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El alcalde de Bogotá pide a Santos que se pronuncie sobre su destitución

Gustavo Petro acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si esl presidente colombiano lo autoriza

Los manifestantes en la Plaza Bolívar.
Los manifestantes en la Plaza Bolívar.L. MUÑOZ (EFE)

Ante una multitud que se movilizó para manifestarse en contra de su destitución como alcalde de Bogotá, Gustavo Petro le pidió al presidente Juan Manuel Santos que intervenga sobre lo que considera un “golpe de Estado”. La destitución del regidor podría ser su muerte política puesto que conlleva la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante los próximos 15 años.

“Que el Presidente de la República –para defender la paz en Colombia– salga a defender la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Que salga a defender la Constitución que le asigna a él, y no al Procurador, la destitución del alcalde. Y que salga a defender la ley de la República, la ley de Bogotá”, dijo el mandatario en la noche del viernes en la emblemática Plaza de Bolívar, en pleno centro de Bogotá. Dio su discurso a unas cuadras del palacio presidencial mientras sus seguidores gritaban “¡Petro no se va!”. También instó a Santos a que se pronuncie de manera inmediata sobre el asunto. “Es el momento de actuar, es el momento de hacer la paz”, dijo Petro.

Desde el comienzo de la tarde, miles de ciudadanos se movilizaron desde varias localidades, convocados por el alcalde, hasta llenar por completo la plaza que Petro bautizó como “plaza de la democracia”. Las pancartas con vivas al alcalde y en contra del Procurador General, Alejandro Ordóñez - quien el lunes fue el que anunció su destitución -, tomaron las calles. Allí estaba, por ejemplo, Leonardo Barbosa, quien desde ese día se plantó en la plaza y no la ha abandonado. “Es una arbitrariedad demasiado grande, una decisión arrogante”.

En el discurso del alcalde, que duró dos horas, este afirmó que el procurador Ordóñez violó la ley al destituirlo ya que esa función, según la Constitución de Colombia, solo la tiene el presidente de la República, por ser Bogotá una jurisdicción especial. Además, aseguró que el fallo en su contra es ilegal ya que no ha sido condenado por un juez penal. “Procurador, usted no es un juez”, agregó desde uno de los balcones del Palacio Liévano, sede de la alcaldía, insistiendo en que no se le pueden quitar los derechos políticos a quien ha sido elegido por los electores, en su caso, con más de 700.000 votos.

El alcalde mencionó el Estatuto Orgánico de Bogotá, que también dice que el presidente es quien puede destituirlo, y advirtió que su sanción va en contra de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Petro anunció que si el presidente Santos lo autoriza, la próxima semana se reunirá con el Secretario general de la CIDH atendiendo una invitación de este organismo. “Y empezará su reflexión de la sentencia administrativa que yo considero un golpe de Estado”.

Durante toda la semana, el alcalde de Bogotá - que seguirá ejerciendo su mandato hasta que se ratifique el fallo de la Procuraduría – ha criticado fuertemente a Ordóñez. Este viernes lo acusó, además, de “vaciar las competencias constitucionales al presidente, porque se quiere tirar la posibilidad de la paz”.

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También advirtió a Santos que, con la sanción que le aplicó el procurador Ordóñez, se está enviando el mensaje de que la democracia es “desechable”. “Nos están diciendo que hombres que se alzaron en armas y escogen el camino de la democracia [como es su caso, puesto que militó en el movimiento guerrillero M-19] no pueden gobernar en Colombia”, dijo en referencia al proceso de paz con las FARC, donde uno de los puntos clave es la participación en política de los guerrilleros cuando se desmovilicen.

Desde que se conoció su destitución, Petro ha apostado por movilizar pacíficamente a los bogotanos para que rechacen el fallo que lo sacaría del segundo cargo más importante de Colombia. La movilización del viernes contó incluso con la presencia de la Guardia Indígena, que llegó desde el departamento del Cauca a apoyar a Petro y custodiar la alcaldía de Bogotá. A los que han respondido al llamamiento, Petro los llama indignados y les ha pedido que continúen movilizándose.

Por su parte, Santos aseguró también el viernes - antes de que el alcalde iniciara su discurso - que se reunirá por separado con Petro y con los organismos de control (Procuraduría, Contraloría y Fiscalía) para superar la crisis pero “dentro de la institucionalidad”. Es la primera vez que el mandatario se pronuncia sobre la destitución del alcalde, que ha generado toda una polémica nacional e internacional sobre la facultad de la Procuraduría para inhabilitar a un funcionario que fue elegido popularmente. Santos insistió en que respeta las decisiones de los organismos de control así como el derecho que tiene Petro para defenderse.

La polémica también salpicó al futuro embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, que el miércoles se refirió a la destitución del alcalde diciendo que podría “erosionar” el proceso de paz. Whitaker hablaba de la posibilidad de que algunos sectores concluyan que no se está respetando el pluralismo político, ya que Petro es un líder de izquierda desmovilizado de la guerrilla del M-19. Esto generó molestia en el Gobierno colombiano, que pidió no intervenir en asuntos internos, por lo que el Departamento de Estado aclaró que Whitaker sostuvo “que Colombia tiene una democracia vibrante en la que el pluralismo político es esencial”.

Algo similar ocurrió con el delegado de Naciones Unidas en Colombia, Todd Howland, quien quiso analizar el fallo contra Petro. El Gobierno, a través del ministro del Interior, Aurelio Iragorri, dijo que los organismos internacionales no están para tomar partido. Ahora falta por ver si Santos se pronuncia sobre la cita que ya tiene Gustavo Petro con la CIDH.

La Procuraduría General destituyó este lunes a Petro y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por los próximos 15 años, acusándolo de cometer faltas gravísimas y con dolo cuando intentó el 18 de diciembre de 2012 cambiar el sistema de limpieza de la capital colombiana, quitándoselo a compañías privadas para entregárselo a una pública, lo que generó todo un caos en la recolección de basuras.

La decisión neutraliza además a uno de los más pujantes líderes de la izquierda y un ejemplo de reinserción, ya que Petro se lanzó a la política tras abandonar el movimiento guerrillero M19. En su cuenta de Twitter, el todavía alcalde Bogotá denunció un "golpe de Estado". La medida también ha provocado fricciones entre el Gobierno y la procuraduría y el ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, ya ha anunciado que revisará las leyes que permiten al Ministerio Público destituir funcionarios elegidos por sufragio popular.

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