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Esquerra amenaza con romper con Mas si no convoca la consulta soberanista

La Generalitat evita aclarar si tiene planes alternativos al referéndum y dice que "ha llegado la hora de las decisiones, no de las especulaciones"

Artur Mas, durante la primera reunión de su gobierno tras las vacaciones
Artur Mas, durante la primera reunión de su gobierno tras las vacacionesAlbert Garcia

Oriol Junqueras, líder de Esquerra Republicana (ERC), el socio parlamentario de CiU, advirtió este martes a Artur Mas, presidente de la Generalitat, de que no aceptará ningún plan bal referéndum independentista previsto para el 9 de noviembre próximo si el Tribunal Constitucional veta, como parece probable, la consulta. “Si nos tenemos que quedar solos defendiendo la independencia, nos quedaremos, como ya hemos estado muchos años”, recalcó Junqueras en una entrevista en el canal de televisión 3/24. El dirigente independentista hizo una defensa sin fisuras del referéndum. “Si el Estado no nos deja votar, nosotros hemos de persistir. No renunciaremos al derecho de voto en una consulta, porque consultas así no se hacen a menudo en el mundo y elecciones, sí”, sostuvo.

Las declaraciones de Junqueras evidencian que la cuenta atrás para la consulta soberanista del 9-N ya ha empezado y Mas sigue sin desvelar en qué consiste su plan b si el Constitucional, suspende la convocatoria.

El Gobierno catalán esgrimió este martes un nuevo argumento político que le permite seguir instalado en la indefinición a la espera de que llegue la hora de la verdad. “Se han acabado las especulaciones y empieza la hora de las decisiones”, proclamó en rueda de prensa Francesc Homs, portavoz de la Generalitat y consejero de la Presidencia, al término de la primera reunión del Ejecutivo autónomo tras las vacaciones de verano.

Sin embargo, al ser preguntado en qué consistirán esas decisones y qué camino tomará Mas si al final no hay consulta, Homs declinó decantarse por un escenario específico de entre los varios posibles: buscar un nuevo socio parlamentario para acabar la legislatura si se acaba el apoyo de Esquerra, convocar elecciones anticipadas, con o sin un carácter plebiscitario; optar por una declaración unilateral de independencia o intentar seguir gobernando en minoría al menos un año más de los dos de legislatura que le quedan y con los Presupuestos prorrogados.

Si el argumentario repetido por Homs fue que “se han acabado las especulaciones y llega el momento de tomar decisiones”, el de Junqueras horas antes en su entrevista televisiva pasó por insistir en que “los acuerdos se firman para cumplirlos”. Si no es así, avisó de que no volverá a pactar con Convergència i Unió. “Esquerra no llegará a nuevos acuerdos con aquellos que no cumplan los que ya están firmados. Así de claro”.

El líder independentista insistió, en reacción a una información publicada ayer por EL PAÍS, en que “no es imaginable otro escenario” que no pase por celebrar la consulta y se mostró convencido de que “nadie romperá el consenso”.

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Francesc Homs sostiene

Junqueras admitió que se reunió con Mas el pasado 7 de agosto y que probablemente lo volverá a hacer antes de la Diada del 11 de septiembre, pero declinó comentar el contenido de aquella cita. El presidente de la Generalitat le anunció entonces su voluntad de no sacar las urnas a la calle si el Constitucional suspende la consulta y le sondeó para pactar un plan b, con la posibilidad de un adelanto electoral y una candidatura conjunta con los republicanos.

Estos habrían puesto sobre la mesa la condición de que se realizara una declaración unilateral de independencia. El líder de ERC señaló en la entrevista de ayer que no acostumbra a explicar sus conversaciones privadas y que “evaluará los planes futuros en función del presente, de la misma manera que [Mariano] Rajoy no contesta cuando se le pregunta qué hará el 10 de noviembre si Cataluña es independiente”.

“Si no se cumplen los pactos, imagine qué país podemos construir, qué futuro tendríamos”, añadió Junqueras, quien a renglón seguido lanzó una advertencia velada al preguntarse “cómo aprobaríamos unos Presupuestos” si no se cumple lo acordado. Esquerra es el actual socio parlamentario de CiU y la retirada de ese apoyo complicaría mucho la gobernabilidad a Artur Mas, quien a dos años del final de la legislatura, quedaría en minoría en la Cámara autónoma.

Además de su conversación con el dirigente republicano, Mas ha hablado con otros líderes políticos, a los que les ha reconocido que la consulta no se celebrará. En ese escenario se encuadran las declaraciones que Miquel Iceta, el primer secretario del PSC, hizo hace unos días ofreciéndose a Mas como socio parlamentario cuando se constate la imposibilidad de celebrar el referéndum y exigiéndole que renuncie a convocarlo, algo que se antoja muy improbable para CiU.

La hoja de ruta del presidente catalán para las próximas cuatro semanas decisivas pasa por el siguiente itinerario. Primero, la celebración de la Diada, cuyos actos se presentarán mañana y en los que el presidente de la Generalitat dirigirá un mensaje institucional impregnado de soberanismo la víspera de lo que se prevé como una nueva demostración de fuerza independentista. Es muy probable el Gobierno catalán acuda en bloque a la Diada. Después seguirá el debate de política general en el Parlamento autónomo, que empieza el próximo día 16 y acaba el 18. En esa misma fecha o al día siguiente se aprobará la ley de consultas y es muy probable que en cuestión de pocas horas Mas firme entonces el decreto de convocatoria del referéndum.

La Generalitat elude

Fuentes de CiU consideran que, de esta manera, el presidente de la Generalitat habrá cumplido su compromiso adquirido el 12 de diciembre pasado, cuando pactó con los partidos del bloque soberanista —Esquerra, ICV y la CUP— la fecha y la doble pregunta de la consulta. Homs insistió ayer en que ese pacto está respaldado por más tres mil entidades de todo tipo, tiene una gran solidez y el Gobierno catalán lo cumplirá.

Una vez cubiertos esos trámites, le tocará mover ficha al Ejecutivo de Rajoy, con la impugnación de la ley de consultas y el decreto de convocatoria de la Generalitat; habrá que esperar entonces a lo que decida el Constitucional. “¿Qué hará la Generalitat si se suspende la consulta?”, se le preguntó ayer a Homs, quien volvió a echar balones fuera: “No quiero especular sobre cosas que no conocemos”.

A diferencia de lo que ha venido siendo la tónica del argumentario nacionalista de los últimos meses, la Generalitat no esgrimió ayer que no se plantea el escenario de la suspensión de la consulta, ni que se celebraría “sí o sí”, ni que es plenamente legal y que, por tanto, no se entendería su suspensión por el Constitucional. Ni siquiera se recurrió a la crítica a esta institución del Estado, ni alusiones a su politización por el nombramiento de los magistrados, ni se recordó la sentencia del Estatuto, como ha venido ocurriendo en los últimos meses en el discurso de CiU. “En función de lo que pase se tomarán toda clase de decisiones en aplicación de los pactos que firmamos. No hablaremos como si estuviéramos en una tertulia”, insistió Homs.

El portavoz de la Generalitat tampoco se refirió al tono contundente mostrado anteayer por el jefe del Ejecutivo, cuando reiteró que no permitirá un referéndum ilegal en Cataluña. Al ser inquirido sobre si no consideraba que Rajoy había endurecido su discurso, Homs replicó: “Eso se lo deberían preguntar a él”.

Con todo, no dejó de considerar que si a la canciller alemana, Angela Merkel, quien el lunes volvió a mostrar todo su apoyo a Rajoy en este asunto, no se le ha escuchado ninguna crítica al proceso independentista de Escocia es por la “diferencia de comportamiento democrático” del Gobierno británico respecto del español. Homs sí que acabó arremetiendo contra el Gabinete popular, al estimar que “se equivoca en los fundamentos, porque el ejercicio democrático [en alusión al derecho a decidir] no es un desafío, sino una oportunidad”.

La enseñanza en castellano irá al Constitucional

El Gobierno catalán aprobó en su reunión de ayer plantear un recurso de incompetencia ante el Ejecutivo central para que rectifique el decreto del Ministerio de Educación que obliga a la Generalitat a pagar el coste de escolarizar en castellano a los alumnos cuyas familias así lo soliciten y se les tenga que derivar a centros privados porque no se les pueda garantizar esa opción en colegios públicos.

La Generalitat cree que el decreto invade sus competencias porque el Estado no está capacitado para imponer el pago de la escolarización en castellano. Ello supondría separar a los alumnos por lengua, lo que el Gobierno catalán entiende que vulnera el Estatuto y la Ley de Educación de Cataluña. Si el ministerio se niega al requerimiento, como parece que ocurrirá, la Generalitat solicitará un informe al Consejo de Garantías Estatutarias para interponer un conflicto positivo de competencias ante el Tribunal Constitucional.[/CIUDAD][/FIRMA]

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