Los escándalos que afectan al PP
El juez Baltasar Garzón ha imputado a 37 personas en la supuesta trama de corrupción que dirigía Francisco Correa, el hombre que durante 12 años, hasta 2004, fue proveedor principal del Partido Popular nacional para sus actos públicos, y que sigue colaborando con determinadas administraciones gobernadas por este partido en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.
El juez Baltasar Garzón ha imputado al constructor José Luis Ulibarri, que aparece en múltiples conversaciones grabadas donde el cabecilla de la supuesta red corrupta, Francisco Correa, le cita para hablar de grandes pelotazos urbanísticos cuyos beneficios se iban a repartir a medias.
Francisco Correa -cabecilla de la trama empresarial que supuestamente se beneficiaba de sus relaciones con altos dirigentes del PP para conseguir contratos públicos o recalificaciones urbanísticas- se ufanó en una de las conversaciones con sus socios, grabadas y aportadas al sumario, de que un consejero de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, cobraba comisiones por distintos favores y, además, obligaba a las consejerías a pagar con dinero público actos del PP que montaba el propio Correa.
El Senado concedió ayer la medalla de honor a Esperanza Aguirre -"¿Es de oro?", preguntó sorprendida la presidenta- por los años en que presidió la Cámara (1999-2002), y colgó su retrato junto a los de sus antecesores. Aguirre dijo sentirse orgullosa de compartir pasillo con "ilustres liberales como Laureano de Figueroa y el Conde de Romanones".
José Manuel Pinto, funcionario de la Consejería de Interior que dirige Francisco Granados, es autor, según dos peritos calígrafos, de las anotaciones manuscritas que figuran en los partes de espionaje a dos cargos políticos del PP contrarios a Esperanza Aguirre: el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y el ex consejero de Justicia Alfredo Prada.
Debate en el Congreso sobre la crisis
"Tres millones doscientas siete mil novecientas personas". Desde el primer segundo de su discurso, José Luis Rodríguez Zapatero abordó el gran problema que le debilita y que le llevó ayer al Congreso a escuchar las duras críticas de todos los grupos parlamentarios, con la única excepción de su partido.
La economía española tiende a exagerar. En tiempos de bonanza crece a toda velocidad, y cuando va mal, lo hace mucho peor que sus vecinos. Especialmente en el mercado laboral. Con más de 3,2 millones de parados, la cara más amarga de la recesión llegará pasada la primavera, por el impacto social del agotamiento del seguro de desempleo para miles de personas.
El presidente del Congreso, José Bono, tuvo que recolocar apresuradamente los micrófonos cuando la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en vez de ponerse en pie para leer su discurso, como él mismo había hecho, se quedó sentada.
Que el Poder Judicial no se haya dado por enterado de la convocatoria de huelga que le presentaron 21 juntas de jueces y las asociaciones Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente no significa que los que decidan no acudir a su juzgado o tribunal el próximo día 18 vayan a ser sancionados.