Más verde, más agua
Los Fondos de Agua aspiran a beneficiar a unos 80 millones de personas en América Latina en 2020 a través de inversiones en infraestructuras naturales
Los Fondos de Agua utilizan la naturaleza para ayudar a asegurar la disponibilidad, tanto en cantidad como en calidad, a largo plazo de este elemento en su estado potable en algunas de las ciudades de mayor riesgo hídrico del continente. Estos mecanismos de impacto colectivo, lanzados en Quito en 2000 y que cuentan ya con 20 programas en América Latina, contraponen la inversión en la protección y restauración de los bosques, pastizales y humedales frente a la respuesta convencional basada en obras, dirigiendo su atención hacia el gran olvidado en las políticas de gestión de este recurso: el ecosistema acuático que soporta los servicios de agua.
En América Latina, 34 millones de personas carecen de agua potable, pese a que la región alberga un tercio del agua dulce del mundo, debido al cambio climático, la deforestación, las prácticas de agricultura y ganadería no sostenibles y la contaminación. La meta para 2020 de la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua —una estructura que brinda asistencia técnica y financiera para la creación y el fortalecimiento de estos mecanismos— es formar y consolidar 40 de estas iniciativas en la región para beneficiar a aproximadamente 80 millones de personas.
"El ciclo, entendido desde el nacimiento de este elemento hasta su potabilización, distribución a las ciudades y recolección, comienza en la fuente de agua, pero no siempre se comienza a trabajar desde allí", explica Hugo Contreras, que en cuanto director de Seguridad Hídrica de The Nature Conservancy, uno de los miembros de la Alianza, tiene la responsabilidad de diseñar la estrategia de agua en la región latinoamericana y liderar su implementación en diferentes países.
"Los tres objetivos grandes son reducir los sedimentos que llegan al agua y que la contaminan, mejorar la cantidad y regular los flujos para que en las épocas de sequía el sistema natural siga produciendo agua y en época de lluvia sirva como una barrera que evite daños físicos a las ciudades", sostiene el experto.
La iniciativa identifica de manera científica cuáles son las funciones que debe cumplir la cuenca en términos de servicios ecosistémicos para el agua y trata de recuperarla a través de acciones como la revegetación, reforestación, protección de ríos —ya sea con barreras naturales o artificiales para evitar que los animales que pastan en la zona los contaminen— o mejorar las prácticas de agricultura y ganadería.
En América Latina, 34 millones de personas carecen de agua potable, pese a que la región albergue un tercio del agua dulce del mundo
El primer fondo, puesto en marcha en Quito en 2000, se inspiró en una experiencia de los años 90 en Nueva York, cuando la ciudad decidió proteger sus fuentes de agua con el objetivo de reducir los costes de tratamiento y evitar inversiones en nuevas plantas. El verdadero despegue de la iniciativa fue en 2011, cuando The Nature Conservancy se alió con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Mundial para el Medio Ambiente y la Fundación Femsa para invertir durante cinco años en la identificación, creación y consolidación de Fondos de Agua en toda la región.
La viabilidad económica de esta iniciativa se basa, por un lado, en un capital semilla y, por otro, en una financiación específica para proyectos especiales dirigidos a conseguir uno o más objetivos en una cuenca, además de modalidades sostenidas, como pagos mensuales a partir de las tarifas que incumben a los usuarios del agua, que se vinculan a la financiación de proyectos o al pago de compensaciones por daños ambientales. Los usuarios pagan a cambio del producto que reciben (agua limpia), mientras que los fondos cubren los gastos de la conservación de los bosques alrededor de ríos y lagos.
Contreras cree que la sociedad todavía no es plenamente consciente de su deber de pagar por los servicios que proporcionan los ecosistemas acuáticos como vía para generar los recursos necesarios para su conservación. "Hay ciudades que se preocupan por cuidar sus fuentes naturales de una manera más clara, pero hay otras que están un poco más atrasadas en este sentido. Sao Paulo, por ejemplo, se enfrentó a una grave sequía en los últimos años y fue hasta ese momento que se dio cuenta de que había mucho trabajo por hacer en la conservación de la cuenca. Quito, por el contrario, no fue hasta ese momento cuando se percató de que tenía que trabajar en la conservación del agua, igual que Medellín o Ciudad de México, que empieza ahora a hacer un trabajo de conservación para una cuenca de un tamaño muy importante. Las ciudades siempre tienen una elección: pueden decidir si conservar o no sus fuentes de agua. Me parece que el dinero es secundario una vez que optan por hacerlo", explica.
Las tres metas principales de esta iniciativa son reducir los sedimentos, mejorar la cantidad y regular los flujos de agua
Contreras destaca que, además de los recursos financieros, lo que se necesita es gobernabilidad. Los Fondos, en su opinión, contribuyen a fomentar esta componente, porque reúnen a los principales actores involucrados en la cuenca —privados y públicos—, para decidir juntos cuáles son las acciones a largo plazo que deben emprenderse para mejorar la condición de las fuentes. "Esto también ayuda a hacer muy claros y transparentes a las autoridades y a las ciudades cuáles son los límites que tienen para el uso del agua. A fin de cuentas la sustentabilidad implica un balance entre el recurso existente y el que se toma", agrega.
"Una de las razones por las cuales hemos fallado en la gestión de nuestros recursos hídricos es que hay vacíos en términos institucionales y regulatorios. Un segundo componente que nos falla es de mercado. Las ciudades tienen diferentes fuentes para hacerse con los recursos. Algunas deciden asignarlos para construir carreteras o parques, pero muy pocas veces la conservación de la cuenca se muestra con frecuencia en los portafolios de alternativas. Lo que pretendemos con la Alianza Latinoamericana de Fondos de Agua es hacer que la idea de conservación y el manejo de la infraestructura natural como un elemento necesario para la seguridad hídrica se muestre prominentemente en las políticas públicas y en las prácticas corporativas de los actores más importantes de la región que están gestionando agua", dice.
Cada uno de los Fondos actualmente en función en América Latina y el Caribe cuenta con sus características, desde el papel de los actores locales implicados, al modelo de gestión elegido y los objetivos concretos. El de Sao Paulo, por ejemplo, tiene como fundamento la protección de las cuencas que dan agua a la ciudad y su principal objetivo ambiental es la reducción de sedimentos. El de Monterrey aspira a proteger a la ciudad de fenómenos meteorológicos como el huracán que ocasionó importantes daños en 2010, y cuenta con una presencia muy importante del sector privado.
Para Contreras un elemento muy importante es el componente de gobernabilidad que aportan los Fondos a la gestión del agua
El caso de la restauración del río Rímac —que proporciona agua a la región metropolitana de Lima— es ejemplar, según Contreras. "Está marcando el inicio de una tendencia fuerte de incorporar la responsabilidad de la gestión de cuenca a los usuarios. La empresa de agua ya está generando los recursos necesarios para la conservación y está en este momento en un debate sobre si puede destinar recursos para invertir en la cuenca. Nosotros creemos que sí, que existen los instrumentos legales, pero más allá de que estén presentes o no, nos parece que es un tema de enfoque cultural. Los ingenieros de la empresa de agua siempre han hecho tubos, plantas, acueductos… Está bien, son necesarios, pero nunca se ha complementado este portafolio de inversiones con acciones de protección de la infraestructura natural. Es una cuestión de tiempo para que el mecanismo sea operativo, rinda cuentas y sea eficiente". El directivo de The Nature Conservancy destaca que esta tendencia está tomando forma también en Costa Rica, el estado de Santa Catalina —en Brasil—, y otros lugares donde ya hay interés por incorporar los costos de conservación en la tarifa o en los mecanismos de recolección de recursos públicos.
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