Emilio Lozoya, un símbolo de los excesos del Gobierno de Enrique Peña Nieto

La detención de Emilio Lozoya (Ciudad de México, 1974) en Málaga, España, era un hecho anhelado por los mexicanos que aguardaban a que la lucha del Ejecutivo de Andrés Manuel López Obrador contra la corrupción política se posara sobre el Gobierno de Enrique Peña Nieto. El arresto del que fuera director de la petrolera estatal Pemex entre 2012 y 2016 amplía las investigaciones contra los exfuncionarios de la Administración del PRI, señalada por sus excesos y marcada por escándalos de corrupción. Lozoya, uno de aquellos rostros del llamado nuevo PRI, era buscado desde mayo de 2019 acusado de lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa. La Fiscalía cree que Lozoya recibió en sobornos al menos 12,5 millones de dólares. La caída del empresario Alonso Ancira en Palma de Mallorca en mayo del año pasado fue el prólogo que anunciaba que el cerco se estrechaba sobre Lozoya.

Emilio Lozoya había abandonado México el 30 de abril. Su huida había fijado como destino Alemania, un país donde se sentía fuera del alcance de las autoridades mexicanas por su doble nacionalidad, conseguida gracias a su esposa desde 2016, Marielle Eckes. La extradición desde allí era poco probable porque obligaba a las autoridades alemanas a entregar a un nacional para su procesamiento judicial en el extranjero. Sin embargo, el exfuncionario ha caído en España, una nación que tiene un intercambio mucho más fluido de detenidos con México.

Lozoya es economista del ITAM, un centro de estudios conocido por su formación de cuadros gubernamentales, y abogado por la Universidad Nacional. También tiene estudios de posgrado en Harvard. Su padre, Emilio Lozoya Thalmann, fue parte del Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994). Se desempeñó como director general del ISSSTE, la seguridad social del aparato burocrático. En 1993, Lozoya Thalmann se convirtió en secretario de Estado de Energía, Minería e Industrias Paraestatales.

A lo largo de su trayectoria, que pasó por el Banco de México, el Foro Económico Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, Lozoya Austin se especializó en fondos de inversión y en la reestructuración de créditos de empresas públicas y privadas. Las cartas que le abrieron las puertas al Gobierno fueron sus amplias conexiones políticas y empresariales en Latinoamérica. Eso hizo que fuera encargado de asuntos internacionales de la campaña presidencial de Peña Nieto en 2012.

Javier Coello, el abogado de Lozoya, ha reconocido la mañana de este miércoles que su cliente tiene dos órdenes de captura emitidas por la Fiscalía General. La primera está relacionada con supuestos sobornos por 9,1 millones de dólares que Lozoya recibió a cambio de favorecer a Odebrecht con contratos, algunos de ellos en la refinería de Tula, en el Estado de Hidalgo. La segunda lo vincula a la compra desde Pemex de dos empresas en pésimas condiciones y por las que habría recibido otra coima otorgada por la empresa Altos Hornos de México, de Alonso Ancira.

Pemex compró en 2014, cuando Lozoya era su director, las empresas Agronitrogenados y Fertinal. La operación le costó a la petrolera, ya en problemas financieros, 442 millones de dólares por compañías que tenían 14 años sin operar sus instalaciones y con el 60% de su maquinaria en estado inservible, de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación. La decisión se convirtió en un hoyo negro que generó a Pemex gastos y pérdidas por 1.400 millones de dólares en el quijotesco intento de reactivar la industria de los fertilizantes en una planta considerada chatarra.

El único ganador en esa transacción fue quien se deshizo de esas plantas, Altos Hornos de México. Desde entonces, revelaciones periodísticas han explicado el vínculo de Lozoya con el dueño de la empresa, Alonso Ancira. El exfuncionario hizo al menos 54 viajes en helicóptero a la torre GAN de Polanco, donde se encuentran las oficinas del empresario. Un mes después de que Pemex cerrara el trato para hacerse con Agronitrogenados, Altos Hornos transfirió 3,7 millones de dólares a una cuenta en un paraíso fiscal que Odebrecht utilizaba para pagar sobornos. Ese dinero abandonó luego esa cuenta para ser transferido a una empresa supuestamente vinculada a Lozoya Austin.

Las autoridades mexicanas creen que el exdirector de Pemex compró a finales de 2012 una casa en el poniente de Ciudad de México con dinero ilícito. La Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda cree que el dinero provino de sobornos salidos de cuentas manejadas por la constructora brasileña Odebrecht, una empresa en el centro de decenas de escándalos de corrupción en toda América, y blanqueados a través de paraísos fiscales. La sospecha llevó al Gobierno de López Obrador a congelar las cuentas de Lozoya desde mediados del año pasado.

Los casos no solo han provocado el congelamiento financiero de Lozoya. Han afectado a toda su familia. A su hermana, Gilda Susana, también le fue impedido el acceso a sus cuentas bancarias. Su madre, Gilda Austin, de 71 años, fue detenida en Alemania en julio y trasladada a México. Desde noviembre se encuentra en arresto domiciliario mientras se le investiga por haber recibido en sus cuentas parte del dinero que se sospecha Lozoya cobró de mordidas.

La detención de Lozoya apunta a otra dirección. Lo dice su propio abogado, Javier Coello, que este miércoles ha dicho a la prensa que el exdirector de Pemex “no se mandaba solo”. Interrogado por los periodistas, el letrado se abstuvo de dar nombres: “lo dejo a la imaginación”. La imaginación de los mexicanos solo puede pensar en la cúpula del Gobierno de Enrique Peña Nieto.