¿El fin del alquiler de úteros en el extranjero?

El comercio mundial de niños nacidos por alquiler de úteros está siendo frenado lentamente. India, Nepal, Tailandia y México han introducido medidas que limitarán o impedirán que los extranjeros contraten a nativas como madres de alquiler. Parece que Camboya y Malasia harán lo mismo.

En una época en la que hace mucho tiempo que se han dejado de lado los intentos para ir en contra del mercado, este tipo de decisiones resultan un sorprendente (y bienvenido) progreso. Los defensores acríticos de la biotecnología celebran que los avances tecnológicos dejen atrás a la regulación gubernamental y sostienen que esto permite que la ciencia avance libre de trabas. Pero la determinación de los países que históricamente han sido centros de vientres de alquiler para detener esta práctica resalta la candidez de aquella postura.

No es coincidencia que los países que están tomando medidas enérgicas contra el alquiler de úteros sean aquellos en los que esta práctica se lleva a cabo. El argumento de que todas las partes —las madres de alquiler, los bebes y los padres que los encargan— se benefician gracias a la transacción no ha resistido un análisis riguroso.

En India —donde la industria del alquiler de vientres genera unos 400 millones de dólares al año— funcionaban hasta hace poco unas 3.000 clínicas de fertilidad. Sin embargo, debido a la creciente preocupación porque este negocio derive en tráfico de personas y explotación de mujeres, las autoridades del país han superpuesto las preocupaciones éticas a los beneficios económicos.

En un caso, Alemania —donde el alquiler de vientres es ilegal— rehusó registrar a unos gemelos de un padre alemán provenientes de una madre de alquiler de la India

India aún debe completar su legislación en contra de esta práctica, pero la forma en que ha evolucionado el debate desde la primera propuesta de ley en 2008 refleja el rápido cambio en la percepción de ella. Los primeros borradores de la legislación, en realidad, fomentaban el alquiler de vientres y obligaban a las madres de alquiler a entregar a sus bebes. Debido a que, según el derecho consuetudinario la mujer que da a luz al niño, es legalmente su madre, esta cláusula hubiera resultado radicalmente favorable al alquiler de vientres.

Desde entonces, sin embargo, el foco de la discusión ha cambiado a medida que aspectos desagradables —y a veces disparatados— de este comercio han salido a la luz. Por ejemplo, en un caso, Alemania —donde el alquiler de vientres es ilegal— rehusó registrar a unos gemelos de un padre alemán provenientes de una madre de alquiler de la India, mientras que la India planteó objeciones para entregar una visa de salida al padre para que pudiera llevarse a los niños.

El Ministerio del Interior de Camboya planea considerar el alquiler de vientres como tráfico humano, con posibles sentencias de prisión

En octubre de 2015, el Ministro de Salud y Bienestar Familiar de India, bajo presión de la Corte Suprema de ese país, declaró que el alquiler de vientres internacional era inconstitucional. El Consejo de Investigaciones Médicas envió una notificación a todas las clínicas, indicándoles que no invitaran a parejas extranjeras (incluidos ciudadanos indios no residentes y personas de origen indio). Al mes siguiente, el Departamento Investigación para la Salud prohibió la importación de embriones para su implantación en madres de alquiler, con lo cual este procedimiento resulta prácticamente imposible.

Ciertamente, la India no es el único país involucrado en el alquiler de vientres transfronterizo. De hecho, las regulaciones indias que limitan el servicio de alquiler de vientres a parejas heterosexuales que hayan estado casadas al menos dos años ya han llevado a que esta actividad se mude, principalmente a Tailandia.

Pero las actitudes también han estado cambiando allí, especialmente después de que una pareja australiana se negara a asumir la responsabilidad por un niño nacido a través de alquiler de vientres diagnosticado con síndrome de Down. La pareja sí se llevó a la hermana gemela del niño, sin embargo, dejando en claro que lo que habían pagado no era el servicio provisto por la madre sino los niños en sí (o, mejor dicho, tan solo la que cumplía sus requisitos). En consecuencia, se ha tornado más difícil negar que el alquiler de vientres transfronterizo sea similar a la venta de bebes.

En agosto de 2015, Tailandia restringió el alquiler de vientres a parejas en las que al menos uno de sus miembros sea ciudadano de ese país. Las violaciones a esta ley pueden ser castigadas con hasta 10 años de prisión, tanto en el caso de la madre de alquiler como de los padres que la contratan. Al igual que en la India, el alquiler de vientres tocó un aspecto muy sensible en Tailandia, donde algunos lo ven como una explotación neocolonialista en la que los bebes son mercancías que se extraen para beneficio de los occidentales. "Esta ley busca evitar que los vientres de las mujeres tailandesas se conviertan en el vientre del mundo", así lo expresó Wanlop Tankananurak, miembro de la Asamblea Nacional Legislativa de Tailandia.

Para noviembre de 2015, aproximadamente una docena de clínicas indias y tailandesas habían desplazado sus operaciones a Nom Pen. Eso puede interpretarse como una señal de apoyo al argumento de que este comercio nunca podrá erradicarse, solo reubicarse. Pero, hasta el momento, la cantidad de clínicas que se han instalado en Camboya es pequeña. Y algunos informes indican que el Ministerio del Interior de Camboya planea considerar el alquiler de vientres como tráfico humano, con posibles sentencias de prisión.

Nepal también ha declarado una moratoria para el alquiler de vientres después de que la práctica fuera denunciada en el país como explotadora. En abril de 2015, después de que un terremoto golpeara Katmandú, Israel evacuó a 26 bebes nacidos de vientres de alquiler, pero dejó a sus madres —que en su mayoría habían cruzado desde la India— abandonadas en una zona de desastre.

Malasia también parece estar encaminada a prohibir esta práctica. Y en México, el estado de Tabasco, la única jurisdicción en el país donde el alquiler de vientres es legal, lo ha restringido a parejas mexicanas casadas y heterosexuales, en las cuales la esposa es infértil. Durante el debate legislativo, la diputada Verónica Pérez Rojas denunció el alquiler de vientres como una "nueva forma de explotación de la mujer y tráfico de personas".

Existe el riesgo, por supuesto, de que la drástica restricción internacional actual convierta al alquiler de vientres en una práctica clandestina. Pero ese riesgo no hace más que resaltar la necesidad de una legislación clara y estricta. Incluso si algunos de los deseosos futuros padres están dispuestos a violar la ley, la vasta mayoría se verá disuadida por las consecuencias, incluido el riesgo de que no se les permita quedarse con el bebe u obtener una visa para que salga del país.

El bando en favor del alquiler de vientres enfatiza los beneficios de la práctica, entre los que se cuentan la diversidad de opciones reproductivas y concesiones para el pluralismo sexual. Pero aunque esas puedan ser consideraciones genuinas e importantes, no se las puede poner por encima de la necesidad de evitar la explotación de algunas de las mujeres más vulnerables del mundo.

Traducción al español por Leopoldo Gurman.

Donna Dickenson es profesora de Ética Médica y Humanidades en la Universidad de Londres.

Copyright: Project Syndicate, 2016.