La Junta regula la convocatoria de consultas populares no vinculantes

En pleno debate soberanista en Cataluña, el Gobierno andaluz de coalición aprobó ayer el anteproyecto de ley de Participación Ciudadana que regula la convocatoria de consultas populares sobre asuntos que son competencias de la comunidad y cuyo resultado no obliga a los gobernantes. Para estas votaciones no se utilizará el censo electoral, que es propiedad del Estado, sino el padrón municipal. Todas las personas mayores de 16 años (el límite de edad en unas elecciones es ahora de 18 años) que estén empadronadas tendrán derecho a poder participar en una consulta, lo que implica que también podrán participar los inmigrantes inscritos.

Este anteproyecto llevaba dos años sujeto a un fuerte debate entre socialistas e Izquierda Unida, incluso el texto final no se cerró hasta última hora de la víspera del Consejo de Gobierno de ayer martes. La ley desarrolla varios preceptos del Estatuto de Autonomía que obligan a desarrollar las consultas como un medio de participación para conocer la opinión de los ciudadanos. “En ningún caso”, subrayó el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas (IU), “las consultas tendrán carácter de referéndum ni irán contra la Constitución”. Valderas descartó la presentación de un recurso por parte del Gobierno central porque, en su opinión, “no hay ningún elemento de contradicción con la Constitución”.

Valderas descarta que el Gobierno central vaya a recurrir la ley

El texto permite dos tipos de consultas participativas: la autonómica y la local. La primera la puede promover la presidenta de la Junta; el 10% de los Ayuntamientos (un mínimo de 500.000 habitantes), previo acuerdo por mayoría absoluta de los plenos municipales y con la obligación de que haya municipios de las ocho provincias; y por iniciativa ciudadana a partir de “un apoyo mínimo de 40.000 firmas válidas”. La autorización de la consulta autonómica recae en la presidenta de la Junta, que deberá dar una explicación motivada en caso de rechazarla.

Los Ayuntamientos también podrán reclamar consultas de ámbito local a partir de la recogida de firmas en función del número de habitantes. Los alcaldes serán los que la autoricen o los presidentes de las Diputaciones en el caso de que la votación afecte a toda la provincia o a parte de ella. Los requisitos son los mismos que figuran en la ley andaluza de Consultas Populares, pero a diferencia de esta el resultado no es vinculante y por lo tanto no requiere de la autorización del Gobierno central, que tiene competencias exclusivas en materia de referéndums.

Los asuntos que afectan a la hacienda pública de la comunidad y de los Ayuntamientos quedan excluidos de cualquier tipo de consulta, que no podrá celebrarse 90 días posteriores a la celebración de cualquier convocatoria electoral.

La norma prevé la participación de los ciudadanos en la elaboración de los presupuestos autonómicos y locales, una idea que los grupos de Izquierda Unida abanderan en los Ayuntamientos en los que gobiernan. En el caso de las cuentas de la Junta, esta regulación se detallará en un Reglamento posterior; y en el caso de los municipios, la ley autonómica no puede obligarles a abrir este campo para salvaguardar su autonomía local.

La inclusión de las consultas populares en el actual Estatuto de Autonomía no fue pacífica. Durante el debate inicial de la reforma en el Parlamento andaluz, el PP manifestó dudas sobre la constitucionalidad de la propuesta, aunque la apoyaron durante la aprobación final del Estatuto en las Cortes.

Los Ayuntamientos pueden desde 1985 solicitar consultas populares, previa autorización del Gobierno de la nación. En 29 años esta vía sólo la han utilizado en Andalucía los municipios de Montellano (Sevilla) y Almuñécar (Granada).