Medidas preventivas
La corrupción lastra el progreso económico y social de un Estado, genera incertidumbre en los mercados e inseguridad jurídica. Para frenar esta lacra social, el Gobierno está ofreciendo transparencia y judicialización. Es indiscutible que los culpables de delitos de corrupción y detracción de fondos públicos deben ser perseguidos y condenados. Sin embargo, estas acciones no aseguran el retorno de los fondos públicos detraídos a las arcas públicas. Lo que los ciudadanos no saben, y ningún grupo político parece estar interesado en contarlo, es que un funcionario puede ser disciplinado en un proceso que se lleva a cabo sin garantías procesales y sin la presencia de un abogado. En estas circunstancias, ¿quién se atreve a decir que no? Los funcionarios no pueden convertirse en un ejército disciplinado al servicio de la corrupción política. Urge aprobar una batería de medidas preventivas contra la corrupción que garanticen la independencia de la función pública del poder político. Entre ellas: el desarrollo reglamentario del Estatuto Básico del Empleado Público y la regulación por ley de su régimen disciplinario.— María Victoria Torres García-Lomas.
