El Constitucional dominicano
La República Dominicana está siendo víctima de una brutal campaña de descrédito internacional a propósito de una sentencia emitida por su Tribunal Constitucional, que no reconoce la nacionalidad dominicana a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en su territorio. Se pretende con ello crear la falsa imagen de que nuestro país busca “desnacionalizar” a cientos de miles de ciudadanos nacidos en nuestro territorio de padres indocumentados, cuando la propia sentencia se expresa con absoluta claridad sobre la necesidad de que la situación de esas personas sea regularizada y documentada debidamente, como hacen todos los países del mundo civilizado. Desafortunadamente, EL PAÍS ha venido publicando informaciones en ese sentido que no se avienen a la verdad, lo mismo que artículos y colaboradores con opiniones que desnaturalizan la realidad de los hechos. El nuestro es un país apegado al imperio de la ley, en el que no se discrimina entre nacionales y extranjeros en el acceso a servicios públicos de toda índole, y en el que se respetan los derechos laborales de todos los sectores, en virtud de lo cual el país ha pasado a ser uno de los líderes mundiales en la exportación de productos de comercio justo.
Esa sentencia se produjo a instancias de la señora Juliana Dequis Pierre, a quien le fuera denegada su cédula de identidad y electoral. El Constitucional estimó que la señora Dequis Pierre no satisface las condiciones constitucionales para adquirir la nacionalidad dominicana al ser hija de padres extranjeros en tránsito, excepción que también figura en otras Constituciones latinoamericanas.
El Consejo Nacional de Migración, reunido en presencia del presidente Danilo Medina, ha acordado solicitar un informe a la Junta Central Electoral, a ser presentado dentro de un plazo de 30 días, expresando el impacto de la sentencia en relación a los extranjeros inscritos en el sistema registral, tanto en su condición de regulares como de irregulares; elaborar en no más de 60 días el plan de regularización de extranjeros; y conformar el Instituto Nacional de Migración, así como designar su director ejecutivo.
Hemos compartido pobreza y necesidades con Haití, en todas las circunstancias, y en la actualidad se estima que casi el 20% del presupuesto nacional se invierte en los programas de educación y salud que le llegan gratuitamente a ciudadanos haitianos y sus descendientes residentes legal o ilegalmente en nuestro territorio. Las mujeres haitianas paren en nuestros hospitales y sus hijos asisten a nuestras escuelas sin ningún tipo de discriminación. A lo que no podemos renunciar es a nuestra soberanía como Estado independiente ni al deber de regularizar la residencia de ciudadanos extranjeros en nuestro territorio, como lo hacen todos los países del mundo.— César Medina Abréu, embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, y Federico A. Cuello Camilo, embajador de la República Dominicana ante Reino Unido.
