La Consejería de Medio Ambiente desconoce cuántos trabajadores subcontratados tiene en sus oficinas centrales de Valencia. Aunque es el personal subcontratado el que redacta la mayoría de los procedimientos sancionadores y los informes de impacto ambiental del departamento que dirige José Ramón García Antón.
Las estaciones del Metro de Valencia lucían ayer anuncios publicitarios de una bebida alcohólica, lo que incumple la norma autonómica que prohíbe ese tipo de publicidad en los transportes públicos. Aunque la empresa de la Generalitat no pudo precisar cuántos de esos anuncios se colocaron, mediante vinilos pegados a las paredes, este periódico comprobó su existencia, al menos, en las estaciones de Ángel Guimerá, Colón y Bailén.
El alcalde de Burriana, José Ramón Calpe (PP), anunció ayer que abrirá una investigación para esclarecer si el ex concejal de Policía y actual edil de Fiestas, Francisco Isach, perdonó las sanciones de retirada de vehículos a familiares y amigos. La investigación se abrirá pese a que el PP votó en contra de una moción presentada por la oposición en la que desvelaban las presuntas maniobras del concejal popular.
El suelo de la Ciutat de las Arts i les Ciències (CACSA) de Valencia sube de precio por la vía judicial. Una sentencia del Tribunal Supremo ha anulado una de las expropiaciones para construir el complejo del arquitecto Santiago Calatrava y obliga a la Generalitat a revisar el precio pagado al propietario o a devolverle el suelo.
El Consell llevará al Tribunal Constitucional otra norma estatal. El portavoz del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, anunció la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra le ley estatal que regula las empresas de inserción social porque la norma "colisiona" con las competencias atribuidas a la Generalitat en materia de servicios sociales.
Teresa Gisbert tomó ayer posesión de su cargo como fiscal jefe provincial de Valencia. La lucha contra la violencia machista, contra los accidentes laborales, por la protección del medio ambiente, contra la corrupción y contra las imprudencias de tráfico son sus prioridades.
UGT y CC OO acusaron ayer al Consell de ignorar masivamente su legislación de igualdad. Un decreto del 27 de julio de 2007, firmado por el consejero de Bienestar Social, Juan Cotino, impuso a las empresas participadas mayoritariamente con capital público (autonómicas, provinciales y locales) la obligación de redactar planes de igualdad y recibir el visado de la Generalitat en un término de seis meses.
La pertinaz resistencia de Laura Alabau, titular del Juzgado número 3 Dénia, a autorizar bodas entre homosexuales ha desatado un aluvión de críticas entre los colectivos gays y formaciones políticas, entre ellas, Esquerra Unida.