Francia aprueba la ley que permite espiar sin control judicial

Los servicios secretos franceses tendrán a partir de ahora amplios poderes para rastrear la Red e interceptar comunicaciones telefónicas y cibernéticas. Y lo harán con autorizaciones del primer ministro, pero sin control judicial, con el objetivo de prevenir el terrorismo, el crimen organizado o el espionaje industrial. La Asamblea Nacional aprobó este martes por vía de urgencia y con holgada mayoría (438 votos a favor y 86 en contra) una nueva ley que legaliza esas actividades que hasta ahora las realizaba el espionaje al margen de toda norma. Para el Gobierno, es una ley “necesaria” ante la amenaza terrorista. Para asociaciones de defensa de los derechos, es “liberticida”.

Hasta ahora, las actuaciones de los espías se regían por una ley de 1991, cuando las nuevas tecnologías estaban en pañales. Francia, afirma el Gobierno, es “uno de los últimos países occidentales” en dotarse de una legislación acorde con el mundo actual. La ley prevé que los espías sean alertados de manera automática y mediante algoritmos de cualquier actividad sospechosa mediante la instalación por las operadoras, buscadores o redes de cajas negras para advertir de comportamientos susceptibles de ser vigilados.

También permite el uso de sistemas denominados Imsi Catcher, mediante los cuales los espías podrán captar y registrar todos los datos de teléfonos u ordenadores de sospechosos, pero también de toda persona que se encuentre en varios centenares de metros a la redonda. La instalación de balizas de seguimiento en automóviles, la colocación de micrófonos en lugares privados o, en caso de que se considere necesario, la entrada en domicilios, también estará permitida con una autorización administrativa, sin intervención de los jueces.

Los motivos que la ley contempla para acudir a esas prácticas van desde la prevención del terrorismo, la delincuencia organizada o “la violencia colectiva”, al peligro para “la independencia nacional, la defensa nacional o la integridad del territorio” pasando por la potencial injerencia extranjera “en los intereses económicos, industriales o científicos” de Francia.

Las solicitudes para realizar esas prácticas podrán partir de los ministerios de Defensa, Interior, Economía y Justicia. Se enviarán a una denominada Comisión Nacional de Control de Técnicas de Información (dos diputados, dos senadores, dos miembros del Consejo de Estado, dos magistrados y un experto informático) que, si no ve inconvenientes, la remitirá al primer ministro, que es quien tiene la última palabra para autorizar o denegar.

El Defensor de Derechos ha expresado por escrito sus "reservas" sobre la nueva legislación

En casos urgentes, los espías podrán actuar de inmediato y comunicar después su acción. Las posibles protestas de ciudadanos que se sientan espiados serán analizadas por esa comisión o por el Consejo de Estado, no por la justicia ordinaria. La ley crea también un fichero en el que, durante 20 años, figurarán los condenados o imputados por terrorismo.

El primer ministro, Manuel Valls, que al referirse a la ley recuerda estos días los ataques yihadistas de enero y que se han evitado cinco atentados desde entonces, asegura que, “ante situaciones especiales, se necesitan leyes especiales”. “Pero no de excepción”, añade para argumentar que la norma respeta los derechos y libertades.

Lo mismo opinan la mayoría de los portavoces que intervinieron ayer en la cámara baja. Para la el principal partido de la oposición, la UMP, el voto a favor es un gesto de “responsabilidad” dado que Francia es hoy “quizás el primer objetivo” del yihadismo. Su portavoz, Eric Ciotti, considera incluso “insuficiente” la norma por no referirse a los yihadistas que regresan de Siria o Irak.

Solo los comunistas y los Verdes expresaron sus reticencias. Para los primeros, la ley “sobrepasa ampliamente” la lucha antiterrorista y evita la intervención de los jueces. Para los Verdes, la norma permite “una vigilancia masiva”. “¿Qué ocurrirá si mañana hay otro Gobierno?”, se preguntó su portavoz, Sergio Coronado, en velada referencia a que el ultraderechista Frente Nacional llegue al poder.

Frente a la escasa crítica parlamentaria, las protestas han surgido de decenas de asociaciones, el sindicato de la magistratura o la independiente Comisión Nacional de Consulta de los Derechos del Hombre. Para su presidenta, Christine Lazerges, la ley encierra el peligro de caer en “una vigilancia generalizada e indiferenciada”. Se corre el riesgo, dice, de “poner en peligro el Estado de derecho mediante una deriva liberticida”. Incluso el Defensor de los Derechos de Francia, Jacques Toubon, ha difundido un informe en el que expresa sus “reservas”.

Asociaciones como Cuadratura de la Red, 24 horas para 1984, Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras han puesto en marcha estos días diversas iniciativas para protestar y alertar a la ciudadanía. Decenas de parlamentarios recibieron llamadas para que votaran en contra y a Valls le enviaron un documento con 119.000 firmas. Alguna empresa dedicada al almacenamiento de datos informáticos ha amenazado con irse de Francia.

Ante las críticas y dudas, el presidente, François Hollande, en un gesto sin precedentes, enviará la ley al Tribunal Constitucional para su examen.

La interceptación de comunicaciones por parte de los servicios secretos se efectúa al margen de otras escuchas que ordenan los jueces. En 2012, se dictaron órdenes judiciales para realizar 32.000 escuchas, según el semanario L´OBS. En 2013, los espías efectuaron 4.213 intervenciones de ese tipo sin cobertura legal. Ahora lo seguirán haciendo legalmente y, sin duda, de forma mucho más profusa.