Que se haga justicia

El inicio del juicio oral del ‘caso Nóos’, prueba de fuego del Poder Judicial

Todavía resuenan los ecos de los agoreros que aseguraban que un familiar del Rey nunca se sentaría en el banquillo, y mucho menos una hija o hermana del Monarca. También los de quienes sabían de buena fuente que estaba todo arreglado y que jueces y fiscales se iban a plegar ante el poder político e institucional. Nada más lejos de la realidad. Hoy se inicia en Palma de Mallorca el juicio oral por el caso Nóos,al que acudirán la infanta Cristina; su marido, Iñaki Urdangarin, y otras 16 personas. Todos en calidad de acusados y todos con la misma presunción de inocencia hasta que se dicte sentencia.

Tres magistradas presidirán una sala en la que se juzgan varias decenas de delitos vinculados a la corrupción, por los que se solicitan penas de prisión. Hay cerca de 600 periodistas acreditados para asistir a un juicio que rozó el espectáculo en la fase de instrucción. Los entonces imputados tuvieron que hacer el paseíllo una y otra vez en un juzgado de Instrucción de la capital balear, ocupando espacios hasta ahora nunca vistos en los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Tras muchas investigaciones, interrogatorios, pruebas periciales, autos, recursos y resoluciones más o menos polémicas, 14 hombres y 4 mujeres se sientan hoy en el banquillo, sin diferencias ni privilegios. Es una demostración de que, aunque lenta, la justicia funciona en nuestro país como un poder independiente y profesional, a pesar de los escasos medios con los que cuenta y de las muchas presiones que recibe.

Una de las primeras decisiones que deberán tomar las magistradas Samantha Romero, Rocío Martín y Eleonor Moyà es si es aplicable o no la llamada doctrina Botín a la infanta Cristina. Esta doctrina, aplicada en su día al entonces presidente del Banco Santander, Emilio Botín, ha sido esgrimida por los abogados de la hermana del Rey e implica que si la Fiscalía y la Abogacía del Estado no acusan de un delito que afecta al propio Estado y tan solo hay una acusación popular, no debe juzgarse.

La sala tendrá que determinar si Cristina de Borbón deberá someterse a juicio, como los otros 17 acusados, o si deja el banquillo sin ser interrogada, como solicitan sus abogados y el fiscal anticorrupción, en representación del Estado. Es una decisión que, como las adoptadas desde que el 29 de diciembre de 2011 se llamó a declarar como imputado a Iñaki Urdangarin, tendrán que tomar los responsables judiciales con profesionalidad e independencia. Y, decidan lo que decidan las magistradas, el fallo deberá ser asumido como una muestra más de que la justicia funciona.

2016 será escenario de juicios por algunos de los casos de corrupción más sonados. Asuntos que afectan a políticos, empresarios, funcionarios, sindicalistas y ciudadanos de a pie. Hay que pedir a la justicia igual trato para todos y respetar sus decisiones. La separación de poderes es uno de los pilares de nuestra democracia

Este no es un juicio a la Corona española, como han pretendido algunos. Se juzga a individuos por los actos cometidos, no a la institución. Sin embargo, la Corona debe ser consciente de la importancia que tiene su conexión con las emociones de la sociedad, su implicación en los asuntos que afectan a los ciudadanos y la necesidad de hacerse presente en los tiempos difíciles.