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Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Parche transitorio

La subida discrecional del 2,3% en la luz no despeja la duda sobre el cálculo futuro del precio

Las expectativas de una solución definitiva al problema creado por la anulación de la subasta eléctrica quedaron ayer defraudadas, una vez más, por la decisión del Gobierno de poner un parche momentáneo al precio de la electricidad a partir de enero. Por decisión unilateral y sin fundamento económico alguno, con el único soporte de unas recomendaciones de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), Industria marcó una subida del precio de la luz del 2,3% para el primer trimestre de 2014, subida que se descompone en un encarecimiento del coste de la electricidad del 1,4% y un aumento de los peajes o parte regulada de la tarifa del 0,4%. El Gobierno ha intervenido transitoriamente el precio de la luz. Pero se esperaba algo más después del fiasco político de la semana pasada; un nuevo método de cálculo de los precios, por ejemplo. 

El argumento oficial es que se ha evitado una subida del recibo de la luz del 11% —como si un encarecimiento del 2,3% de la luz no fuese una carga pesada para las rentas familiares— y que en los próximos tres meses se diseñará el nuevo método tarifario. Sin entrar en profundidades —el coste de la electricidad que habrá de reconocerse a las compañías no se va a detener en el 2,3%, por más que ahora ese sea el precio admitido—, lo cierto es que sigue sin cerrarse la incógnita principal, que es cómo se va a calcular el recibo a partir de ahora; y, sobre todo, cabe sospechar que después de este parche la luz seguirá encareciéndose por encima de lo que marcan los fundamentos de la oferta y la demanda. El Gobierno tiene que exponer claramente un criterio para sufragar el déficit de tarifa, es decir, en qué proporción lo pagan los agentes implicados (compañías, consumidores y Presupuestos) y ninguno de ellos lo sabe.

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También se desconoce quién elaborará el nuevo método y quiénes serán consultados para esa elaboración. Los hogares y las empresas necesitan conocer con antelación cuáles serán sus costes e ingresos futuros —es lo que se entiende por seguridad económica— y tal necesidad exige acabar rápidamente con la transitoriedad y evitar en el futuro cualquier tentación intervencionista; como la que anuló la subasta eléctrica. Cuando el presidente del Gobierno afirma enfáticamente que “lo fácil es no hacer nada” cabe replicar que eso es exactamente lo que ha sucedido en los últimos años, incluyendo los dos de legislatura que ha consumido el PP.

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