El 9-N se derrite

Con ímprobo esfuerzo, la Generalitat logra incumplir plazos que se marcó como requisitos para la convocatoria de la “consulta” secesionista del 9 de noviembre. No llegó a tiempo el censo; ni el registro de residentes en el extranjero; ni el listado de menores; ni opera la comisión de control.

No es tanto que las dos providencias del Tribunal Constitucional (TC) sobre la ley de consultas y el decreto de convocatoria hayan paralizado el proceso. En mayor medida, el fiasco se debe a la incapacidad logístico-política del equipo de Artur Mas.

Ejemplo rotundo de que el concreto evento del 9-N se agota en ruido y apariencia es que de los 800 alcaldes que se manifestaron a favor de la convocatoria, apenas un centenar ha comunicado el emplazamiento de sus colegios electorales. La consulta se derrite pues por un flanco imprevisto: la falta de competencia técnica.

Y sin embargo, los líderes soberanistas se niegan a reconocer que estamos ante una convocatoria fallida, por inviable. Agregan así a los déficits democráticos de la estructura de la pregunta, sesgada hacia el secesionismo; de la exclusión de los catalanes residentes en el resto de España (pero no los de la UE); y de la suspensión legal de la convocatoria, una insólita falta de transparencia ante la ciudadanía. Su cénit se registró el jueves, con el intento de Mas de celebrar una cumbre con sus socios en la clandestinidad.

Para alargar la ambigüedad y aparentar viva una llama marchita, algunos proponen convertir la consulta (un sucedáneo de referéndum) en sucedáneo de sí misma, una “iniciativa de participación ciudadana” (suerte de gran sondeo): una fórmula de la ley no suspendida por el TC, pero legalmente inhábil para preguntar sobre la separación. Es un forcejeo que persigue engañar o frustrar a los votantes, ocultándoles por razones partidistas el colapso del 9-N: y a esto le llaman democracia. Conviene subrayarlo, para que nadie alegue después ignorancia.