Colombia: De protegidos a “detenidos”

Alrededor de 200 defensores y defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, sindicalistas y líderes comunitarios han recibido amenazas de muerte en Colombia desde el pasado mes de septiembre. Unos 30 fueron víctimas de homicidio en los primeros seis meses de 2014; al menos 70 en 2013. Son algunos de los colectivos que siguen sufriendo las consecuencias de un conflicto que dura ya cinco décadas. La periodista Mary Luz Avendaño, que tuvo que exiliarse de su país, durante más de un año, cuenta su experiencia.

Ser amenazado en Colombia y acceder a medidas de protección para tratar de hacer tu vida normal, ya de por sí es un problema. Quienes tenemos que vivir de esta manera experimentamos una serie de cambios, por demás traumáticos, para nosotros y nuestras familias. Se pierde la privacidad y nos convertimos en una especie de “leprosos sociales” de quienes todo el mundo huye para no contagiarse.

Nos convertimos en una especie de “leprosos sociales” de quienes todo el mundo huye para no contagiarse

En agosto pasado, el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Andrés Villamizar, denunció que en la entidad se habían encontrado una red de funcionarios implicados en actos de corrupción. Como consecuencia de esto, se tomaron una serie de medidas. El director de la UNP y el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, anunciaron recortes presupuestarios con el fin de subsanar el hueco fiscal. Entre otros, se contemplaba la reducción de 200 escoltas y 100 carros blindados de esquemas de protección de funcionarios, exfuncionarios y políticos, lo cual significaría un ahorro de 30.000 millones de pesos en 2015, además de ajustes en los viajes para evitar excesos en los viáticos para los escoltas, con lo que se ahorrarían otros 35.000 millones, En ningún caso, anunciarion, afectaría a los líderes de tierras, víctimas, defensores de derechos humanos y periodistas.

Sin embargo, la situación a partir de ese momento ha sido traumática principalmente para esas personas. Todos los desplazamientos que requerimos se nos han negados. Pasamos de protegidos a “detenidos” en nuestras propias ciudades. Entre los ajustes de la UNP, se determinó que debemos informar con 48 horas de anticipación cualquier desplazamiento que vayamos a realizar, con el fin de ser analizado y aprobado. Esto nos provoca varios inconvenientes, especialmente para los periodistas, a quienes nos resulta muy complicado determinar cuándo ocurrirá un hecho noticiable (accidente, emergencia, acción terrorista de la guerrilla, etc). Es por eso que solicitamos que se tuviera en cuenta esta situación propia de nuestra labor. No obtuvimos ninguna respuesta.

Además, la respuesta siempre es la misma: la negación del desplazamiento, con lo cual se nos vulnera el derecho al trabajo y al libre desplazamiento. Ya no somos nosotros como periodistas o los directores de los medios quienes decidimos qué noticias cubrir, sino la UNP la que autoriza o no el viaje para poder realizar nuestra labor informativa. A ninguno de los periodistas, víctimas, líderes de tierras o defensores de derechos humanos, desde el mes de agosto a hoy, se le ha vuelto a autorizar ningún desplazamiento con su esquema de protección.

Tras los ajustes de presupuesto, todos los desplazamientos que requerimos se nos han negados

Muchos han optado por viajar solos, poniendo en riesgo su integridad; otros, han asumido ellos los gastos de los viáticos de los escoltas para poder realizar su trabajo.

Ante esta situación, varios beneficiarios de las medidas de protección han denunciado públicamente lo que ocurre, pues no están pudiendo ejercer sus actividades propias como líderes y defensores. En el caso de los periodistas, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) interpuso una acción de tutela el pasado 14 de octubre, contra el Ministerio de Hacienda, el Ministerio del Interior y la UNP a favor de los periodistas en riesgo, sin que a la fecha se tenga un fallo al respecto.

Pese a todas las muestras de preocupación, expresadas además por la Defensoría del Pueblo, el Gobierno ha guardado silencio y no se ve una solución a la vista. No sabemos hasta cuándo se mantendrán estas medidas, si son temporales o definitivas: la vida para los más de 2.000 protegidos en Colombia se complica cada vez más. El Estado colombiano nos ha revictimizado una vez más.

Mari Luz Avendaño, periodista colombiana, estuvo acogida entre 2012 y 2013 en el programa de protección defensores de derechos humanos de Amnistía Internacional.