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EE UU y Cuba: cambio de tercio

Para los intereses de la Administración de Trump no es tolerable ayudar a pagar un régimen como el que lidera Raúl Castro

Un cubano luce en La Habana una camiseta con la bandera de EE UU.
Un cubano luce en La Habana una camiseta con la bandera de EE UU. AFP

Una vez más, el poder político de Florida le ha vuelto a ganar el pulso sobre Cuba al lobby de los inversionistas y partidarios de la "normalización total". Un cambio significativo: hasta ayer mismo, muchos no creían que el presidente Trump, campeón de la libre empresa, rendiría su oído -y su poder ejecutivo- a los argumentos del "exilio duro" cubanoamericano, impotente ante la indiscutible popularidad de la política cubana de la anterior administración demócrata.

Puede o no lamentarse, pero bien visto, la desastrosa Administración actual ha dado esta vez un paso coherente con las demandas de sus valedores electorales.

Detrás de la lucha entre "liberalizadores" y "reaccionarios", entre la "nueva mentalidad" y los "defensores de la Guerra Fría" subyace una oposición de la que se habla menos: entre aquellos que, con tal de que en Cuba algo se moviera, estuvieron dispuestos a incentivar un capitalismo de Estado controlado por el aparato militar, y quienes ven con recelo que por medio del turismo masivo y la apertura de mercados se financie a los mismos militares encargados del control y la represión en la isla. Es el precio a pagar, pensaron Ben Rhodes y el resto de los asesores de Obama. Sus buenas intenciones bastaron para erigir un monumento a una sociedad civil casi inexistente y esbozar el sueño efímero de un país donde los jóvenes podían llegar a ser prósperos empresarios independientes y desafiar el statu quo. La realidad es que, dos años después, el raulismo ha conseguido controlar el peligro que representó la apertura y ahora maniobra para que las medidas de apertura beneficien sobre todo a su maquinaria político-económica, repartiendo apenas migajas entre los llamados "cuentapropistas".

Las medidas que se acaban de anunciar dejan claro que para los intereses norteamericanos no es tolerable ayudar a pagar un régimen que, con Raúl o sin él como cara visible, seguirá en el poder desde un Partido Comunista antidiluviano, y continuará impidiendo cualquier conato de sociedad democrática. Un simple repaso demuestra el incremento de la represión en estos últimos años de "normalidad", desde expulsiones de la Universidad por motivos ideológicos hasta penas de prisión por derechos humanos elementales. Son diarias las noticias de arrestos de opositores, negativas de viaje, chantajes, palizas y secuestros en plena calle. Quienes defienden que una apertura económica y relaciones normales de cooperación conseguirán acabar con casi seis décadas de autoritarismo han tenido un tiempo para probar su tesis. El resultado, ha decidido el nuevo presidente norteamericano, no es satisfactorio. Hace falta "a better deal".

El Estado cubano quiere llevarse la mejor tajada y no ha dictado una sola medida de apertura real en el último año para que la situación no se le vaya de las mano

No hay muchas esperanzas de que ese "trato" llegue a concretarse. El régimen cubano buscará el dinero en otra parte, incluso si la crisis en Venezuela recorta sus previsiones inmediatas. Por otra parte, ¿cómo armar una estrategia que impida transacciones financieras con un emporio de las Fuerzas Armadas que controla el 60% de la economía cubana, a través de una intrincada red de bancos, filiales y subsidiarias, al frente del cual Raúl Castro ha puesto a su yerno? En Cuba, GAESA está por todas partes: en el lucrativo turismo, claro, pero también en la restauración, en el cambio de divisas y en sectores como la construcción, telecomunicaciones, comercio interior, defensa, energía, turismo, minería y sideromecánica.

GAESA es el núcleo del poder económico que sostiene el aparato político cubano, y para detectar cualquier competidor que ponga en peligro su monopolio sobre los sectores más rentables tiene a todos los auditores estatales a su disposición. Así, cuando el vicepresidente Marino Murillo advierte desde un estrado que "no se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza" está hablándole a aquellos a los que Obama y sus asesores pretendían "empoderar". Para ellos también se han dictado decretos en los últimos meses: suspensión de nuevas licencias a restaurantes privados, guerra y competencia desleal del Estado contra a los boteros o taxistas privados, acoso fiscal, sindicalización forzada en organismos gubernamentales, guerra abierta contra quienes pretenden vender café y tabaco directamente a EE UU sin pasar por la mediación del Gobierno, etcétera.

El Estado cubano quiere llevarse la mejor tajada y no ha dictado una sola medida de apertura real en el último año para que la situación no se le vaya de las manos. Sigue cobrando tarifas abusivas por una conexión limitada a Internet, no amplía la lista de trabajos permitidos, importa obreros de la India porque son más "productivos", mantiene un esquema de doble moneda que genera inflación, ha empezado a regular el mercado inmobiliario... Es fácil para los inversionistas norteamericanos, ansiosos de nuevos mercados, ignorar todo esto y pagar un precio que siempre será inferior al beneficio bruto. Pero pretender que con esas inversiones se está "democratizando" o "empoderando" a la sociedad cubana es, a todas luces, una exageración.

La llamada "línea dura" de la política cubanoamericana tiene a su favor la reciente situación en Venezuela: lo que allí está pasando quizás también tenga que ver con cierta política de "apaciguamiento" y el intento de Obama de "normalizar" a un castrismo autocrático para ganar influencia en la región. No parece haber funcionado esa estrategia. Detrás de Nicolás Maduro y su salvaje represión hay muchos intereses cubanos. Es lógico que el Gobierno de Trump no quiera seguir financiando semejante estado de cosas con los 284.937 turistas norteamericanos que llegaron a Cuba en 2016 (un 74% más que el año anterior) y el medio millón anunciado para este año.

Ante la previsible retirada de inversionistas norteamericanos, los mercados españoles saltarán de alegría. Hay nuevo embajador en La Habana, se prepara una inminente visita de Estado, y hace apenas unos días una inmobiliaria española, el Grupo Financiero Urbas, firmó un acuerdo para construir seis campos de golf y seis hoteles de lujo en la isla con una inversión de 350 millones de euros. Llevaban meses en trámite, y de pronto llegó la aprobación oficial del Estado cubano. Parece algo más que un guiño.

Ernesto Hernández Busto es ensayista (premio Casa de América 2004). Es autor de La ruta natural (Vaso Roto) y Diario de Kioto (Cuadrivio), entre otros libros.

 

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