Lo que se quiere decir y lo que al final se dice

Estar escarmentado es aprender de los errores propios o ajenos para evitar caer en ellos. Eso es lo que parece que está ocurriendo con la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, el mayor tratado comercial de la historia, aunque no busca precisamente rebajar tarifas aduaneras (que ya son muy bajas) sino un pacto para gestionar el comercio a ambos lados del Atlántico. Es, dicen algunos, la segunda y definitiva etapa de la globalización.

Y ahí viene lo del escarmiento: el problema no es la globalización, sino cómo se regula y eso se aprendió muy bien como consecuencia de la crisis económico-financiera de 2008. Con la idea de favorecer la globalización, se eliminaron la mayoría de los controles para las entidades financieras y para la fabricación de artilugios inversores y el resultado fue que el sector terminó perjudicando a cientos de millones de personas.

Ahora, dicen los críticos, puede suceder lo mismo. Se quiere favorecer tanto los intereses de los grandes conglomerados comerciales europeos y norteamericanos, con la idea de que puedan ser competitivos cara a futuros monstruos comerciales, como China, que, por el camino, en Europa, se van a perder derechos laborales, medioambientales y democráticos.

El TTIP, como se conoce el Tratado por sus siglas inglesas, es un caso curioso: por un lado, pasa casi desapercibido para la mayoría de la población europea y, por otro, provoca una formidable actividad de los mayores grupos de presión del mundo, a favor, y de la mayoría de los movimientos sociales, en contra.

La primera gran batalla se desarrollará el próximo miércoles en el Parlamento Europeo. El pleno deberá votar un documento de una treintena de páginas, donde se recogen las líneas rojas que no se deben traspasar. Es importante, porque esa “recomendación” previa servirá de guía a la Comisión Europea, que es la verdadera negociadora y que no puede arriesgar un veto final.

El texto del documento que se someterá al Pleno fue aprobado ya en la comisión parlamentaria correspondiente, con 28 votos a favor y 13 en contra y en medio de una fuerte pelea, porque el autor del informe, el socialdemócrata alemán Bernd Lange, introdujo en el último minuto, con apoyo de los socialistas españoles, una enmienda muy bien acogida por los populares, pero rechazada por algunos de sus propios correligionarios: socialistas franceses y belgas.

El texto es ahora muy ambiguo en algo que antes era una clara línea roja: la creación de un nuevo Sistema de Arreglo de Disputas entre inversores y Estados, conocido como ISDS. El grupo parlamentario socialista había decidido oponerse en el Tratado a ese tipo de intermediarios internacionales, por considerar que disminuirían el derecho de los gobiernos a legislar en interés público, pero en el último momento la redacción aceptada por Lange y la española Rodríguez Piñero no es, ni mucho menos, tan clara. El lío que se formó fue tal que el Grupo Socialista Europeo tuvo que publicar un comunicado asegurando que no ha cambiado de opinión: “El impero de la ley está suficientemente garantizado en Estados Unidos y en la Unión Europea como para que se plantee la necesidad de nuevos mecanismos de arbitraje, en paralelo a los tribunales nacionales”. Importa saber cómo se resolverá el problema el próximo miércoles. Porque una cosa es lo que se quiere decir y otra, lo que se dice.