Los nuevos chalés de la droga con aire acondicionado, tele de plasma y jacuzzi, esa nueva variante de la vieja chabola expendedora de estupefacientes que ahora enladrilla el último tramo de la Cañada Real Galiana, van cerrando uno a uno por detención de sus propietarios.
La investigación del juez Baltasar Garzón sobre la trama de corrupción en Administraciones gobernadas por el PP ha golpeado a varios municipios de Madrid. El Gobierno regional también contrató con varias empresas de Francisco Correa, supuesto cabecilla de la trama.
El pleno de ayer dejó claras dos cosas. Primero: que el PP, tanto en épocas de José María Álvarez del Manzano como de Alberto Ruiz-Gallardón, está decidido a inundar la ciudad de chirimbolos publicitarios; sumados a los nuevos que se pusieron hace dos años, ya son 2.900.
La presidenta regional, Esperanza Aguirre, presentó ayer, rodeada de inmigrantes exitosos, su nuevo Plan de Integración para extranjeros de la Comunidad de Madrid. Un vaporoso catálogo de 212 medidas que se traduce, según la información facilitada, en un presupuesto de 7.397 millones euros.
La reunión de Esperanza Aguirre y Tomás Gómez para acercar posturas sobre Caja Madrid no salió mal. Pero además, los dos líderes pudieron limar las asperezas de las últimas semanas.
Una armería de Villaviciosa de Odón tenía 2.300 cartuchos prohibidos que se vendían a cazadores furtivos, según la Guardia Civil. En una caja de seguridad del sótano del establecimiento, los agentes encontraron en total 7.000 cartuchos. Esta munición no aparecía en el libro de registro del lugar.
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