Respeto a la Justicia

Tras esta decisión, la Infanta debe renunciar a sus derechos dinásticos

Las tres magistradas encargadas de juzgar el caso Noos decidieron ayer, por unanimidad, mantener a la infanta Cristina en el banquillo de los acusados, al entender que no le era aplicable la denominada doctrina Botín. La Audiencia Provincial de Baleares defiende en su auto que la hermana del Rey debe ser juzgada por ser cooperadora necesaria en dos delitos fiscales, a pesar de que la Fiscalía, la Abogacía del Estado y la Hacienda Pública —que han quedado en evidencia por sobreactuación en una defensa que no les correspondía— se hayan opuesto. A juicio de la Audiencia, la acusación popular, ejercida por el sindicato Manos Limpias, está legitimada para mantener el procedimiento.

Lo primero que hay que hacer es expresar el máximo respeto hacia la decisión de las magistradas, que han vuelto a callar la boca a los agoreros que anunciaban una y otra vez que la Justicia española nunca juzgaría a un familiar directo del monarca. Un portavoz de la Casa del Rey se apresuró ayer a insistir en la frase acuñada hace meses en esa institución: “Absoluto respeto a la independencia del Poder Judicial”. Algo que les honra.

Hay que destacar que el auto de la sección primera de la Audiencia Provincial expone claros fundamentos técnicos (sin las descalificaciones ni los juicios de valor a los que hemos asistido durante la instrucción del caso), que no dejan lugar a dudas sobre su razón jurídica. Además de señalar que “la acción penal es pública” y que “la Abogacia no ejerce la protección total del Estado”, las magistradas afirman que, a diferencia del sobreseimiento aplicado sobre el entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, en 2007, “el Ministerio Fiscal y la Abogacía del Estado no pretenden el sobreseimiento libre de la causa, sino el sobreseimiento parcial concernido exclusivamente a Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia”.

Una vez comunicado el auto, que no admite recurso, la Infanta deberá volver a sentarse en el banquillo a partir del próximo 9 de febrero, junto a su marido, Iñaki Urdangarín y los otros 16 acusados. Todos ellos gozan de la misma presunción de inocencia y del mismo derecho de defensa, hasta que se dicte sentencia.

El juicio oral va a estar sometido a un gran interés mediático y, probablemente, a cierta presión popular. Habría que pedir a las magistradas que sigan aplicando el mismo rigor que han demostrado en el auto de ayer durante los meses que dure el procedimiento, y que impidan que la acusación popular o algunas defensas quieran convertir el juicio a 18 acusados en un alegato contra la institución monárquica. Se trata de hacer justicia, no política ni espectáculo.

Ayudaría sin duda a ese fin que la infanta Cristina tomara la decisión que le han pedido insistentemente su padre y su hermano desde que estalló el caso: que renuncie a sus derechos dinásticos. Más vale tarde que nunca. Ya ha habido suficiente daño a la Corona, al rey Juan Carlos y al rey Felipe, a pesar de los esfuerzos realizados por ambos. En diciembre de 2011 fue apartada de toda actividad oficial y, tras la proclamación del nuevo Rey, dejó de ser miembro de familia real y le fue retirado el Ducado de Palma.