Vientos de corrupción

Hacienda ha elaborado un informe de 94 páginas en el que ofrece indicios detallados del pago de comisiones para acelerar la autorización de parques eólicos en la comunidad de Castilla y León. El volumen detectado de presuntos sobornos o cohechos está en torno a los 110 millones e implica tanto a eléctricas conocidas como a sociedades instrumentales creadas con el fin de acceder a la subvención. Da cuenta además de participaciones societarias de cargos o excargos autonómicos en empresas formadas para recibir rápidamente las ayudas concedidas a la energía eólica y de beneficios exorbitantes conseguidos por sus accionistas con la venta posterior. En estas tramas de presunto cohecho y tráfico de influencias habrían participado eléctricas, sociedades intermediarias y miembros relacionados de la Administración autonómica, con revalorizaciones financieras que hay que investigar por si aparecieran otros delitos conexos.

De confirmarse estos indicios —tarea que corresponde a la fiscalía y, si ha lugar, a los jueces— nos encontraríamos de nuevo con la connivencia de instancias administrativas y sociedades privadas para beneficiarse del dinero público. La comunidad autónoma se ha protegido detrás del argumento de legalidad; todas las autorizaciones eólicas han sido legales. Pero el hecho de que se denuncien sobornos precisamente para acelerar los permisos convierte la explicación en pueril. No es en los sellos y timbres donde hay que investigar el posible delito, sino en el enriquecimiento ilícito de quienes aceptaron las comisiones y en el delito que cometieron quienes las pagaron.

También debe constar que además de la responsabilidad de los implicados en posibles delitos, hay una regulación mal concebida e incontrolada que ha favorecido el fraude. Desde el primer momento se advirtió que las normas de concesión de subvenciones a las renovables —eólica, termosolar, fotovoltaica— favorecían la aparición de una burbuja energética dañina. Muy pronto se multiplicaron los proyectos de construcción, con el fin de acceder a las ayudas públicas; inmediatamente después los permisos de construcción se convirtieron en una mercancía que iba subiendo de precio según cambiaban de manos los proyectos y aparecían nuevas sociedades intermediarias. La trama revelada por Hacienda es la consecuencia lógica de un pésimo procedimiento adjudicador: quien proponía y autorizaba los proyectos beneficiados con suculentas subvenciones (las Administraciones locales y autonómicas) eran distintos en principio de quien las pagaba (el Estado central).

Las energías renovables deberían impulsar en España las nuevas tecnologías y el empleo cualificado. Pero tienen un coste público elevado. Además de exigir que caiga el peso de la ley sobre quienes han utilizado la eólica como fuente de enriquecimiento ilícito, hay que recordar que el destino de los fondos públicos debe ser vigilado estrictamente para que no derive en una burbuja de corrupción.