Santos advierte a las FARC de que los ataques ponen en riesgo el proceso de paz
En las últimas semanas la guerrilla ha dejando sin luz y agua a varias poblaciones colombianas
A solo ocho días de iniciar su segundo mandato, el presidente Juan Manuel Santos, que ha apostado su carrera política a firmar la paz con la guerrilla de las FARC, salió al paso de quienes pedían una posición más fuerte frente a los recientes ataques que ha perpetrado ese grupo subversivo contra la infraestructura petrolera y energética. “Están jugando con candela y este proceso puede terminar”, fue la advertencia del mandatario al grupo guerrillero que en mayo cumplió 50 años de existencia.
Para el Gobierno no ha sido fácil afrontar la negociación con la guerrilla en medio del conflicto. El propio Santos lo ha reconocido en varias ocasiones. “Yo sabía desde el inicio que iba a ser muy difícil y ha sido difícil y seguirá siendo difícil”, le dijo a EL PAÍS en una entrevista tras ser reelegido. Sin embargo, ahora advierte de que no se puede seguir “indefinidamente” en esta situación, “porque el pueblo colombiano se confunde y no entiende”, dijo el martes frente a un grupo de empresarios.
Aún así, Santos ha recalcado que no habrá un cese al fuego, una posición que ha sido inamovible durante los 20 meses que ya cumplen las negociaciones. “No quiero terminar como un expresidente que ensayó nuevamente un proceso de paz, fracasó y la guerrilla se fortaleció”, fue su argumento en referencia a lo que ocurrió hace más de una década.
En las últimas semanas, las FARC y el Ejército de Liberación Nacional, ELN, la segunda guerrilla del país, han arreciado sus ataques a la infraestructura donde los mayores afectados son cientos de habitantes de pequeños departamentos en varias zonas del país, lo que ha desatado un rechazo generalizado. “Este ataque que hicieron a las torres de energía, que dejó sin luz a Buenaventura, es algo demencial”, dijo el presidente por el apagón que sufre desde el lunes el puerto más importante del país en el Pacífico.
El lunes, las FARC habrían sido las responsables de dejar sin agua potable a 16.000 personas tras dinamitar la tubería que llevaba el líquido a una población en el departamento de Meta, al oriente del país. Días antes, obligaron a cuatro carrotanques que transportaban petróleo a derramar el combustible sobre las vías por las que se desplazaban en Putumayo, al sur. La guerrilla además atentó contra una estación de policía en Arauca, zona fronteriza con Venezuela, en donde murió una niña de tres años, hija de un patrullero.
Desde que comenzaron los diálogos entre el Gobierno y las FARC nunca había habido un pronunciamiento tan fuerte por parte del presidente. Siempre le había dejado las recriminaciones al ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, o al jefe negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, quien hace dos días lamentó el daño ambiental que sufrió Putumayo tras el derrame del crudo, así como escuchar el relato del padre de una niña que murió en sus brazos cuando explotó una granada en Arauca. Para De la Calle, no es justificable que sucedan estos ataques, aunque se esté negociando en medio de la guerra.
En su advertencia a las FARC, Santos les dijo que con estos ataques lo único que logran es que crezca el rechazo generalizado que los colombianos sienten hacia la guerrilla, que en el caso de desmovilizarse buscarían convertirse en un partido político. “Están cavando su propia fosa política”, sentenció el mandatario. Además se defendió de sus críticos, encabezados por el uribismo, que le achacan el deterioro de la seguridad, prueba de ello -dijo- las Fuerzas Armadas han dado de baja a 54 cabecillas guerrilleros.
Hace pocos días, la intensidad de la ofensiva militar contra la guerrilla fue puesta en duda por el general en retiro, Javier Rey Navas, exjefe del Comando Conjunto de Operaciones del Ejército, cuando afirmó en una entrevista al programa Los Informantes, que en las Fuerzas Militares están en un “plan tortuga”, algo que el Ejército desmintió. En febrero de este año, el oficial renunció en medio de un escándalo por una supuesta red de corrupción en negocios dentro del Ejército y también apoyó al candidato del uribismo a la presidencia, Óscar Iván Zuluaga, que ponía como condición para seguir con el proceso de paz que las FARC cesaran toda acción terrorista. Una opción que recibió cerca de siete millones de votos.
Sin embargo, los colombianos le dieron a Santos el mandato de la paz porque aspiran a que esta vez sí se cierre un conflicto armado que ha dejado más de seis millones de víctimas, pero también a que las FARC demuestren que tienen verdaderas intenciones de paz. “Los colombianos esperan que las FARC estén a la altura del momento históricos del país”, dijo hace poco el vocero del Gobierno en La Habana, donde pronto se empezará a discutir el espinoso tema de cómo resarcir a las víctimas.
HRW denuncia que la guerrilla azota a comunidades afros
Tumaco, con cerca de 200.000 habitantes, es uno de los principales centros urbanos en donde se concentra la mayor población de afrodescendientes (89%) sobre el Pacífico colombiano y tal vez la que más está sufriendo el rigor del conflicto armado. Así lo denuncia la organización Human Rights Watch en su último informe, que documenta cómo la guerrilla de las FARC ha cometido toda clase de crímenes entre los que se cuentan asesinatos, desapariciones, reclutamientos forzados, torturas, secuestros, desapariciones, desplazamientos y amenazas, en este municipio fronterizo con Ecuador.
En su informe, publicado este miércoles, HRW hace un recuento de cómo las FARC y otros grupos coparon los espacios que dejaron los paramilitares tras su desmovilización, en especial bandas de narcotraficantes como Los Rastrojos, que se han disputado el control de Tumaco en los últimos cuatro años. “Las FARC ejercen un férreo control sobre la vida de numerosos residentes de Tumaco, que son obligados a guardar silencio mientras la guerrilla instala minas en sus campos, los expulsa de sus hogares y mata a sus vecinos y seres queridos con impunidad”, dijo José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW en un comunicado.
Entrevista a José Miguel Vivanco, por NTN.
La organización asegura que desde fines de 2013, a partir de la lucha de las autoridades por desmantelar a Los Rastrojos, las FARC aprovecharon el espacio que dejaron para empezar a controlar a la población. “Algunos miembros de Los Rastrojos permanecieron en Tumaco —tanto residentes como funcionarios han expresado preocupación ante la posible llegada al lugar de otro grupo sucesor de los paramilitares, Los Urabeños— pero, en este momento, la presencia de las FARC no está siendo disputada por otros grupos armados”, dice el informe.
HRW explicó que entrevistó al menos 90 víctimas de abusos y también examinó datos gubernamentales, encontrando que esta región presenta uno de los niveles más altos de homicidios, desapariciones, violencia y abusos sexuales relacionados con el conflicto armado. Más de 10.000 residentes de Tumaco se han visto obligados a abandonar sus hogares cada año desde 2011. A los desplazamientos se suma el grado de impunidad de estos crímenes: de 1.300 asesinatos cometidos desde 2009 solo 7 han tenido condenas; de las 680 investigaciones por desapariciones y desplazamientos, ninguna ha arrojado resultados.
Para Vivanco, un posible acuerdo de paz con las FARC permitiría mejorar las condiciones de regiones como la de Tumaco. Sin embargo, añade, la guerrilla debe “poner fin a sus graves y reiterados abusos contra la población civil, y el gobierno debe asegurar que se haga justicia por las atrocidades cometidas por todas las partes del conflicto”.
