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El Tribunal de Cuentas de la UE ve deficiencias en la ayuda al paro juvenil

Uno de los principales problemas es la falta de concreción de la Comisión Europea

Interior de una oficina de Empleo en España. EFE/Archivo
Interior de una oficina de Empleo en España. EFE/Archivo

Cinco millones de europeos menores de 25 años están desempleados, según la Comisión Europea. Y las diferencias entre países son más que considerables. España tenía un 53,4% de jóvenes desempleados en 2014, según datos de la Comisión, mientras que en Alemania ese porcentaje era apenas de un 8%.

El Tribunal de Cuentas de la UE ha encontrado recientemente “obstáculos” en el Fondo de Garantía Juvenil (EUYG, por sus siglas en inglés), que puso en marcha el Ejecutivo de la UE en 2013 para invertir en aquellos países donde los jóvenes se encuentran desempleados y sin recibir formación alguna. “No existe información sobre el coste total que tendría la aplicación de este sistema en la UE y por tanto la financiación total [de 12.700 millones de euros de fondos europeos] podría no ser la adecuada”, señala Ilina Ivanova, del Tribunal de Cuentas.

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Pero además de la falta de datos para poder valorar la idoneidad de la financiación del sistema, el mismo Tribunal, con sede en Bruselas, ha identificado como potenciales problemas otros dos: la ausencia total de criterios en la definición de “empleo de calidad” que propone la Comisión y el modo en que el organismo supervisa e informa de los resultados del sistema, declaró Ivanova durante la presentación del informe a finales del mes pasado. Así lo corroboró también el pasado lunes la Comisión de presupuestos del Parlamento Europeo que concluyó que el desempleo juvenil en 2014 seguía siendo “alarmante”. La media europea de jóvenes menores de 25 años que se encuentran desempleados es del 22%.

Al Fondo de Garantía Juvenil, que se financia a través del Fondo Social Europeo, de la Iniciativa de Empleo Juvenil (YEI, por sus siglas en inglés) y de contribuciones de los Estados miembro, aún le cuesta rodar con soltura, sostienen fuentes del mismo Tribunal. Y una de las causas es precisamente la falta de información. “Nueve Estados no han facilitado información alguna a la Comisión, mientras que el resto lo han hecho con diversos grados de detalle”, establece el informe. España —junto a Estonia, Finlandia, Irlanda, Luxemburgo, Malta, Polonia, Suecia y Reino Unido— se encuentra entre aquellos países que se resiste a informar al Tribunal que, no obstante, insiste en que “no es obligatorio, sólo una recomendación”. La Comisión, viendo el lado positivo, defiende que “19 Estados sí han trasladado los datos”.

Las tres brechas del Fondo

Aunque la Comisión estimó en 2013 una inversión de 16.700 millones (incluida la confinancia-ción de los Estados) para este plan, el Tribunal pone en duda con este informe la idoneidad de dicha cifra por dos razones: la primera es que la aportación de cada país miembro “no es clara” y la segunda es un dato: “Según la Organización Internacional de Trabajo (OIT), el coste de aplicación del sistema podría ascender a 21.000 millones”. Esto último significaría que la cantidad prevista por la Comisión para el Fondo de Garantías Juvenil sería muy insuficiente.

La mayor preocupación, no obstante, que se puede deducir de la lectura de este documento de 48 páginas es la falta de precisión del Gobierno de la UE. “La falta de definición de un trabajo de calidad puede obstaculizar la efectividad de todo el Fondo de Garantía”, explica la institución autora del informe, que sugiere algunos parámetros para considerar un trabajo de buena calidad; especificidad en la duración (indefinido, seis meses, un año…), tipo del contrato (a tiempo parcial, voluntariado, jornada completa…), nivel salarial en relación con el coste de la vida del Estado en cuestión y cualificación requerida. La Comisión, por su parte, abre las puertas a un futuro debate al respecto.

El Tribunal de Cuentas, además, resalta la ausencia de un mecanismo de control sobre cómo y para qué se dedican los fondos para subsanar el paro juvenil. La comisión de Presupustos del Parlamento Europeo, reunida el pasado lunes, concluyó que “aunque la Comisión sí supervisa la implementación del Fondo, en algunas zonas a través del Comité de Empleo, la Eurocámara nunca está al corriente”.

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