La ansiedad cunde en Brasilia

En los largos pasillos del Congreso y Senado brasileños, que comparten un célebre edificio de Óscar Niemeyer, se caminaba esta semana a toda velocidad. Se conocía ya que los presidentes de ambas Cámaras, Eduardo Cunha y Renan Calheiro, están manchados por el mayor escándalo de la democracia brasileña. Guardaespaldas escoltaban a parlamentarios muy serios, invariablemente colgados del móvil, mientras corrían hacia sus vehículos oficiales después de las tumultuosas sesiones de la Comisión Parlamentaria (hasta ahora nada efectiva) que analiza el caso Petrobras. El socavón amenaza con cambiar para siempre la política en Brasil. Solo los bedeles y las limpiadoras parecían tomarse la vida con cierta tranquilidad. “¿Se sabe ya algún nombre?”, preguntaban una y otra vez los periodistas.

A menos de un kilómetro, en el palacio presidencial de Planalto, la ansiedad se instaló hace tiempo: existía la posibilidad incluso de que ninguno de los políticos mencionados en la lista Janot perteneciese al opositor PSDB (que acarició la victoria en las elecciones de octubre), menos dañado por el caso Petrobras. La explosión del escándalo ha producido una extrema tirantez entre el PT de Dilma Rousseff y su principal aliado, el PMDB, grandes víctimas políticas de la investigación por la financiación ilegal a gran escala descubierta en el corazón de la empresa pública considerada hasta hace poco “el orgullo de los brasileños”. Los nervios estaban más que justificados, dado que la investigación se nutre principalmente de confesiones, y fuentes de la investigación insisten confidencialmente en que las pruebas son “sólidas y numerosas”.

Pero mientras la fiscalía era jaleada esta semana por manifestantes, los propios fiscales experimentaban también una subida de tensión: su enfrentamiento con el Gobierno, gravemente afectado, les coloca frente a la mayor prueba de independencia de su historia. La polarización política del país ha obligado incluso a aumentar la seguridad del fiscal jefe, Rodrigo Janot. “Probablemente no contentaremos ni a unos ni a otros”, había dicho esta semana un fiscal a este periódico.

La fiscalía se ha enfrentado además con la CGU (Contraladuría General de la Unión), máximo órgano de control económico estatal, por su intento de cerrar acuerdos de benevolencia con grandes empresas constructoras acusadas (enfoque defendido por la propia Rousseff). La fiscalía solicitó esta semana formalmente que la CGU se abstenga de pactos y acusó indirectamente al Ejecutivo de hacer “apología de la impunidad”. La semana terminó como había empezado, todos pendientes de la lista hasta el último momento, incrementando la tensión incluso en las redacciones de los periódicos. La ocasión lo merecía: como dijo esta semana el juez instructor del caso, Sergio Moro, "es importante la criminalización del lavado de dinero. Un político deshonesto tiene ventajas que un político normalmente no tiene".