África, los homosexuales y los derechos humanos
Los fondos de la cooperación internacional deben vincularse al respeto de libertades mínimas
El pasado mes de febrero el presidente de Gambia, Yahya Jammeh, comparaba a los gays con mosquitos de la malaria y añadía que, para él, ese colectivo significaba “lepra, gonorrea, bacterias y tuberculosis". Quizás algunos, indignados, hayan caído en el error de reaccionar ante estas ofensas con nuevos insultos. Un insulto no justifica otro.
Los datos relativos a la homofobia en el mundo son escalofriantes: Según la ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersexuales) cinco países tienen legislaciones que castigan la conducta homosexual con la pena de muerte. Se trata de Irán, Arabia Saudí, Yemen, Mauritania, Sudán, y algunas regiones de Nigeria y Somalia. Otros 71 gobiernos mantienen condenas de cárcel, flagelación, internamiento en psiquiátricos o campos de trabajo para los hombres o mujeres que mantengan relaciones con personas de su mismo sexo. Además, la situación de los homosexuales parece hoy estar empeorando: además de lo afirmado recientemente por el presidente de Gambia (que promete además perseguir a los gays), su homólogo Ugandés, Yoweri Museveni, firmó, también el pasado mes de febrero, un proyecto de ley que endurecía las penas contra la homosexualidad.
En efecto, y como decíamos anteriormente, los insultos no justifican nuevos insultos. Pero sí justifican acciones. La pregunta entonces es cuál sería la respuesta adecuada ante los atropellos a los derechos humanos perpetuados por determinados dirigentes.
Hace aproximadamente 15 años, y con un grupo de amigos, creé y trabajé para una organización no gubernamental. Entre sus objetivos principales estaba el de mejorar las condiciones de vida de los niños de la calle de Kampala. Tuve el placer de visitar Uganda y de entrar en contacto con su población. Pude comprobar por mí mismo lo amable, generoso y respetuoso de la gente de ese país africano. Creo conocer lo suficiente esa nación como para saber con certeza que su población no merece pagar por los despropósitos de sus dirigentes.
La pregunta ahora es ésta: ¿se puede castigar a un gobierno que atenta contra las libertades de su población sin, por ello, repercutir negativamente en esa población? La respuesta es que sí, se puede.
En su desafortunado discurso del mes pasado, Yahya Jammeh aseguraba que “no iba a aceptar ninguna amistad, ayuda o cualquier otro gesto de países que condicionaran la ayuda a la aceptación de los homosexuales”. Puede que ahí esté la clave.
En 2008 tuvieron lugar en Nicaragua unas elecciones municipales. Tras atender a las críticas efectuadas por diversas entidades especializadas, la comunidad internacional pudo constatar las irregularidades perpetuadas por el gobierno de Daniel Ortega (entonces -y aun ahora- en el poder), durante esos comicios. Como consecuencia, varias instituciones internacionales de ayuda al desarrollo al país centroamericano decidieron acabar con una parte importante de las aportaciones que hasta ese momento realizaban al gobierno de Ortega. Los recursos financieros que dejaron de entregarse al Ejecutivo sandinista fueron donados a distintos actores de la sociedad civil (organizaciones no gubernamentales, federaciones, ayuntamientos…). Así, el importe total que estas instituciones internacionales de ayuda al desarrollo destinaban a Nicaragua no se vio disminuido, simplemente cambió la forma de llevarlo hasta su población meta. De esta manera, los intereses de la población nicaragüense estaban asegurados y el gobierno de Ortega sufría un duro golpe como castigo por atentar contra la democracia de su país.
La entrega de fondos de nuestros recursos de cooperación debe sujetarse al respeto de algunas libertades mínimas. El avance en los derechos humanos se ha conseguido a base del esfuerzo de muchas generaciones que han luchado duro por conseguirlas y que no merecen hoy retrocesos injustificables en pleno siglo veintiuno. Los atropellos a determinados derechos (la homofobia estatal que sufren algunos países de África hoy, por ejemplo) no deben quedar sin respuesta por el conjunto de la comunidad internacional.
Miguel Forcat Luque es agregado para Asuntos de Cooperación de la Unión Europea (las opiniones de este artículo no reflejan el punto de vista de esta institución).
