La ex secretaria general del PPCV refuta la línea roja de Fabra

La línea roja contra la corrupción que el Partido Popular enarbola desde que Alberto Fabra es presidente de la Generalitat Valenciana crea conflicto en Alicante. Apenas 24 horas antes del comienzo de una cumbre provincial del PP alicantino en el que se establecerá un código ético de buen gobierno, la ex secretaria general del partido en la Comunidad Valenciana (PPCV), Adela Pedrosa, la ha desdibujado. “Que una persona esté imputada”, sostiene la alcaldesa de Elda, “no tiene que ser motivo para que no vaya en las listas, hay que demostrar su culpabilidad”.

“La raya roja hay que ponerla en un momento en el que las personas estén juzgadas por un juez”, opinó ayer Pedrosa ante los micrófonos de la Cadena SER. Las declaraciones de la también vicepresidenta de la Diputación alicantina están en las antípodas del discurso oficial defendido por José Ciscar, presidente provincial del partido y vicepresidente autonómico, en sintonía con la política de Fabra de tolerancia cero con la corrupción.

Militantes proponen que los imputados por  corrupción no dimitan hasta abrirse juicio oral

Además, las palabras de Pedrosa cobran especial relevancia teniendo en cuenta que es una de las cuatro ponentes que establecerán las líneas maestras del partido en el futuro de cara a las elecciones de 2015, si bien centrará su trabajo en las políticas de empleo.

La política eldense se pronunció aproximadamente al mismo tiempo que Mónica Lorente, exalcaldesa de Orihuela y diputada provincial, aseguraba no estar dispuesta a dimitir de sus cargos tras ser oficialmente imputada por una juez por tres presuntos delitos. Lorente, portavoz de los populares en el Consistorio oriolano, dice tener “la conciencia tranquila” pese a estar a las puertas de la apertura de juicio oral por su gestión en la capital de La Vega Baja.

Precisamente, alcaldes de esa comarca, conocida popularmente también como la Sicilia valenciana, presentarán enmienda contra el borrador del código de buenas conductas que expondrá este viernes en Benidorm el dirigente alcoyano Rafael Miró. En el documento consta la propuesta para que los candidatos a las elecciones de 2015 firmen el compromiso de abandonar el cargo en caso de ser imputados por corrupción.

Según fuentes del PP, la enmienda de los militantes de La Vega Baja abogará por que únicamente se dimita con la apertura de juicio oral a cualquier miembro del partido imputado por corrupción y evitar así denuncias comprometedoras de la oposición. De salir adelante esta enmienda al borrador del código ético, alcaldesas como Sonia Castedo, imputada en dos casos por presunta corrupción urbanística, o la propia Lorente podrían presentarse a las elecciones de 2015 en caso de que no se les hubiera abierto juicio oral todavía.