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EDITORIAL

Una quiebra evitable

La ruina de las radiales de peaje debería ser objeto de una investigación sobre responsables

La quiebra de la autopista radial de Madrid a Guadalajara cierra el círculo de fracasos de las autopistas radiales de Madrid, infraestructuras de pago mal diseñadas y peor ejecutadas por el segundo gobierno de Aznar y entusiásticamente defendidas, en contra de toda racionalidad económica, por la Comunidad autónoma madrileña. La quiebra de las radiales y de las vías de peaje Madrid-Toledo, Ocaña-La Roda y Cartagena-Vera, también en concurso de acreedores, presenta una deuda descomunal, de unos 3.600 millones de euros. Y plantea la duda de si el Estado tiene que acudir con dinero público a enjugar las consecuencias de este fracaso.

El hundimiento de las radiales madrileñas no es una consecuencia inevitable de la recesión económica. El proyecto fallaba desde el principio al menos en dos grandes parámetros. El primero fue un diseño global absurdo; mientras la M-50, anillo exterior de Madrid se convirtió en una vía de tráfico gratuito, las cuatro radiales fueron de peaje a pesar de que existían cómodas autovías gratuitas para salir y entrar en la capital. A este despropósito se sumó un cálculo excesivamente optimista del tráfico potencial por las autopistas. La viabilidad económico-financiera de las radiales no podía justificarse si no era con una proyección inflada del número de vehículos que pagarían el peaje, a sabiendas de que tales cálculos eran ilusorios.

A estas dos causas principales hay que sumar el falta de medidas enérgicas durante los gobiernos de Zapatero para corregir los desequilibrios crecientes entre ingresos y gastos y un coste de las expropiaciones exigidas muy superior a lo previsto. La ruina de las radiales era un acontecimiento predecible, sobre el que debería iniciarse una investigación de responsabilidades directas, políticas y empresariales.

En esta cadena de concursos de acreedores el Gobierno se encuentra atrapado en una situación sin salida. Una liquidación de las concesionarias situaría al Estado en la obligación de hacer frente a las responsabilidades patrimoniales inherentes a los contratos de concesiones; y probablemente perdería el dinero de los contribuyentes entregado con anterioridad en forma de créditos blandos. En la situación actual, la liquidación sería más costosa para el contribuyente —de nuevo el más perjudicado en esta demostración de incompetencias— que articular alguna salida societaria, con participación pública, que permita a las concesionarias seguir funcionando.

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