Sin asilo en la tierra prometida

Se lo recuerdan a diario. Hussein Zakaria es, a sus 56 años, un infiltrado. Llegó a Israel hace seis años, en un largo y tormentoso periplo que le llevó de su Sudán natal a Egipto y de allí, cruzando la península del Sinaí, a este país donde reside ahora. Ha trabajado en lo que ha podido, sobre todo limpiando suelos, recibiendo sueldos miserables que ni un israelí ni un árabe aceptarían. Ha logrado establecerse lejos de un país en el que, dice, le aguarda una purga gubernamental o algo peor si regresa. Como él, hay 53.600 sin papeles africanos, de fe musulmana y cristiana, en Israel, un país erigido con oleadas de inmigrantes judíos. El Gobierno de Benjamín Netanyahu no quiere expulsarles, pues sabe que muchos huyeron de persecuciones y muertes seguras, pero tampoco está dispuesto a que se asimilen sin más en un pequeño país de sólo ocho millones de habitantes, que ya libra su propio conflicto con el pueblo árabe.

Fue el Ejecutivo de Netanyahu el que acuñó el término infiltrados para referirse a estos sin papeles que proceden sobre todo de Sudán y Eritrea. Ya en 2012 el primer ministro advirtió de que su entrada “podría amenazar la existencia de Israel como Estado judío y democrático”. Desde 2006 llegaron 64.000. Una vez tocaban suelo israelí, las autoridades les daban la bienvenida, atendiendo a enfermos o heridos, llevándoles a un centro de acogida para luego dejarles en libertad. Algunos consiguieron, antes de recibir órdenes de deportación, permisos de estancia, pero no de trabajo, por lo que su empleo es ilegal.

En su mayoría acabaron en los grandes centros urbanos del sector servicios, como Eilat o Tel Aviv, haciendo suyas barriadas enteras en las que la convivencia con los israelíes se ha convertido en insostenible. Hace un año, el Ejército israelí completó una sofisticada valla de separación con Egipto, con sensores y cámaras. El resultado: en 2013 sólo la sortearon 43 africanos, mientras 2.600 abandonaron el país voluntariamente.

El ejecutivo de Netanyahu acuñó el término ‘infiltrados’ para referirse a los sin papeles subsaharianos

“Me gustaría poder regresar a mi país, pero allí la situación es muy mala. Estoy, como se suele decir, entre dos fuegos”, dice Zakaria en un impecable español, pues entre 1980 y 1985 estudió económicas en la Universidad Complutense de Madrid y vivió también en Valencia. Hubo un golpe de Estado, el Gobierno cambió y las becas se acabaron. Tuvo que volver a Jartum, a trabajar como contable. En una visita a Darfur, la provincia donde nació, contestada por grupos rebeldes y escenario de una crisis humanitaria, la policía le arrestó y allí comenzaron sus problemas. “Me dijeron que no volviera a mi pueblo y que cada jueves me presentara en la comisaría para un control de rutina”, recuerda. El miedo le llevó a marcharse, primero en barco por el Nilo, hasta llegar a El Cairo. En Egipto no se sintió bien tratado, y huyó a Israel, pagando 300 dólares a un grupo de beduinos con los que cruzó el canal de Suez y el desierto del Sinaí.

Como él, decenas de miles de africanos en Israel hicieron el mes pasado una huelga. Durante unos días dejaron de acudir a trabajar a restaurantes y hoteles, con la esperanza de que el sector servicios se resintiera. Marcharon en Tel Aviv y Jerusalén y llegaron a las puertas mismas del parlamento, a pedir al gobierno que les reconociera como refugiados. No les dejaron entrar. Miles de ellos se quedaron a las puertas, mientras algunos políticos e intelectuales se dirigían a ellos, brindándoles su apoyo. “Os veo y me siento avergonzado”, dijo el escritor David Grossman. “Israel no ha creado este problema, pero lo cierto es que ahora hay un problema al que debemos enfrentarnos y debemos resolverlo de forma humanitaria”.

Estos africanos en el limbo israelí recuerdan con cierta envidia a aquellos 35.000 etíopes de religión judía para quienes las puertas de la nación se abrieron de par en par en los años 80 y 90. “Vinimos precisamente porque Israel es una democracia, porque no podíamos permanecer en nuestros países”, asegura Musa Abdulay, de la Asociación para la Defensa de la Dignidad de los Refugiados en Israel. “Este país es signatario del convenio de Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados, y tiene unas obligaciones internacionales que cumplir, como la de darnos asilo”.

El Ejecutivo de Netanyahu no ha definido claramente una política de cara a estos inmigrantes. En principio aprobó una ley por la que se atribuía la capacidad de encerrarles hasta tres años. En septiembre, la Corte Suprema la invalidó. En respuesta, el Parlamento ha autorizado que se les aloje hasta un año en un centro de reciente construcción en el desierto del Negev. Sus puertas están abiertas pero los inmigrantes deben pernoctar y presentarse a recuento tres veces al día. Su efecto será mínimo, pues sólo alberga a 3.300 personas. Las autoridades, además, ofrecen 3.500 dólares a quienes abandonen el país voluntariamente.

Naciones Unidas advierte contra la repatriación de eritreos por el conflicto en su país. El Gobierno de Sudán prohíbe a sus ciudadanos visitar Israel, y aquellos que regresan se enfrentan a persecución.

“El estatuto de refugiado es algo que se concede de forma individual, a una persona, tras examinar con detención su petición junto con el Alto Comisionado para Refugiados de la ONU. No es algo que se conceda de forma colectiva”, explica Yigal Palmor, portavoz del ministerio de Exteriores de Israel. “Israel ha cumplido sus obligaciones y ha aceptado proteger a 64.000 inmigrantes a los que no les ha exigido que prueben primero por qué reclaman su derecho a estar en este país. Tampoco se ha expulsado a nadie forzosamente. Simplemente se están buscando soluciones a un problema migratorio como el que tienen muchos países”. Hace un año que el gobierno considera peticiones de asilo. Ha recibido 1.800 solicitudes. De momento ha respondido positivamente solo a dos eritreos.

La afición de Zakaria es escuchar música. Tiene el lujo de vivir solo en un estudio en Tel Aviv por el que paga unos 1.700 shékels [350 euros]. Hace dos meses que no tiene empleo, tras ser despedido de un hotel. A su edad cada vez le es más difícil encontrar trabajo. Se lamenta de que en Israel no ha hecho ningún amigo. “Los árabes tampoco nos quieren. Nos preguntan por qué queremos venir a trabajar para los israelíes”, dice. Tampoco le gusta que le llamen infiltrado. “No somos infiltrados, ni ilegales. Ni venimos a buscar trabajo. Trabajamos porque de algo tenemos que vivir para no ser vagabundos. Lo que somos es refugiados, y lo único que le pedimos a Israel es que nos proteja”.