Grecia aprueba el último ajuste para que el Eurogrupo desbloquee la ayuda
Atenas adopta medidas de austeridad por 5.400 millones a cambio de que los acreedores aborden el alivio de la deuda
En un clima de debate muy tenso, salpicado de acusaciones entre el Gobierno y la oposición, el Parlamento griego ha aprobado el enésimo requisito impuesto por los acreedores para cerrar la primera revisión del tercer rescate, y que se sustancia en un nuevo paquete de recortes que, junto con los aprobados hace dos semanas, supondrá un ahorro de 5.400 millones (el 3% del PIB) hasta 2018. Con todo ello, el Gobierno de Alexis Tsipras espera que el Eurogrupo dé este martes luz verde al desbloqueo del siguiente tramo del rescate, algo más de 5.000 millones vitales para afrontar los numerosos pagos que el Estado heleno debe satisfacer en junio y julio, y aborde definitivamente la cuestión de la deuda. El ajuste ha salido adelante con 153 votos a favor frente a 145 en contra.
El que en teoría es el último requisito, hasta el momento, de los acreedores consiste en un compendio de medidas dispares, las más importantes de las cuales son una nueva subida de impuestos indirectos, incluido el IVA, con la que se pretende recaudar 1.800 millones; incrementos en el impopular impuesto inmobiliario (ENFIA, en sus siglas griegas), que Syriza había prometido abolir al llegar al Gobierno; un nuevo superfondo de privatizaciones que sustituye el antiguo (TAIPED, en sus siglas griegas, establecido por el bipartito ND-Pasok) y que, según fuentes gubernamentales, no sólo facilitará la venta de bienes públicos, sino que también mejorará la gestión y explotación de los restantes. El primer ministro afirmó durante el debate parlamentario que el Gobierno ejercerá pleno control sobre el nuevo fondo.
Otro punto clave es la liberalización de la venta de créditos morosos a fondos de inversión, con la excepción de las hipotecas sobre primera vivienda; durante meses, esta fue una férrea línea roja para el Ejecutivo de Tsipras. Como medida preventiva o de contingencia, se adopta también un “mecanismo automático de corrección presupuestaria” —bautizado por los griegos koftis, “el cortador”, y ruidoso protagonista de las redes sociales estos días—, que se aplicará en caso de desviación del objetivo de superávit primario del 3,5% en 2018.
En un debate protagonizado por el cuerpo a cuerpo entre Tsipras y Kyriakos Mitsotakis, líder de la conservadora Nueva Democracia (ND, principal fuerza de oposición), el Gobierno tuvo que renunciar a última hora —tras una reunión de urgencia de Tsipras y cinco de sus ministros en la noche del sábado— a su propósito de “congelar la promoción y el aumento de salarios de funcionarios públicos en régimen especial” durante dos años. La medida, con un ahorro previsto de 118 millones por ejercicio, afectaba, entre otros, a jueces, guardia costera, bomberos, policías o personal militar, y provocó un notorio malestar en el socio de coalición de Syriza, la derecha soberanista de Griegos Independientes (ANEL, en sus siglas griegas). A instancias de Panos Kamenos, líder de ANEL y ministro de Defensa —y celosísimo defensor del estamento castrense—, el Gobierno dio marcha atrás, buscando compensar con recortes en otras partidas ministeriales este frustrado ajuste.
Con una exigua mayoría parlamentaria de sólo dos escaños por encima de la absoluta, el Gobierno de Tsipras no puede permitirse una sola defección, de ahí el gesto con Kamenos. El anterior paquete de medidas fue aprobado el pasado día 8 por los 153 diputados del Ejecutivo Syriza-ANEL. Igual número de votos ha obtenido el proyecto de ley que hoy se votaba en las comisiones parlamentarias previas; además, el Pasok (centroizquierda, en la oposición) ha apoyado dos artículos referidos a la concesión a una empresa privada de la gestión de la red de aeropuertos regionales.
Con esta sesión, el Ejecutivo supera las pruebas de fuego del Parlamento —la aprobación del tercer rescate, en agosto pasado, le costó la mayoría por la rebelión de un tercio de los diputados de Syriza, lo que provocó la convocatoria de nuevas elecciones en septiembre— y logra un cierto respiro para gobernar, pese a que una de sus diputadas se desmarcó ligeramente al votar no a dos artículos, los relativos al superfondo de privatizaciones y el mecanismo de corrección automática. La eventualidad de una derrota parlamentaria había aventado una insistente campaña de la oposicion a favor de unas elecciones anticipadas, o incluso de un referéndum. Una posibilidad reiteradamente descartada por el Ejecutivo, como se encargó de recordar este domingo el propio Tsipras: "Las elecciones serán en septiembre de 2019", es decir, al término de los cuatro años de legislatura. El líder de Syriza también dijo durante el debate que "2017 será el año de una primavera económica" en Grecia y que el mecanismo de corrección fiscal no se activará porque no será necesario.
Durante el fin de semana, dominado por la huelga de los medios de transporte público en Atenas, así como la de los trenes interurbanos, los periódicos griegos han subrayado, no sin aceradas críticas al Ejecutivo, la ausencia de garantías de parte de los acreedores sobre un inmediato alivio de la deuda, que representa el 180% del PIB, frente a esta nueva vuelta de tuerca a la austeridad. “Llueven impuestos, pero el futuro de la deuda sigue siendo incierto”, titulaba el diario conservador Kathimerini; mientras la expresión “tormenta de tasas” hacía fortuna igualmente en titulares y redes sociales (y en la oposición). Sobre la mesa están propuestas como la del Fondo Monetario Internacional (FMI), de un periodo de gracia en la devolución de la deuda y el pago de intereses hasta 2040, pero chocan repetidamente con la firme oposición de Alemania.
