El Gobierno escocés mantiene los plazos de su desafío secesionista tras una reunión con May

En la reunión, que se prolongó durante más de una hora en Glasgow, Theresa May aseguró a Nicola Sturgeon que el Gobierno británico espera tener claros los términos de la salida de la UE, así como las bases de su nueva relación con el club, en el plazo de 18 meses. Eso daría tiempo a que el acuerdo se ratificara en Reino Unido y en Europa dentro del periodo de dos años que establece el artículo 50 del Tratado de Lisboa, que la primera ministra se dispone a activar este miércoles.

En vista de esa convicción, aseguró Sturgeon a la salida de la reunión, no debería haber inconveniente para que los escoceses decidan sobre su futuro en los plazos que la propia ministra principal ha planteado: entre el otoño de 2018 y la primavera de 2019, cuando se consume la ruptura de Reino Unido con la UE. “Creo que esto hace muy difícil a la primera ministra mantener una oposición racional a un referéndum en los plazos que he señalado”, dijo la líder nacionalista.

Pero May insiste en que “ahora no es el momento” para un nuevo referéndum. Desde Downing Street se recordó que lo que estará listo para otoño de 2018 será un mero cuadro con las bases de la relación futura de Reino Unido con el bloque pero que quedarán un número de cuestiones por cerrar. El Gobierno de Londres espera que, tal como parece sugerir las encuestas, los escoceses consideren que es demasiado pronto para la celebración de una nueva consulta.

Los escoceses votaron en septiembre de 2014 por continuar en Reino Unido, por 55,3% a 44,7%. Pero el programa electoral con el que los nacionalistas del SNP ganaron las elecciones escocesas de 2016 establecía que “un cambio material” en las circunstancias provocaría la petición de una segunda consulta. Y es difícil negar que el Brexit, al que los escoceses se opusieron por un 62% en el referéndum del pasado junio, constituye un cambio material. Por eso, y ante la supuesta negativa de May a considerar un trato especial para Escocia en la salida de la UE, Sturgeon decidió iniciar un segundo desafío independentista, en paralelo con las negociaciones de ruptura con la UE.

May sabe que, políticamente, no puede negarse a la celebración de una nueva consulta. Pero no entra en sus planes simplemente calcar el pacto de Edimburgo, el acuerdo entre David Cameron y Alex Salmond en 2012 que dio base legal a la celebración del primer referéndum dos años después. Esta vez, May no quiere entregar toda la iniciativa al Gobierno escocés, como hizo su predecesor, y pretende ponérselo mucho más difícil, sobre todo en lo relativo a la fecha. Sturgeon le ha advertido contra cualquier maniobra “antidemocrática” y ha insistido en que “solo los escoceses decidirán el futuro de Escocia”.

Pero May quiso escenificar lo importante que es para ella la integridad territorial del país programando este viaje justo a las puertas del inicio de las negociaciones del Brexit. Antes de reunirse con Sturgeon, en un discurso, describió la unión de Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte y Gales como "una fuerza imparable".

Sturgeon recordó a May que a finales de semana tendrá un petición formal del Parlamento escocés para una cesión de competencias que le permita celebrar la consulta. El miércoles buscará la autorización del Parlamento de Edimburgo para hacerlo y, a pesar de que el SNP no cuenta con mayoría absoluta en la cámara, probablemente lo logrará con el apoyo de los diputados verdes. Sucederá en la víspera de que May, tal como ha anunciado, active el miércoles el artículo 50 del Tratado de Lisboa que abre el plazo de dos años para negociar la salida de la UE. El proceso discurrirá, pues, en paralelo a la nueva batalla constitucional entre los dos Gobiernos.