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Arranca el juicio por el operativo que “inauguró el terrorismo de Estado” en Argentina

Un tribunal juzga los crímenes perpetrados contra 270 víctimas en el marco del Operativo Independencia

Asistentes a la primera audiencia del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.
Asistentes a la primera audiencia del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tucumán.EFE

Argentina comenzó a juzgar este jueves los crímenes perpetrados en el Operativo Independencia, definido por el Ministerio Público Fiscal como el "procedimiento que inauguró el terrorismo de Estado" antes del golpe de 1976, que dio paso a la última dictadura en el país. Un tribunal de la norteña provincia de Tucumán inició el juicio contra 20 exintegrantes de las fuerzas de seguridad por delitos de lesa humanidad contra 270 víctimas. 

Diez exmilitares, 9 expolicías y un exgendarme están acusados en el caso y la Fiscalía pretende que otros 20, que actualmente tienen procesamientos en revisión, se sumen a los acusados.

Según la acusación, el Operativo Independencia fue "la primera intervención masiva de las fuerzas armadas y de seguridad en un plan sistemático de exterminio de opositores políticos mediante la utilización del aparato estatal y de control social a través del terror, llevada adelante con la aquiescencia del gobierno civil en la provincia de Tucumán desde febrero de 1975". El operativo estuvo comandado por el que fuera hombre fuerte de la provincia durante años, el exgeneral fallecido Antonio Bussi.

Se prevé que el juicio dure varios meses, ya que podrían prestar testimonio alrededor de 1.400 personas.

El pasado marzo, la Justicia rechazó la petición de que la expresidenta argentina María Estela "Isabelita" Martínez de Perón (1974-1976), que gobernaba el país al momento en que tuvieron lugar estos sucesos y que actualmente vive en España, fuera citada como testigo en el juicio.

Según la investigación, de las 270 víctimas, 217 hombres y 53 mujeres, 116 continúan desaparecidas, 100 fueron liberadas, 17 asesinadas y 37 "legalizadas", es decir, reconocido su cautiverio tras pasar el encierro en la clandestinidad y luego puestas en libertad.

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La investigación señala además que si se analizan uno por uno los 270 casos, se puede advertir que fueron denunciados 41 lugares de detención clandestina en toda la provincia, distribuidos en nueve departamentos.

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