Estados Unidos acortará la detención de familias en centros para migrantes

El gesto de los ocho congresistas demócratas que durante los últimos días visitaron en Texas dos centros de detención para familias de inmigrantes, en su mayoría centroamericanas, no podía ser más sombrío. En sus oídos resonaban aún, aseguraron, los gritos de los cientos de mujeres y niños que les recibieron con una demanda unánime: “¡queremos libertad, queremos libertad!”, como registraron con las cámaras de sus teléfonos móviles.

A su regreso a Washington, este miércoles, los legisladores se encontraron con el anuncio del secretario de Seguridad Nacional, Jeh Johnson, de que ha aprobado nuevos planes para reducir el tiempo que estas familias permanecen en los centros de detención a la espera de que un juez decida si acepta o no su petición de asilo en Estados Unidos.

Un buen primer paso, coincidieron, pero que está lejos de ser suficiente ante la situación de miles de familias que, en algunos casos, llevan casi un año retenidas en condiciones que, afirmaron, están lejos de ser mínimamente adecuadas.

Según un comunicado de Johnson, el objetivo de las modificaciones ahora sancionadas es “que la detención de las familias sea de corto plazo, en la mayoría de los casos”.

“He llegado a la conclusión de que tenemos que realizar cambios sustanciales en nuestras prácticas de detención respecto a familias con hijos”, reconoció Johnson. “Una vez que una familia califica para el asilo u otro alivio bajo nuestras leyes, la detención de largo plazo supone un uso ineficiente de nuestros recursos y debe cesar", añadió el máximo responsable de la aplicación de las políticas migratorias del país. Hace menos de un año, Johnson todavía defendía las medidas ahora revisadas como forma de afrontar la masiva llegada de familias y menores no acompañados desde Centroamérica hasta la frontera estadounidense, que el año pasado superó todos los récords.

Para acortar los plazos, Johnson anunció que las entrevistas a los detenidos para determinar si existe un “miedo razonable” en sus países de origen que justifique su demanda de asilo se deberán hacer en un “plazo de tiempo razonable”, que sin embargo no precisó.

Además, indicó que las fianzas que se impongan a los migrantes para garantizar su comparecencia ante el juez que deberá decidir su caso deberán ser “razonables y realistas”, aunque tampoco detalló una cifra.

Las altas fianzas impuestas a muchas de estas familias, de entre 5.000 y 10.000 dólares, son uno de los motivos de que muchas mujeres continúen con sus hijos en los centros de detención casi un año después de su llegada.

“Pedirles 8.000 dólares a estas familias es como pedirles un millón de dólares”, afirmó el congresista demócrata Joaquín Castro, uno de los ocho legisladores que visitaron los centros de detención de Dilley y de Karnes City.

“¿Vamos a gastar 130.000 dólares al año (que es lo que se calcula cuesta la estancia de uno de estos migrantes en estos centros de gestión privada) porque la mujer no puede pagar 10.000 dólares de fianza?”, criticó su colega de partido y bancada Zoe Lofgren. Al igual que el resto de legisladores, la congresista de California cuestionó que estos centros estén gestionado de forma privada y que por lo tanto la estancia de los inmigrantes sea vista como un negocio y no un problema humanitario.

Las reformas ahora anunciadas, añadidas a las que se empezaron a implementar en mayo, como revisar los casos de las familias que llevan más de 90 días encerradas, son bienvenidas, aseguraron los legisladores.

Pero no solucionan el problema de fondo, que es que esos centros, por mucho que se los maquille, no dejan de ser una prisión para personas “que no han cometido ningún crimen”, subrayaron.

“Comprendo que el Departamento de Seguridad Nacional está tratando de aliviar la situación pero, francamente, no me importa cuánto lo maquillas, el caso es que se trata de una cárcel para niños y mujeres y aunque le pongan otra carita, al final del día se tiene que cerrar”, resumió el congresista Raúl Grijalva.

“Sabemos que el Departamento está haciendo cambios, pero esto no se puede arreglar, esto hay que eliminarlo”, coincidió su colega Luis Gutiérrez, el organizador del viaje.

“Ninguna de las mujeres o niños son criminales, no han cometido ninguna irregularidad”, insistió. “Hay que buscar una manera más decente y humana de tratar a los que vienen aquí huyendo del peligro”, reclamó y pidió que las familias que están a la espera de una segunda audiencia en la que se decida su petición de asilo puedan esperar la cita bien con sus familiares o acogidas por las numerosas organizaciones que han ofrecido una alternativa a los centros de detención.