 20 con el de Arganda del Rey y tres con el de Pozuelo de Alarcón.

La trama Gürtel no fue solo una operación para ganar dinero, sino para hacerlo a costa de mermar las cuentas de Ayuntamientos, sociedades públicas o Administraciones autonómicas, siempre gobernadas por el PP. La responsabilidad pecuniaria que se les dictó a cada uno de los miembros de la trama, a sus donantes y a sus receptores suman un total de 210 millones de euros.

Según los informes incluidos en el ingente sumario, los sustanciosos beneficios se repartieron entre los miembros de la propia trama y algunos de los políticos que les facilitaron obtenerlos. Y decenas de millones de euros fueron ocultados al fisco en fraudes continuados que siguen investigando la Agencia Tributaria y la policía, y que habrán de determinar, entre otras cosas, si los 22 millones de euros que el extesorero del PP Luis Bárcenas tenía en Suiza, proceden de estos “negocios”. Correa no ha declarado ningún ingreso a Hacienda en los últimos 12 años y por eso la cantidad que se calibra que ha defraudado —solo en IRPF y entre 2002 y 2007— asciende a 18 millones.

Blanqueo de dinero, cohecho, fraude fiscal, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, falsedad en documento oficial y delito electoral o financiación ilegal, imputada al PP valenciano, son algunos de los delitos de los que se les acusa. Porque además del beneficio de los integrantes de la trama, los jueces han detectado movimientos de dinero y contabilidades B que indican que el PP se benefició indirectamente de esos contratos que las instituciones públicas firmaron con la trama, que les perdonó deudas o que acabó reclamándoselas a adjudicatarios de las instituciones públicas.

Los Ayuntamientos de Majadahonda, Boadilla, Arganda y Pozuelo, en la Comunidad de Madrid, fueron paraísos de corrupción durante años. De Majadahonda obtuvieron más de cinco millones de euros. Fueron contratos de no más de 125.000 euros. Pero la intención de Guillermo Ortega, alcalde de Majadahonda en esos años, era ir más allá y por eso les adjudicó algo más suculento: la implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano por 12 millones de euros, que finalmente fue paralizada un año después. Como jefa de gabinete, Guillermo Ortega tenía a Carmen Rodríguez, esposa de Correa.

“Captaría proyectos inversores (adjudicaciones de suelo, construcción de inmuebles, obra pública) negociando previamente su concesión por parte de las Administraciones Públicas a la empresa que él avale, para lo que presenta a los concursos a empresarios afines a los que ofrece dichos negocios previa negociación de una compensación económica”, relató el segundo de los tres instructores que ha tenido el caso, Antonio Pedreira, como una de las fórmulas utilizadas por Correa. Este funcionamiento es el que debió implantarse en Boadilla, otro Ayuntamiento de Madrid en el que se movieron más de 65 millones de euros. Una de las mayores operaciones fue con una parcela de 35 millones de euros y con el parque del deporte (29,6 millones). También en Boadilla, el Ayuntamiento adjudicó a la trama la Oficina de Atención al Cliente por 506.000 euros al año. En Arganda del Rey las operaciones urbanísticas supusieron para Correa el cobro de más de 20 millones de euros en comisiones, por dos operaciones, según la policía. En Pozuelo, la red se hizo con, al menos, tres millones de euros de los que 2,4 fueron por una concesión que en principio era de 1,8.

La Comunidad de Madrid fue otra de las instituciones que alimentaron a la trama. La investigación ha descubierto cientos de contratos con Gürtel que ascienden a más de cuatro millones. También la Administración central tocó la red. Lo hizo a través de AENA, que le encargó expositores para la Feria Fitur por valor de 2,4 millones. Otro de los grandes contratos fue el de la adjudicación de una autovía en Castilla y León por cerca de tres millones.

Después de Madrid, la Comunidad Valenciana fue el espacio en el que la trama Gürtel desplegó su entramado. Lo hizo no solo por la Administración pública valenciana sino también por el propio PP. De la Generalitat valenciana salieron cinco grandes contratos, también para Fitur, por cinco millones de euros. Además, en otros más de 70 contratos de menor cuantía las empresas de Correa se llevaron cerca de siete millones de euros. La mayoría de estos contratos eran fraccionados para poder adjudicarlos a dedo o negociados sin publicidad por motivos de urgencia para eludir el cauce de concurso público. La trama dio otro gran pelotazo en Valencia: la visita del Papa, en 2006, cuya retransmisión fue adjudicada a una empresa afín por 7,4 millones de euros. La red se repartió más de tres como beneficio.