EDITORIAL

Testigo de cargo

La investigación sobre la presunta financiación irregular del PP tiene que llegar hasta el fondo

Jorge Trías Sagnier, que fue diputado del PP de 1996 a 2000, declaró el miércoles ante la Fiscalía Anticorrupción haber visto los cuadernos de apuntes contables de Luis Bárcenas, casi 20 años gerente y después tesorero nacional del PP, en los que se registran entradas de dinero facilitadas por diversos donantes y salidas del mismo hacia personas del partido y otros. El fiscal preguntó a Trías si las fotocopias de los papeles entregados por EL PAÍS se correspondían con los originales vistos en su día por él. El antiguo diputado del PP lo confirmó. El ministerio público dispone así de un primer testimonio de la presunta financiación irregular del PP, sobre la que abundan las sospechas desde que estallara el caso Gürtel.

Más tarde compareció el propio Bárcenas, quien está imputado en el proceso referido a Gürtel. Ni el juez que lleva este último caso ni la fiscalía descartan que en el futuro pueda haber conexión entre Gürtel y los manejos del tesorero del PP. Por eso Bárcenas acudió como imputado, con abogado y sin obligación de decir la verdad. Es lógico que Bárcenas evite autoinculparse como autor de una contabilidad secreta, cuando está imputado por conductas presuntamente delictivas en otro asunto que puede estar relacionado.

Las anotaciones contables del extesorero y los testimonios recibidos por la fiscalía se cruzarán con los datos sobre el PP pedidos a la Agencia Tributaria y al Tribunal de Cuentas. También habrá que tener en cuenta las declaraciones de las personas que aparecen reflejadas como donantes o recipendiarias en los apuntes de Bárcenas, que no podrán mentir si son llamadas como testigos, salvo que asuman el riesgo de incurrir en delito. De modo que por fin existe una investigación en marcha de la que indudablemente se derivará mayor transparencia. Todo ello pese al mucho tesón que pone la brigadilla de opinantes empeñada en desmentir la existencia de los papeles del extesorero, a quien de improviso tantos están dispuestos a creer después de resultar un delincuente fiscal al que se le ha descubierto una cuenta de 22 millones de euros en Suiza, y de haberse acogido a la amnistía fiscal del Gobierno.

El descubrimiento de las anotaciones de Bárcenas ha roto la opacidad sobre unas sospechas que vienen de cuatro años atrás, cuando el juez Baltasar Garzón encontró los primeros indicios de ingresos y pagos relacionados con negocios y adjudicaciones a la trama Gürtel. El destino de Garzón, que perdió la condición de juez por permitir la grabación de conversaciones de abogados con presos del caso Gürtel, muestra la dureza del camino que aguarda al magistrado en el que recaigan finalmente las diligencias del asunto Bárcenas. Hasta ahora, el único condenado por el caso de la mayor trama de crimen organizado en conexión con la política que conoce nuestro país es precisamente el juez que persiguió a los ladrones.

Pero la sociedad española no parece dispuesta a soportar que una cuestión formal baste para dejar libre el camino ni a corruptores ni a corrompidos, como sucedió en el caso Naseiro, primer tesorero del partido hoy en el Gobierno, acusado de delitos de financiación ilegal y que se libró de la justicia por defectos procesales en la instrucción del sumario.

Los ciudadanos, entre ellos la gran mayoría de dirigentes, militantes y electores del PP, exigen respuestas creíbles a un asunto tan grave. El Gobierno debe dar explicaciones en el Parlamento y la justicia actuar con celeridad y eficacia, no permitiendo que la maraña procesal, en la que los abogados de Bárcenas se muestran tan eficientes, permita alargar tediosa y confusamente las investigaciones. Ni la situación del país ni el prestigio de nuestra democracia podrían soportarlo.

 

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