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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Conviene madurar

Barcelona aprovechará la nueva fase si se respetan la ley y la economía

Uno de los efectos colaterales positivos de las elecciones del 24-M es la demostración de que el actual marco constitucional —bien que necesitado de mejoras— es suficientemente flexible como para incorporar a partidos, movimientos y dirigentes que se sienten desligados del mismo, o son abiertamente partidarios de su completa sustitución.

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También lo remacha así el que la más que probable próxima alcaldesa barcelonesa, Ada Colau, se haya permitido el error de elogiar la infracción de las normas, al afirmar que “si hay que desobedecer leyes que parezcan injustas, se desobedecen”. ¿También habrá que desobedecer sus futuros decretos y circulares? Algo que sería difícil escuchar de labios de otra significada alcaldable (por Madrid) de parecida sensibilidad, la exjuez Manuela Carmena.

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El traspié se comprenderá quizá si lo sostiene un grupo marginal; pero en modo alguno debe preconizarlo una aspirante a una responsabilidad institucional, aunque su entorno esté tan contaminado por el mal ejemplo del presidente de la Generalitat, Artur Mas, habitual en quebrantar la ley que ampara el ejercicio de su cargo.

El episodio ilustra cómo Colau y otros dirigentes están en tránsito desde los movimientos de protesta hasta las poltronas del poder, y hasta qué punto conviene que maduren aceleradamente, interioricen la nueva situación y empiecen a actuar con plena responsabilidad.

A diferencia de lo que sostienen desde las voces ultras hasta los nacionalistas perdedores, la entrada en los salones de los poderes democráticos de representantes de plataformas emergentes en las grandes ciudades conlleva algunos beneficios: dota de aire fresco a un paisaje humano muy reiterativo; incorpora al sistema a gentes tentadas por el saboteo de ese mismo sistema; dota de mayor viveza a las instituciones y conecta con algunas preocupaciones de la gente que han sido, en ocasiones, menos tenidas en cuenta, como la desigualdad y las situaciones de emergencia social.

Todo ello es cabal siempre que se haga operativo mediante la poda de los excesos del sistema económico-urbanístico (por ejemplo, en Barcelona, la sobresaturación de licencias hoteleras y pisos turísticos), y no mediante el olvido de sus principios y de los intereses —también para el empleo— del dinamismo empresarial, que no puede ser tributario de la discrecionalidad administrativa.

Las infrecuentes irregularidades, los excesos abundantes y algunos abusos no deben constituir caldo de cultivo para ninguna sospecha global contra un modelo eficaz, aunque haya ido declinando en los últimos tiempos. El municipio de Barcelona ha estado durante casi cuatro décadas relativamente libre de grandes casos de corrupción, y ha contribuido a catapultar a la ciudad como una de las más envidiadas y habitables del mundo.

El uso de ese prestigio, y del poder de una metrópoli que ha realizado muchas funciones de sustitución de otros poderes que la desatendieron, debe realizarse con cautela. Algunas de las medidas del plan social urgente pueden ser muy convenientes, siempre que no acaben justificando el absentismo de otros niveles de gobernanza (rentas a familias desatendidas) y no comprometan unas cuentas saneadas (que deben contabilizarse bien).

La lista de Colau se colocó en primer lugar el 24-M, para disgusto de los que tratan de deslegitimarla o seducirla para la causa de la secesión. Pero solo supone un 25% del cuerpo de concejales. Si quiere hacer sostenible su alcaldía, no debe imponer su programa electoral, sino negociarlo y retocarlo a fondo para convertirlo en un programa de mayorías. Solo así se hará real su promesa de gobernar para todos los barceloneses.

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