Chantaje al Estado

Las guerras entre policías son uno de los cánceres que sufren las democracias y España se ha visto envuelta en un conflicto de esas características, que el Gobierno anterior toleró y hasta alentó. El comisario jubilado José Manuel Villarejo y un grupo de policías y periodistas de su órbita han desenterrado viejas historias que afectan al rey Juan Carlos y al Centro Nacional de Inteligencia (CNI), mientras sugieren que les sobra arsenal con el que hacer temblar a las instituciones. Villarejo tiene un interés directo en este asunto, que es el de protegerse contra una imputación judicial por el caso conocido como el del Pequeño Nicolás.

Este comisario recibió el máximo apoyo del anterior responsable de Interior, Jorge Fernández Díaz, y del entonces director adjunto operativo, Eugenio Pino, sobre la base de los “importantes servicios para el Estado” prestados por aquel, que no explicaron. Se sabe que el origen del problema es el grupo de policías patrióticos que se ofreció o fue requerido para fabricar dosieres contra personajes públicos de Cataluña. Una trama en cuyo centro se situaba aparentemente Villarejo, apoyado por un grupo de policías instalados en altos cargos y que posteriormente quedó enfrentado a otros. De esas presuntas actuaciones irregulares surgieron fiascos como la acusación al entonces alcalde de Barcelona, Xavier Trias, de tener una cuenta bancaria en Suiza.

Sin embargo, el exministro del Interior pareció perder el control de la situación al sufrir la grabación de una conversación con el jefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, una vez más en busca de materiales contra el independentismo. Se ignora quién grabó exactamente ese encuentro, pero se sabe que fue una intromisión realizada con la suficiente impunidad como para convertir en inseguro el despacho oficial del responsable de la seguridad interior de España. Extrañamente, el Gobierno no ha tenido interés alguno en explicar lo sucedido a la opinión pública, pese al escándalo.

Lo primero es comprobar si el desentierro de viejas historias y la sugerencia de que se puede amenazar con más madera se trata efectivamente de un chantaje. En caso de que en las informaciones puestas ahora en circulación haya algo que investigar, que se investigue. Pero el Estado no puede dejarse chantajear por parte de antiguos servidores como Villarejo, al que se le ha permitido compaginar sus negocios privados con las atribuciones que le daba el uso de placa y pistola.

Los ciudadanos deben saber que la policía está para protegerles y no para enzarzarse en luchas paralelas. Indiscutiblemente las operaciones paralegales en Cataluña han sido un desastre. Hay que desacreditar y desarticular toda la estructura para que no se convierta en una máquina de chantaje.