Para el cliente no hay ‘reformas estructurales’

Con lo que le gustan (o dice que le gustan) al Gobierno de Rajoy las reformas estructurales resulta que una de las de verdad, la Ley de Resolución de Conflictos de Consumo, no se tramitará en esta legislatura. ¿Y qué ley es esa? Pues la que sometería las reclamaciones de los clientes contra los bancos, firmas de Bolsa y aseguradoras al arbitraje de un organismo (ombudsman) con competencia para decidir y adoptar decisiones vinculantes, gratis para el consumidor y de pago para las entidades reclamadas. Y ya pueden ahora el Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) resolver quejas que, como sus resoluciones no son vinculantes, los bancos y las Bolsas hacen lo que les parece oportuno; es decir, desmentir a los reguladores. En 2014 el Banco de España dio la razón a los clientes en 6.028 quejas, pero los bancos solo rectificaron en el 16,5% de esos casos; la CNMV defendió al cliente en 2.700 reclamaciones, pero las firmas implicadas solo aceptaron el 6%.

Podría escribirse un largo ensayo glosando la alergia de los Gobiernos del PP a los reguladores independientes, su obsesión política por convertir las instituciones de arbitraje y control de abusos en meros apéndices ministeriales (ahí está la pomposa Comisión Nacional de Mercados y Competencia para demostrarlo) o el empeño en convertir organismos y comisiones en balnearios para el retiro bien pagado de políticos con ánimo funcionarial o funcionarios con inclinaciones políticas. Recuerden a Luis Ramallo en la CNMV. Y quizá así se describiría la raíz del problema. Cuando desde el Gobierno se falta al respeto de forma sistemática a los organismos de regulación, la consecuencia lógica es que las sociedades reguladas se tomen las resoluciones del Banco de España o de la CNMV a beneficio de inventario; cuando sus decisiones se pueden recurrir ad infinitum o ignorar olímpicamente, porque es posible puentearlas a través de un ministerio, las autoridades financieras o la CNMC quedan reducidas a símbolos sin valor, sin capacidad coactiva, o simples gabinetes de estudios que denuncian pero no pueden corregir.

Así que, sumándolo todo, es mejor que la ley del defensor del cliente quede para la próxima legislatura. Con suerte, el Defensor se constituirá entre 2016 y 2019 con vocales independientes, un presidente de reconocido prestigio que no pertenezca a partido político alguno, dinero para funcionar y una capacidad de decisión y sanción que no estará al albur del humor del ministro o el secretario de Estado de turno. Que es lo que necesitan los consumidores, sean de productos financieros, telefónicos o energéticos.

El Defensor del Cliente no es una institución menor. El Gobierno se comprometió a aprobar la ley antes de julio de este año mediante una transposición de la directiva 2013/11 de Bruselas; no lo ha hecho, ni lo hará —la ley es muy compleja, dice Sanidad; y eso que tienen hecho el trabajo previo de la directiva— y nadie parece especialmente nervioso ni con mala conciencia por el incumplimiento. Una larga tradición de incumplimientos y retrasos impunes es el mejor tranquilizante para cualquier responsable político.