Francia se queda enganchada al caso Leonarda
Valls promete acelerar la reforma de la política de asilo, mientras la prensa colabora en la intoxicación sobre la familia
El caso de Leonarda Dibrani sigue atrapando a los franceses y a sus medios de comunicación. En plenas vacaciones escolares no se habla de otra cosa, como si un resto de mala conciencia colectiva no se hubiera disipado, o quizá como si alguien hubiera diseñado el asunto con esmero para emprender una especie de reeducación de la ciudadanía, una puesta al día de los valores republicanos y de la izquierda, destinada a hacer comprender a los electores que, como dice Marine Le Pen, Francia no puede seguir gastando tanto en los extranjeros.
La sobreexposición pública del ministro del Interior, Manuel Valls, ayuda a que medios y ciudadanos parezcan incapaces de salir del bucle. Hoy, Valls ha prometido acelerar la reforma de la política de asilo para que en vez de los 20 meses de media que tarda hoy el Estado en resolver las peticiones, tarde como máximo entre seis y nueve meses, reduciendo de paso los recursos, las garantías jurídicas de los solicitantes y las ayudas estatales que se concede a los demandantes mientras dura la tramitación.
El ministro del Interior, Manuel Valls, ha prometido acelerar la reforma de la política de asilo
La filosofía general de la reforma es simplificar los trámites para ahorrar tiempo y dinero. Valls no solo cree que algunos extranjeros, como los gitanos, “no quieren integrarse”, sino que en su entrevista al Journal du Dimanche, dijo una frase que resume su visión del asilo político: “¿Cómo aceptar que la petición de asilo no sea más que un pretexto para quedarse en Francia?”. Hoy, ha matizado que “no se puede confundir el asilo con la inmigración ilegal”.
La vuelta de tuerca, anunciada como una medida humanitaria durante la campaña electoral por François Hollande, debería estar lista antes de fin de año, ya que el Elíseo achaca el ridículo internacional ocurrido con Leonarda y su familia al funcionamiento perverso de la actual política de asilo, y no quiere que se repita un caso semejante.
Lo que parece claro es que el sistema hace aguas por todas partes. Según los datos de la Oficina Francesa de Protección de Refugiados y Apátridas (OPFRA), Francia recibió el año pasado 41.254 demandas nuevas de asilo, elevando la cifra global de casos pendientes a 61.468 personas, y concedió el estatuto de refugiado a 4.348 personas, rechazando 41.672. Los 27 socios de la UE recibieron más de 330.000 nuevas peticiones de asilo en 2012.
En el caso Loanarda, la gestión fue más larga de lo normal, y duró cerca de dos años. Aunque el coste para las arcas estatales fue limitado. Según los cálculos del diario conservador Le Figaro, los ocho miembros de la familia Dibrani recibieron 12.000 euros de ayudas oficiales durante los cuatro años y diez meses que residieron en Francia. Dividiendo esa cantidad por 58 meses, da un total de 206,89 euros mensuales, es decir 25 euros mensuales por cada miembro de la familia.
Pero el título de Le Figaro es “Una familia muy ayudada por el Estado”, y muchos franceses tienen la impresión de que los Dibrani –sobre cuya vida privada el ministerio del Interior y la prensa nacional han publicado hasta el mínimo detalle, incluida la larga lista de ausencias escolares de Leonarda el último mes- se aprovecharon del sistema.
Irónicamente, lo que de verdad le resultó caro al Estado francés -y a la familia- fue su deportación a un país, Kosovo, cuya lengua solo habla el padre, el único de los ocho que nació allí ya que los demás nacieron en Italia y en Francia.
Según un informe del senador de la UMP Pierre Bernard, el coste medio de las repatriaciones en 2008 se elevó a 20.970 euros por persona. Con las subidas de la gasolina y de los precios de los billetes de avión, y la participación de varios policías y de al menos dos coches en la operación salida desde Lyon a Pristina vía Alemania, el viaje sin retorno de los ocho Dibrani debió ser caro, aunque según Interior solo le costó al erario público 11.800 euros. La cifra contrasta con las que ofrece el Tribunal de Cuentas, que calcula que cada expulsión cuesta 14.500 euros, o 18.000 si se cuenta el coste de los recursos administrativos y judiciales.
Eso, sin contar los 10.000 euros que el prefecto de Doubs ofreció a la familia para repatriarla como ayuda al retorno (los Dibrani rechazaron la oferta), y los costes –estos sí asumidos- de casi un lustro de escolarización y sanidad que Francia puso a disposición gratuita de estos gitanos sin patria que no querían integrarse.
