España no es Grecia. Ni Irlanda, ni Portugal, ni ninguno de esos países que han necesitado ayuda internacional. Pero hay decenas de municipios con el agua al cuello y alguna comunidad al borde de la asfixia financiera, con Bruselas muy encima de las finanzas públicas de los países con más problemas y, sobre todo, con los mercados siempre al acecho.
El sistema de financiación autonómica es un complicado amasijo de fondos y subfondos, reglas de modulación, cláusulas de garantía y otros conceptos más o menos inexplicables que, en teoría, debería ajustarse -más o menos- a los cauces del federalismo fiscal que tienen otros países como Alemania, Australia o Canadá.
La negativa del Gobierno a pagar los fondos de competitividad y cooperación soliviantó ayer a todas las comunidades autónomas, pero fueron las gobernadas por el Partido Popular las que más encendidas salieron de la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Eusko Alkartasuna (EA) y Alternatiba concluyeron al menos tres acuerdos con el complejo ETA-Batasuna para concurrir a las elecciones del 22 de mayo en la coalición electoral Bildu y se repartieron los puestos electorales en función del respectivo peso de cada partido, según la demanda que la Abogacía del Estado presentó ayer en el Tribunal Supremo para anular las 254 listas de Bildu y 16 agrupaciones electorales.
El lehendakari, Patxi López, está muy alejado de las conclusiones de la Abogacía del Estado sobre Bildu. Desde luego, no ve contubernio alguno ni aprecia, como hizo ayer el PP, que Eusko Alkartasuna haya servido de "vientre de alquiler" para los intereses de Batasuna.
El PP se quedó solo ayer y fracasó en su intento de forzar un debate en el pleno del Congreso de los Diputados sobre terrorismo. Todos los partidos representados en la Junta de Portavoces rechazaron la pretensión de los populares de hacer comparecer al vicepresidente primero, Alfredo Pérez Rubalcaba, en el pleno para debatir sobre la lucha antiterrorista.
La justicia ha concedido en Menorca una tregua a los políticos imputados por la proximidad de la campaña electoral. Con el fin de "no interferir en el proceso, perjudicándolo en su pureza", el fiscal Anticorrupción ha pedido el aplazamiento hasta después del 22 de mayo de todas las citaciones previstas por el caso Xoriguer de supuesta malversación en el Ayuntamiento de Ciutadella, uno de los más de 20 sumarios de corrupción abierto en la comunidad de Baleares.
"Un error tonto" impedirá a UPyD concurrir a las elecciones autonómicas de mayo en todas las circunscripciones provinciales en lid, tal y como era su deseo. Ayer retiró la candidatura de Soria porque tres de sus miembros aparecían también en otras listas regionales de la formación (en Burgos y Segovia).