Lacras en el PIB
El Gobierno debe explicar las nuevas actividades a incluir en el cálculo pedido por la UE
A ningún país le gusta confesar qué parte de su actividad económica corresponde a asuntos como el narcotráfico, el contrabando o la prostitución, y España es uno de los que se han resistido a hacerlo. Pero ya no queda más remedio, porque los Estados de la UE y el Parlamento Europeo se han puesto de acuerdo en las normas para declarar el peso del sector ilegal en la economía y en el plazo para hacerlo, en septiembre próximo.
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Incrementar la producción nacional con la estimación de las actividades ilegales puede cambiar el porcentaje de la contribución de cada Estado a las arcas comunitarias. A su vez, también puede ayudar al Gobierno a ajustar las cuentas: aumentar el Producto Interior Bruto (PIB) tenderá a reducir, por un mero efecto estadístico, el porcentaje del déficit y de la deuda pública. Pero no está claro qué actividades —hasta ahora consideradas lacras— formarán parte del nuevo espectro recogido en las cuentas nacionales.
Según el reglamento SEC 2010 de Eurostat, la declaración del peso del sector ilegal en la economía no debe incluir las transacciones que no sean consentidas por una de las partes, y cita específicamente el robo como ejemplo de actividad ilegal que no debe considerarse una transacción.
Es muy probable que el narcotráfico suponga un volumen económico mayor que la prostitución, pero la primera polémica ha venido por la inclusión de esta última entre las actividades que el Instituto Nacional de Estadística (INE) entiende comprendidas en el PIB. No ha precisado qué parte de los servicios de prostitución supone que se ejercen libre y voluntariamente, y por tanto constituyen una transacción, y cuáles no.
Los expertos sostienen que un alto porcentaje de la prostitución está vinculado estrechamente a la trata de seres humanos con fines sexuales, y que los sometidos a ella lo hacen bajo coacción. Insertarla en el perímetro de actividades a declarar en el PIB indigna a asociaciones que luchan contra la trata de personas y preocupa a la Comisión de Igualdad del Congreso. Tampoco se sabe cómo va a calcularse la cifra, puesto que los proxenetas no acostumbran a declarar su actividad ni a pagar impuestos por ella.
El Gobierno debe explicar los criterios que utiliza para incluir o excluir actividades del cálculo del PIB y los métodos para confeccionar la nueva contabilidad.
