Una demanda de paternidad aplaza la incineración de Ruiz-Mateos
El juez ordena una prueba por una mujer que afirma ser hija del empresario
El Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pozuelo de Alarcón ha ordenado el retraso en la incineración del cuerpo de José María Ruiz-Mateos, fallecido este lunes en El Puerto de Santa María (Cádiz) a los 84 años, para practicar una prueba de paternidad solicitada a instancias de Adela Montesdeoca, quien afirma ser hija del polémico empresario. La medida, que cuenta con el informe favorable del fiscal, es la última prueba para dictaminar sobre la demanda, que podría concluir este año. Ruiz-Mateos estaba casado con Teresa Rivero con quien tuvo 13 hijos.
El funeral por José María Ruiz-Mateos se ofició este martes en la Iglesia de Nuestra Señora de la O, en la localidad gaditana de Rota (Cádiz), donde nació el empresario en 1931 y donde la familia dispone de un columbario. Al igual que el velatorio el día anterior, la ceremonia no contó con representantes de instituciones ni con la presencia significativa de vecinos, muchos de ellos afectados por la fallida emisión de pagarés, la última aventura financiera que dejó a numerosos habitantes de la zona sin ahorros.
Hasta este alejamiento de los habitantes de Rota, El Puerto y Jerez del polémico empresario, muchos le consideraban una víctima que creó muchos puestos de trabajo
José María Ruiz-Mateos, fundador de Nueva Rumasa estuvo ingresado en un centro hospitalario desde mediados de agosto, cuando sufrió una caída en el Puerto de Santa María que le provocó una fractura de cadera, cuya operación se complicó con una neumonía.
Actualmente, Ruiz-Mateos, nacido el 11 de abril de 1931 en Rota, Cádiz, se enfrentaba en los tribunales a varias acusaciones de estafa, insolvencia punible y fraude a la Hacienda pública, causas en las que están implicados varios de sus hijos. El juez llegó a ordenar su ingreso en prisión el pasado 18 de junio, aunque fue ingresado en un hospital por los graves problemas de salud que arrastraba desde hace tiempo.
La excarcelación se produjo en respuesta a una petición del equipo jurídico del abogado, que había recurrido el decreto de prisión y solicitado la suspensión de la pena ante la "enfermedad muy grave con padecimientos incurables" de su defendido. Según varios informes, presentaba un deterioro de su habilidad cognitiva y funcional.
