Picaresca y necesidad
La Ley de Dependencia, de 2006, se aprobó en plena bonanza. Ahora que toca gestionar la precariedad hay que extremar los controles
La Comunidad de Madrid ha detectado en dos años casi 6.000 casos de ayudas a la Dependencia que se estaban recibiendo indebidamente. Las situaciones más extremas son las de familiares que, una vez fallecidos los beneficiarios, seguían cobrando.
La Administración autónoma ha reclamado a los herederos de estas personas cinco millones de euros y ya ha recuperado la mitad del dinero. De los seis millones y medio de habitantes que tiene la Comunidad de Madrid, el 1,3% percibe algún tipo de ayuda amparada en la Ley de Dependencia: familiares-cuidadores de enfermos, personas que requieren asistencia domiciliaria o usuarios que acudena los centros de día.
En 2012, la comunidad destinó de promedio 14.300 euros por dependiente (la media nacional fue de 9.200). Puede ser que la picaresca esté detrás de algunos de estos cobros irregulares y fraudulentos, pero muchas de las anomalías detectadas tienen un origen bien identificado: el descontrol de la Administración.
A veces, la descoordinación —en forma de duplicidades— juega a favor del beneficiario. Pero no son pocos los casos en los que la burocracia causa que el dependiente reciba una ayuda a la que tiene derecho cuando ya ha muerto.
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) alertaba a principios de año de que casi 190.000 personas que tenían reconocido el derecho a alguna de las ayudas recogidas en la ley seguían aguardando. La media de espera viene a ser de ocho meses, y no solo por el embrollo del papeleo, sino porque las Administraciones carecen de financiación suficiente y han cortado el grifo a uno de los colectivos más débiles: los mayores con discapacidades.
La Ley de Dependencia, de 2006, fue un gran avance del Gobierno de Zapatero. Se aprobó —sin claridad sobre su financiación— en plena bonanza y por eso ha sido una de las que más ha acusado la crisis. Ahora que toca gestionar la precariedad hay que extremar los controles: para que no cobren los fallecidos, pero también para que quienes necesitan ayuda la reciban antes de que se mueran.
