Perú sigue sin esclarecer qué pasó en el enfrentamiento de Bagua en 2009
Sale a la luz una nueva investigación sobre el enfrentamiento entre indígenas y policías en el que murieron 33 personas
Pedro Tiwi Jempe, un indígena de la selva norte de Perú acusado de la muerte de policías, falleció el pasado sábado. Las causas fueron las secuelas de una herida de lanza que le hicieron cuando defendía a los agentes retenidos en una instalación estatal durante el paro amazónico de 2009. Desde entonces, una orden de detención pesaba sobre Tiwi, pero el dirigente prefirió no acudir a un puesto médico y vivir escondido. Su caso fue mencionado en la presentación de una investigación exhaustiva sobre el enfrentamiento del 5 de junio de 2009 en Bagua (departamento de Amazonas) que tuvo como saldo 33 muertos, entre policías e indígenas. La tragedia fue el epílogo de una lucha de las etnias awajún y wampis contra los decretos que modificaban el acceso a la tierra y sus recursos y para los que no fueron consultados.
La violencia causó entonces tal impacto que por primera vez el Gobierno y la élite de Perú notaron cuán postergadas estaban las organizaciones y las comunidades de la Amazonía. Pese a los varios reportes sobre el Baguazo, los hechos no están suficientemente esclarecidos pues han desaparecido pruebas y ninguno de los procesos judiciales ha concluido. Los que más han avanzado son los de imputaciones a los indígenas. Los expedientes de los políticos y los agentes policiales se mueven más lento, aún.
Pasados cuatro años, el abogado Roberto Guevara ha publicado el libro Bagua: de la resistencia a la utopía indígena. La ‘Curva del diablo’ y la lucha de los pueblos amazónicos en el siglo XXI. Se trata de la novena versión de lo ocurrido, e incluye importante documentación oficial sobre el operativo policial para desalojar a nativos que habían bloqueado una carretera en el punto denominado Curva del diablo. Los tres primeros informes de lo ocurrido fueron elaborados por el relator de pueblos indígenas de la ONU, Amnistía Internacional y la Federación Internacional de Derechos Humanos. Otro lo elaboró la Defensoría del Pueblo. Luego hubo un informe en mayoría y otro en minoría de una comisión investigadora del Congreso, y por último el reporte de la Comisión Especial para investigar y analizar los sucesos de Bagua, formada por el Gobierno aprista. Un par de miembros de ese grupo discreparon con gran parte del documento y elaboraron otro informe en minoría meses después, con sus propios recursos.
El autor califica el desalojo de “negligente” pues llegaron menos policías que los anunciados y los fiscales aparecieron dos horas tarde por error. Pero también asegura que la víspera los manifestantes habían pedido a la policía unas horas para irse al día siguiente por sus propios medios y así evitar la confrontación los gases lacrimógenos y los disparos de los fusiles AKM.
Guevara ha publicado el texto como profesional independiente pese a que es el jefe de la oficina de la Defensoría del Pueblo en Amazonas desde 2003. Su libro constata además que, desde 2002, los Gobiernos peruanos incumplen los compromisos que han firmado cada vez que encaraban una medida de fuerza de los ciudadanos en la Amazonía.
“Como nunca fueron atendidos sus peticiones con documentos, entendieron que la única manera de hacerse escuchar era tomando carreteras y haciendo paros. Desde entonces, llegaban comisiones de alto nivel y levantaban el paro creyendo en la palabra de un representante del Gobierno. Pero en 2003 hubo paros por el cumplimiento del acta de 2002; y en 2004 por los acuerdos de 2002 y 2003. Eso se llama engaño, aunque así han conseguido sus puentes, su hospital, su agencia agraria”, relató Guevara en la presentación de su obra.
El paro amazónico contra los decretos legislativos que facilitarían la entrada de empresas privadas en territorio indígena empezó en abril de 2009. En mayo, el Gobierno decretó el estado de emergencia en la zona para presionar a los manifestantes a desbloquear las carreteras en varios departamentos. Guevara califica la medida como un error porque los indígenas la interpretaron como un ataque, e incluso no entendían la situación de excepción. En ese lapso, en Lima, los líderes de organizaciones amazónicas buscaban diálogo con el Gobierno, pero no llegaba a concretarse.
El jueves 4 de junio de 2009, el Congreso debía votar la derogatoria de los decretos -calificados como inconstitucionales por una comisión parlamentaria que los evaluó y por la Defensoría del Pueblo-, pero decidieron postergar la votación. Según los manifestantes que se encontraban en la Curva del Diablo siguiendo esa noche la sesión del Legislativo, hubo mucha decepción y acordaron el retiro del lugar al día siguiente, después de semanas de desgaste sin resultados. La madrugada del viernes 5 se produjo el desalojo y la tragedia en la carretera y, horas más tarde, en una estación de petróleo un grupo enardecido asesinó, por venganza, a once policías, al enterarse de las muertes de nativos en la vía y de desapariciones no confirmadas hasta hoy.
“Los resultados del conflicto amazónico del 2009 se produjeron como consecuencia de la ineficacia y la incapacidad del Estado para atender las demandas de los pueblos indígenas; la presencia de un Poder Ejecutivo renuente a los llamados de las autoridades locales y representantes de las organizaciones indígenas de Amazonas”, añade Guevara. El autor también documenta el ineficiente trabajo de inteligencia de la Policía Nacional en esa ocasión y hacer referencia a los ascensos posteriores al operativo del 5 de junio: solo los lograron los policías de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales, pero dejaron fuera a los agentes de las comisarías locales que también participaron en las acciones en aquella ocasión, lo cual produjo resentimiento entre miembros de esa institución.
