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Desigualdad e inclusión en las universidades latinoamericanas

Chile. Joven presa en manifestación estudiantil en defensa de la educación pública. Foto: Mario Ruíz (EFE)

Por, Manuel Alfieri, Agenda Igualdad / CLACSO.

Arturo es chileno, tiene 27 años y quiere estudiar antropología, pero no puede hacerlo en su país porque no tiene suficiente dinero. Valeria, tiene 21 y nació en Colombia. Está decidida a entrar en la carrera de comunicación social, pero no cuenta con el puntaje necesario. Suzan, una brasileña de 32 años, ya se cansó de fracasar en el examen de ingreso para la carrera de medicina, donde sólo hay muy pocas vacantes por año. Los tres probarán suerte en otro sitio, muy lejos de casa.

Los casos de Arturo, Valeria y Suzan grafican una situación recurrente en América Latina: la enorme desigualdad en las oportunidades de acceso a la educación superior, que excluye a miles de jóvenes del sistema universitario o los obliga a abandonar tempranamente sus países de origen para poder cumplir el sueño de formarse profesionalmente.

Chile, Colombia y Brasil

Los altos niveles de desigualdad educativa en Chile han sido motivo de intensos conflictos y debates en el país. Allí, la mayoría de las universidades son privadas e, incluso las públicas, exigen que los estudiantes paguen altas sumas de dinero para poder estudiar. Arturo Javier Farías Correa es uno de ellos. Sin posibilidades de estudiar en su país, el joven chileno emigró a la Argentina. En diálogo con Agenda Igualdad, explica que, “sacando cuentas, vivir y estudiar en Buenos Aires, con todo lo que eso incluye, es lo mismo que pagar una carrera en Chile”.

Pero las barreras no son sólo económicas. Una vez que terminan el secundario, los estudiantes chilenos deben realizar la llamada Prueba de Selección Universitaria (PSU). “Dependiendo del puntaje que saques en la PSU, puedes estudiar una determinada carrera. La carrera a la que quería ingresar, antropología, pedía un puntaje muy alto y las matrículas eran muy pocas, por eso no había posibilidad de que estudiara ahí”, dice Arturo, que emigró a la Argentina y estudia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde además consiguió trabajo como empleado de la cafetería.

En el caso chileno, las instituciones que matriculan a los estudiantes con mejores puntajes reciben financiamiento estatal a través del denominado Aporte Fiscal Indirecto (AFI). Se trata de un sistema diagramado en los años del pinochetismo, con resultados preocupantes en la actualidad: la tasa de matriculación universitaria es casi tres veces más alta dentro de los sectores económicos más ricos que en los sectores más pobres.

El movimiento estudiantil chileno realizó durante los últimos años masivas manifestaciones para protestar contra las intensas desigualdades del sistema educativo. La fuerza de su reclamo decantó en una incipiente reforma impulsada por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, dicha iniciativa, que plantea la gratuidad universal en la educación para terminar con el fin al lucro y mejorar la calidad en la enseñanza, presenta avances demasiado lentos, según sostienen las federaciones estudiantiles. Como parte de la reforma chilena, en marzo pasado, unos 150 mil jóvenes de bajos recursos entraron a distintas universidades estatales y privadas sin costo alguno.

El sistema brasileño es otro de los más restrictivos dentro de la región. En el país funciona todavía el llamado “examen vestibular”, creado en 1911 y mediante el cual algunas universidades seleccionan sus alumnos. El sistema ha sido substituido progresivamente por Examen Nacional de Enseñanza Media (ENEM), elaborado por el Ministerio de Educación y que nacionaliza el proceso de selección a la enseñanza superior. Los “vestibulares” son procesos selectivos institucionales, mientras que el ENEM establece un puntaje general, para todo el país, mediante el cual las universidades (públicas y privadas) que adhieren al examen pueden seleccionar a sus alumnos. Naturalmente, las mejores instituciones universitarias exigen los puntajes más altos.

Suzan Niz Muzzi explica algunas de las complejidades del sistema: “uno tiene que hacer una única prueba de ingreso para la que estudia durante algunos años. El curso preparatorio sale unos mil reales mensuales (300 dólares) y, así y todo, no te asegura el acceso a la universidad. Las vacantes son muy pocas, entre 50 y 80 por curso, y, en algunos, son más de 20 mil personas las que quieren ingresar”, explica la joven brasileña, nacida en Minas Gerais.

Hace dos años, Suzan llegó a Buenos Aires para estudiar en la Facultad de Medicina de la Fundación Barceló, una institución privada. Al no contar con un empleo registrado ni con familiares en el país, debió alquilar un departamento por 15.000 pesos argentinos (1.000 dólares), tres veces más caro que lo que abona cualquier inquilino nativo. Así y todo, sostiene que el costo de vida es menor que en Brasil. “En mi país, un curso de medicina en una buena universidad privada cuesta 6.000 reales mensuales (cerca de 2.000 dólares), por lo que termina siendo más barato estudiar en Argentina, aun pagando un alquiler altísimo”. Las universidades públicas brasileñas, a diferencia de las chilenas, son gratuitas. También, como en Chile, algunas de ellas son las que poseen los mejores niveles académicos. Sin embargo, para los más pobres, ingresar en los cursos universitarios más disputados se ha vuelto una tarea titánica con limitadísimas posibilidades de éxito.

En Colombia, la situación es paradójica. Si bien el sistema universitario crece a ritmo acelerado, las desigualdades entre los ricos y los pobres son notorias. Entre 2005 y 2010 hubo 400 mil nuevos alumnos en las aulas, pero la brecha de acceso a la universidad entre las clases más altas y las más bajas se amplió un 80%. “Este hecho se debe a que los estudios superiores son costosos, por lo que se requiere de altos ingresos (…) con los que no cuentan la inmensa mayoría de la población”, asegura el informe Educación Superior en Iberoamérica, del Centro Interuniversitario de Desarrollo (CINDA).

Valeria Monedero Hinojosa sufrió la desigualdad en carne propia, no sólo por motivos económicos sino por la existencia de un sistema de ingreso muy similar al chileno. “Cuando estás en el último año del secundario te toman un examen de todas las materias. De acuerdo a eso, te sitúan en un determinado puesto entre otros miles de estudiantes que hacen la misma prueba. En mi caso, ocupé un buen puesto a nivel nacional, pero no me alcanzó para entrar a estudiar comunicación en la Universidad del Valle, donde había sólo 50 vacantes”, cuenta la joven, que luego de la frustrada experiencia se postuló para la carrera de bellas artes y el resultado fue el mismo: quedó afuera.

Sin desistir de su sueño, Valeria se animó a dejar su tierra natal y comenzó a estudiar comunicación social en la Universidad de Buenos Aires.

Argentina: refugio académico latinoamericano

Impedidos de estudiar en sus países de origen, miles de jóvenes latinoamericanos encuentran en la Argentina una suerte de refugio. Allí, a diferencia de lo que ocurre en Chile, Brasil o Colombia, no hay exámenes de ingreso ni cupos máximos por carrera. La única condición impuesta por la ley es que las personas cuenten con título secundario. Las universidades públicas son, además, completamente gratuitas.

Durante los últimos años, y con mayor intensidad en la última década, las oportunidades educativas en Argentina crecieron gracias a la llamada “regionalización de la oferta”; es decir, la creación de instituciones universitarias en las provincias y en distintas localidades del populoso Gran Buenos Aires. Es el caso, por ejemplo, de la Universidad Nacional de Chilecito, en La Rioja; la Universidad Nacional de Río Negro; y la Universidad Nacional Arturo Jauretche, en el partido bonaerense de Florencio Varela.

El objetivo fue federalizar la oferta para que la educación no quedara reducida al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. A fines de 2013, en todo el país había 121 instituciones universitarias: 57 estatales y 64 privadas. El año pasado, el Ministerio de Educación informó que, en algunas de las nuevas universidades públicas del país, casi el 90% de los estudiantes constituían la primera generación de universitarios en sus familias.

Sin embargo, y como ocurre en el resto de la región, la desigualdad también está presente en Argentina. Así lo sostiene la reconocida especialista Ana García de Fanelli en el informe Inclusión social en la Educación Superior argentina, del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES). Allí, explica que, aunque “los indicadores cuantitativos muestran una cobertura alta” y la desigualdad es menor que en otros puntos de América Latina, todavía “persiste una brecha significativa en la participación según el ingreso del hogar” y las tasas de abandono son altas “entre los jóvenes de menor nivel socioeconómico”.

A pesar de los límites del sistema universitario argentino para volverse más igualitario y mantener su calidad, los criterios de acceso abierto y la histórica defensa de la gratuidad como un principio central de la política pública en el nivel superior, lo han transformado en la referencia preferida de buena parte de los miles de jóvenes latinoamericanos que migran para poder formarse.

Una situación que podría comenzar a cambiar desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia del país. Después de todo, fue Macri quien, en la campaña electoral y nada menos que en la propia Universidad de Buenos Aires, sostuvo: ¿Qué es esto de universidades por todos lados? (…) ¡Basta de esta locura!.

¿Qué está pasando en Latinoamérica?

Durante los últimos años, América Latina experimentó un fenomenal aumento en la cantidad de alumnos que ingresan a la educación superior. Asociada al crecimiento económico y a las efectivas políticas sociales desarrolladas en la región, la tasa de personas que estudian en el nivel universitario pasó del 10% en 1970 al 40% en 2011, según datos de la UNESCO. Desde entonces, ha seguido creciendo. Un contexto que explica el boom de apertura de universidades públicas y privadas, profesorados y centros de formación terciaria, entre otras instituciones. Hoy, son más de 10 mil instituciones en toda la región.

Sin embargo, el ingreso a la universidad sigue siendo sumamente restrictivo en la mayor parte de los países latinoamericanos y afecta especialmente a los sectores más pobres de la población. Eso, al menos, es lo que sostienen distintos organismos internacionales, como la CEPAL, que en su informe sobre Educación y desigualdad en América Latina señala que el “acceso a la educación postsecundaria está reservado a una porción relativamente pequeña de los jóvenes” de la región: cada 27 personas de clase alta, apenas una de clase baja logra recibirse. Del mismo modo, el informe Educación Superior en Iberoamérica, del CINDA, agrega que más del 50% de la población con ingresos altos logra entrar a la universidad, mientras que, cuando se trata de sectores más pobres, el número se reduce al 5%.

Las altas tasas de desigualdad del continente se reflejan también en el sistema educativo y, particularmente, en el más alto y competitivo nivel de enseñanza.

Pablo Gentili, sostiene que “América Latina tiene un arrastre de exclusión, un acumulado de discriminación en el ámbito educativo, que es inmenso. Pasaron casi cien años de la reforma universitaria que comenzó en Córdoba y que pensó un modelo universitario más inclusivo, más democrático, como un espacio de socialización del poder para las clases populares, pero aún hoy sigue habiendo una enorme exclusión de los más pobres en las instituciones de educación superior”.

Hugo Aboites, rector de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y ex integrante del Grupo de Trabajo Universidad y Sociedad de CLACSO, afirma que la desigualdad educativa responde a problemas sociales de fondo y que, al igual que “la inequitativa distribución del ingreso, las condiciones de marginación, subordinación y exclusión de las mujeres y de los pueblos originarios”, tiene “un impacto directísimo en las posibilidades de grandes sectores de la población de ingresar, permanecer y concluir los distintos niveles educativos”.

Aboites destaca aquellos problemas “relacionados directamente con el sistema mismo de educación superior”. Entre ellos, “la falta de políticas de gratuidad y de apoyo económico (becas) a quienes tienen mayores necesidades, el uso de exámenes de selección y la rigidez del diseño académico que dificulta el acceso y permanencia de aquellos que trabajan o tienen otras ocupaciones”. Algo que es particularmente grave en algunos de los países más desarrollados de la región, como los citados Chile, Brasil y Colombia.

Los especialistas consultados por Agenda Igualdad coinciden en afirmar que la tasa de matriculación universitaria latinoamericana no podría haber crecido a un ritmo tan acelerado si no hubiera sido gracias a las políticas implementadas por los gobiernos progresistas que se expandieron por la región durante los últimos 15 años. El crecimiento de las oportunidades de acceso al sistema universitario ha estado asociado, en América Latina, al abandono de las políticas neoliberales y de privatización de los espacios públicos que promovieron, entre otros, países como Brasil, Argentina, Uruguay, Bolivia, Ecuador y Venezuela, todos ellos con una expansión del sistema superior verdaderamente impresionante. En Brasil, durante los mandatos de Lula da Silva y Dilma Rousseff, se llegó a duplicar, en menos de una década, la tasa de estudiantes universitarios, pasando de 3 millones y medio de matriculados en la educación superior a más de 7 millones. Todo esto fue gracias a políticas públicas de inversión y apoyo al sistema universitario como el Programa Universidad para Todos (PROUNI), las cuotas de acceso al nivel superior destinadas a la población negra, indígena y a los portadores de necesidades educativas especiales, así como el Programa de Reestructuración y Expansión de las Universidades Federales (REUNI).

Sin embargo, este ciclo de crecimiento y expansión universitaria comienza a mostrar síntomas de agotamiento. La profunda crisis económica que vive Latinoamérica, asociada a la llegada al poder de gobiernos extremadamente conservadores, contribuye a pintar un sombrío panorama para el campo educativo en la región.

Pablo Gentili, afirma que la victoria de Mauricio Macri en Argentina y la asunción del gobierno de Michel Temer tras el golpe institucional contra Dilma Rousseff, en Brasil, provocarán muy probablemente un retroceso en el aún incipiente proceso de democratización universitaria del continente. Así, advierte que: “los nuevo gobiernos neoliberales de la región están haciendo una crítica profunda a todo lo realizado en la década pasada. Hablan de la ´pesada herencia´. Y lo cierto es que Argentina, con todas sus deficiencias, ha podido construir un sistema universitario con preponderancia de universidades públicas; un sistema en el que recientemente se crearon nuevas universidades en algunas provincias o en la periferia de la Ciudad de Buenos Aires, a las que muchos trabajadores consiguen mandar por primera a sus hijos a esas nuevas instituciones. Por su parte, en Brasil, el 70% de los nuevos estudiantes son de primera generación en el sistema universitario. Esto genera nuevas demandas de financiamiento y de apoyo por parte del Estado: más inversión y más intervención pública. Los gobiernos de la Argentina y del Brasil parecen estar percibiendo esto como una ´carga´, como un `lastre populista´ que pone en riesgo, supuestamente, la calidad de nuestras universitarias. En Argentina, inclusive, se cuestiona ahora la constitucionalidad misma del acceso democrático a la universidad, algo que en más de 30 años de democracia casi nadie se atrevió a poner en duda. En Brasil, se reducen los sistemas de becas, se cierran los programas de movilidad y se vuelve a discutir la legalidad de las políticas afirmativas. En Venezuela, un país que ha tenido una verdadera explosión de la matrícula universitaria, la oposición cuestiona vehementemente las universidades públicas creadas durante los últimos años y, no pocas veces, ha sostenido que deberían cerrarse. En suma, en un escenario de crisis económica como el que vivimos y con el crecimiento del conservadurismo político en la región, no creo que el proceso de democratización de las universidades latinoamericanas tienda a fortalecerse”.

Más allá de la coyuntura política, Hugo Aboites considera que todavía “falta ver en qué medida la acción de los gobiernos progresistas ha podido generar condiciones que fortalezcan la conciencia y la organización social en torno a la educación”. Según su mirada, si esa acción no logró “profundizar el convencimiento necesario para defender y hacer avanzar una educación pública para todos, las perspectivas serán aún más complicadas”.

El académico mexicano sostiene que toda política destinada a democratizar el sistema escolar, y particularmente las universidades, “debe responder antes que nada al proceso de convertir a los sectores excluidos y subordinados en actores protagónicos de las políticas educativa”. En ese sentido, propone poner en marcha una “reforma general del sistema educativo, que lo convierta en un canal de participación de comunidades, maestros, estudiantes, y donde la educación responda a las necesidades de construir ciudadanía y a los procesos de organización democrática de estos grupos”, porque “de otra manera, la educación seguirá siendo un proceso ajeno, del gobierno, incapaz de convertirse en un espacio de reconstrucción social con base en el conocimiento”.

Además de la dimensión política destacada por Aboites, la CEPAL enfatiza que el acceso a la educación superior influye directamente en las posibilidades de conseguir un trabajo digno. Su infome sostiene que “la educación postsecundaria es decisiva para contar con mejores oportunidades de inserción en el mercado laboral” y “aspirar a un sueldo por encima del promedio en las economías de la región”. En ese contexto, el “acceso dispar a las oportunidades educativas (…) reproduce y, eventualmente, amplía las inequidades sociales”. El informe de CINDA, por su parte, es contundente: “Las personas con mayor nivel de educación tienen mejores probabilidades de hallarse empleadas que aquellas personas con niveles inferiores”.

En América Latina, como en el resto del mundo, la posibilidad de graduarse en la universidad es una de las más poderosas oportunidades para mejorar las condiciones de vida de las personas. No se trata sólo del acceso a mejores empleos o mejores ingresos. Diversos estudios demuestran que el acceso de personas de bajos recursos al mundo universitario es altamente positivo para el bienestar y el progreso social de una comunidad. La teoría educativa hace tiempo insiste en que la interacción pedagógica entre sujetos de distintos ámbitos sociales amplía, más que limita, las oportunidades de aprendizaje y mejora los resultados académicos de todos. Además, contribuye a fortalecer la educación de una ciudadanía consciente y crítica, reflexiva y participativa. En todos los casos, está claro que una universidad abierta y democrática, de calidad y no excluyente, en América Latina, puede transformarse en uno de los mejores y más efectivos antídotos contra la enorme desigualdad que aún persiste en la región.

Los avances, hasta ahora, han sido notables, aunque los desafíos continúan. ¿Seguirán por este camino los países latinoamericanos en la próxima década?