La corrupción atenaza al PP
En público todos hacen como si no existiera, pero en privado no se habla de otra cosa. En la calle Génova se ha instalado una gran preocupación con el futuro del presidente valenciano Francisco Camps. El PP, como los periodistas, busca información en el Tribunal Supremo, que debe decidir el 12 de mayo si envía a Camps al banquillo por el asunto de los trajes, como pidió el juez Flors, instructor de la causa en Valencia, o le exonera, como decidieron dos de los tres magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal valenciano.
En su esfuerzo por destacar su propia contundencia contra los implicados en el caso Gürtel, la presidenta Esperanza Aguirre llegó a decir ayer que "la corrupción es algo consustancial a todas las instituciones" y añadió: "Lo importante es qué se hace con los corruptos".
Más de dos meses después de que lo hiciera el primero, España espera la inminente llegada del segundo de los cinco ex presos de Guantánamo que se ha comprometido a acoger en su territorio. Se trata de un ciudadano yemení cuya identidad no ha sido revelada por razones de seguridad.
Si el Gobierno, a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dejado la puerta abierta a modificar la Ley de Memoria Histórica, un grupo político, IU-ICV, ha decidido traspasarla con propuestas concretas. La decisión de Joan Herrera, de ICV, junto a Gaspar Llamazares, de IU, de interpelar al Gobierno sobre "la recuperación de la Memoria Histórica", tiene como motivaciones últimas que no vuelva a ocurrir una situación como la que vive el juez Baltasar Garzón por pretender la investigación de crímenes del franquismo.
Treinta y cinco años después del fusilamiento de Luis Sánchez Bravo, condenado a muerte por el último consejo de guerra de la dictadura franquista, su viuda ha decidido presentar una demanda en Buenos Aires para pedir responsabilidades. Silvia Carretero tenía 21 años y estaba embarazada cuando fue detenida y torturada por la Guardia Civil en la localidad española de Badajoz por su militancia en la FUDE (Federación Universitaria Democrática Española), la sección universitaria de la organización armada FRAP (Frente Revolucionario Antifascista y Patriota).
España y Gibraltar negocian los flecos de un acuerdo de intercambio de información fiscal para poner fin a una opacidad que ha durado décadas. "El texto está pactado y por lo que a Gibraltar concierne, se puede firmar mañana. No queremos que se nos perciba como una amenaza para el Tesoro Público español", afirma Peter Caruana, ministro principal del Peñón.