Al menos 13 personas murieron ayer en un atentado suicida contra una sede policial en Peshawar, al noroeste de Pakistán. Con éste son ya seis los ataques terroristas que en apenas 12 días han dejado 175 muertos en todo el país. La envergadura y preparación de esas acciones apunta hacia una alianza entre talibanes, grupos yihadistas y Al Qaeda contra el Estado paquistaní.
La Comisión Electoral de Quejas (CEQ) de Afganistán, el organismo de control avalado por Naciones Unidas, vivía ayer un frenesí de reuniones y negociaciones en vísperas de anunciar el resultado oficial de las elecciones presidenciales.Una segunda vuelta "es algo muy posible", apuntó el embajador afgano en EE UU y hombre de confianza del presidente Hamid Karzai.
En la guerra de Gaza del invierno pasado no hubo color.Israel arrasó, causó 1.400 muertos, gran parte civiles, y destrozó la infraestructura económica de la franja.Pero en el campo político y de la opinión pública, el panorama es diferente.
Silvio Berlusconi hará su reforma constitucional de la Justicia sin la oposición, y luego la someterá a un referéndum para que el pueblo decida.La nueva escalada contra los demás poderes de Estado tomó cuerpo la noche del jueves en Sofía (Bulgaria): "Hay que coger el toro por los cuernos", dijo Berlusconi.
ANDREU MISSÉ | Bruselas
Con su negativa a firmar el Tratado de Lisboa, el presidente checo ha paralizado toda la maquinaria europea
Tres meses después de la visita a Guinea Ecuatorial del ministro de Exteriores español, Miguel Ángel Moratinos, quien alabó los esfuerzos democratizadores del régimen, Teodoro Obiang Nguema ha convocado elecciones presidenciales para el 29 de noviembre sin exponer el censo electoral ni permitir reclamaciones.
El primer ministro de Zimbabue, Morgan Tsvangirai, anunció ayer que su partido, el Movimiento para el Cambio Democrático (MDC), suspende toda colaboración con la Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF), del presidente Robert Mugabe, pero que no abandona el Gobierno.
MAURICIO VICENT | La Habana
El Gobierno pretende acabar con la distribución subsidiada de alimentos - Los bajos salarios y la precariedad dificultan la aplicación de la medida