Paso adelante en el 'caso Faisán'
El PP nunca abandonó del todo la presión sobre Alfredo Pérez Rubalcaba por el caso Faisán. Sin embargo, la evidencia de que podía ser el sucesor, resaltada por la decisión de José Luis Rodríguez Zapatero de nombrarlo vicepresidente, en octubre de 2010, animó a la oposición a concentrarse sobre el ahora candidato.
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz procesó ayer al que fuera director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; al jefe superior de Policía del País Vasco, Enrique Pamies, y al inspector de la Brigada de Información de Vitoria José María Ballesteros por su presunta participación en el presunto chivatazo policial a los implicados en la red de la extorsión de ETA.
Cuando la abogada Arantza Zulueta fue detenida en abril de 2010, junto a los letrados de la izquierda abertzale Iker Sarriegi y Jon Enparantza, Interior les acusaba de ser los "comisarios políticos" de ETA en las cárceles, de imponer una disciplina férrea en el colectivo de presos, de intermediar en el pago de extorsiones, de recopilar información sobre posibles víctimas.
Alfredo Pérez Rubalcaba, proclamado candidato del PSOE a las próximas elecciones generales, se instaló ayer en la sede central del partido en la madrileña calle de Ferraz. Tras abandonar sus cargos en el Gobierno como vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz, Rubalcaba ha dejado su vivienda y su despacho en el ministerio.
"Un Gobierno provisional, desacreditado, en el que nadie confía, y un presidente en funciones", dijo ayer Mariano Rajoy en la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. El líder del PP sigue sin confrontar con Alfredo Pérez Rubalcaba, sin reconocerle como adversario, aunque es inexorable que dentro de unos meses ambos se enfrenten en unas elecciones generales.
"Esto no tiene precio". Ricardo González se expresaba así hace un año al enfrentarse a un plato de carne en el hostal del barrio de Vallecas (Madrid), donde llegó tras pasar siete años en las prisiones de La Habana. González, periodista de profesión, fue arrestado en virtud de una ley mordaza durante la oleada represiva de la primavera negra de 2003.
Con su estrategia debilitada por la declaración del informático de Forever Young, Francisco Ferre, que contó al juez cómo manipuló la contabilidad de la empresa para borrar el nombre de Francisco Camps de los archivos siguiendo instrucciones de sus jefes, el letrado del presidente de la Generalitat dio a última hora del martes un giro en su línea de defensa.